¿Qué está pasando en el Tribunal Constitucional?
El órgano de garantías se reunió el pasado jueves para decidir sobre el recurso presentado por el PP, pero finalmente pospuso el debate a este lunes
El partido de Feijóo ha recurrido las enmiendas que afectan a la renovación del CGPJ y el TC, incluidas en la reforma del delito de sedición y malversación llevada a cabo por el Gobierno
La amenaza del sector progresista de no votar propició la suspensión del Pleno del Constitucional
Con tres horas de retraso, los magistrados del Constitucional se reunieron el pasado jueves en pleno extraordinario para abordar el recurso de amparo presentado por el Partido Popular contra las enmiendas que afectan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al propio Tribunal Constitucional (TC), introducidas en la reforma del Código Penal.
Debido a la «complejidad» del asunto y al aluvión de escritos presentados horas antes de que comenzará la reunión (dos recusaciones de Unidas Podemos y dos recursos más, del PSOE y de Vox), los magistrados decidieron posponer el debate a este lunes. Estas son las claves de lo ocurrido en los últimos días en el Constitucional:
Cambios en el Código Penal
El Gobierno está llevando a cabo modificaciones en los delitos de sedición y malversación que se encuentran contemplados en el Código Penal. El primero de ellos queda eliminado y pasa a ser un delito de desorden público agravado, mientras que la malversación sufre una rebaja en sus penas, y quedará contemplado de forma específica un delito sobre la desviación de fondos públicos. Ambos cambios afectan de forma directa a los condenados del 'procés', quienes se verán beneficiados con rebajas en sus penas y cuya vuelta a la política será más fácil, como es el caso de Oriol Junqueras.
El Gobierno justifica la reforma como un paso más para 'desinflamar' el conflicto en Cataluña y para homologar a España con los reglamentos europeos. Sin embargo, dicha equiparación ha quedado desmentida por expertos del mundo judicial, y además desde ERC el propio Gabriel Rufián confesó haber usado los Presupuestos como «palanca» forzar al Gobierno a realizar la reforma.
Enmiendas que afectan al Poder Judicial
La polémica surge a raíz de que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos presentaran dos enmiendas en la proposición para, por la puerta de atrás, llevar a cabo también en otras dos leyes orgánicas que afectan Poder Judicial y al TC. Ante la no renovación del CGPJ, que lleva bloqueado cuatro años, el Gobierno pretende modificar el requisito de la mayoría de tres quintos que establece la ley para elegir a los nuevos magistrados del Constitucional y que sea por una mayoría simple pura. En el Tribunal Constitucional, por su parte, se elimina el trámite del plácet (la verificación de que los magistrados cumplen los requisitos) y se posibilita que puedan tomar posesión por sextos en vez de por tercios.
Recurso de amparo del PP
Tras conocer la 'otra' reforma que el Gobierno estaba llevando a cabo, el Partido Popular presentó el pasado miércoles ante el Constitucional un recurso de amparo. La solicitud de medidas cautelarísimas por parte del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo obligó al presidente del TC, Pedro González Trevijano, a convocar un pleno para decidir si admiten a tramité el recurso o no, y si se suspendía la tramitación de esas enmiendas (no del debate parlamentario sobre la sedición y la malversación).
Todo ello ocurrió 24 horas antes de que el Congreso de los Diputados procediese a votar la proposición de ley del Gobierno donde se incluyen las enmiendas recurridas por el PP. El presidente del TC convocó a los magistrados para las 10 horas del jueves, su hora habitual de reunión.
Escritos del PSOE y Unidas Podemos
En un intento por frenar la decisión del Constitucional y proteger la votación de la proposición que modifica el Código Penal en el Congreso, el grupo socialista se personó ante el TC y presentó un escrito 'in extremis', en el que reclaman que «como parte legítima interesada» se les debe dar «trámite de alegaciones» y piden expresamente que «no se adopte medida cautelar alguna». Por su parte, Unidas Podemos también presentó un escrito para personarse en la causa y plantearon además un incidente de recusación hacia el presidente Trevijano y el magistrado Narváez para que no participen en el debate (dado que ambos tienen ya sustituto, los candidatos nombrados por el Gobierno que aún no han tomado posesión).
Desde primera hora del pasado jueves, el Gobierno y los grupos parlamentarios del PSOE y UP se lanzaron a deslegitimar al Constitucional. «Es la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F», afirma Jaume Asens. «Supondría un atropello sin precedentes de la democracia y una crisis institucional», manifiesta María Jesús Montero. Equivaldría a una «intromisión del Poder Judicial, con algunos miembros caducados, en el legislativo», expresa Patxi López.
Vox pide paralizar el Pleno del Congreso
El partido de Santiago Abascal solicitó también medidas cautelares al Constitucional para detener el pleno extraordinario que se celebraba en el Congreso para aprobar la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y el «asalto» al CGPJ y al tribunal de garantías.
Pleno extraordinario en el TC
El presidente Trevijano convocó a los magistrados a las 10 horas para celebrar el pleno extraordinario, pero el aluvión de escritos retrasó la reunión en un primer momento a las 12 horas. Sin embargo, el debate no comenzó hasta las 13.05 horas. Los magistrados debían decidir si admitir a tramite el recurso de amparo presentado por el PP contra las enmiendas que afectan al Poder Judicial y cuya votación estaba prevista para las 17 -18 horas de la tarde. Tras una mañana frenética, el Pleno comunicó que posponía su decisión sobre la suspensión de las enmiendas a este lunes, dejando vía libre a que la votación de la mismas saliese adelante.
La presión desde el PSOE y Unidas Podemos continúa: ambas formaciones han presentado más recursos entre ayer domingo y hoy. Los socialistas sostienen ante el TC que si se admitiera lo que piden PP y Vox se estarían «vulnerando» los derechos de los ciudadanos. Además, se suman a las tesis de Unidas Podemos para pedir que se recuse a Trevijano y a Narváez, argumentando que carecen de imparcialidad por haber sido propuestos en su día, dentro del cupo que le correspondía, por el Gobierno de Mariano Rajoy. Unidas Podemos va más allá y a horas del inicio del pleno del Constitucional pide a la Justicia europea que se pronuncie sobre ambos magistrados dado que su mandato se encuentra «caducado».
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