El PSE autoriza el tercer grado a dos etarras tres meses después de asumir la gestión de prisiones

Son los dos primeros casos en que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, liderado por la socialista María Jesús San José tras el reparto de carteras del Gobierno de coalición vasco entre el PNV y el PSE, tiene que hacer frente a este trámite, que seguirá adelante a la espera de ver si la Fiscalía de la Audiencia Nacional presenta un recurso si considera que no se cumplen las exigencias legales, como ha pasado en otras ocasiones.

Mariñelarena formaba parte del comando que en 2000 hizo explotar un coche bomba en Vitoria al paso del histórico dirigente del PSE Fernando Buesa. Acababa de dejar a su hijo en la facultad y caminaba acompañado de Jorge Díez Elorza, el ertzaintza que hacía de escolta. Ambos murieron. Buesa, hombre fuerte del socialismo vasco, desempeñó los cargos de vicelendakari durante el gobierno del peneuvista José Antonio Ardanza (1990-1994) y de portavoz de su grupo parlamentario en el Parlamento regional. Contundente contra la violencia terrorista, una semana antes de su asesinato había participado en una manifestación de ¡Basta Ya! en San Sebastián para protestar contra ETA y la falta de libertades en el País Vasco.

En cuanto a Iragui, trasladado primero a Logroño y en 2022 definitivamente al País Vasco, carga con tres asesinatos a sus espaldas que le valieron diversas condenas que superan los 100 años de prisión. En 2011 la Audiencia Nacional le sentenció a 30 como autor del asesinato del concejal del PP de Málaga José María Martín Carpena. Antes en 2002, ya había sido condenado a 53 años como responsable del atentado contra el coronel del Ejército del Aire Antonio Emilio Muñoz Cariñanos. También como autor del asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero García.

Las reacciones a la noticia no se hicieron esperar. Luis Portero, hijo del fiscal asesinado, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, señalaba directamente al PSOE: «Está siguiendo la misma política que el PNV y EH Bildu, la de ir sacando a los terroristas de las cárceles [...]. El Gobierno de Sánchez traiciona así a la Justicia y a su propio partido por mantener la poltrona». Una crítica en la línea de la expresada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) que emitió un comunicado mostrando su «decepción total» con la consejera María Jesús San José.

Le acusan de continuar con la política «fraudulenta» del PNV en esta materia, otorgando terceros grados a miembros de ETA que siguen vinculados a la izquierda aberzale, quien, según defienden, les prohíbe arrepentirse. Un requisito que la consejera había deslizado antes de dibujar las líneas estratégicas de su departamento, pero que no confirman si se ha producido en esta ocasión ante las preguntas de este periódico. «Son exhibidos constantemente por la izquierda aberzale, principalmente Sare (colectivo cercano a EH Bildu que organiza los actos en favor de beneficios penitenciarios a etarras), pero también por el propio Sortu (partido nodriza de EH Bildu) en sus manifestaciones en las que se exige su excarcelación, lo cual prueba que no están arrepentidos», afirmó la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Desde que San José accedió al cargo flotaba en el aire la cuestión sobre si este cambio de manos de la competencia sobre las prisiones vascas, traspasadas por Pedro Sánchez en 2021 al gobierno autonómico, iba a suponer un endurecimiento respecto a la gestión del PNV. Una idea reforzada por las declaraciones que realizó la propia consejera el miércoles pasado, cuando se abrió a sancionar la exhibición de simbología etarra, pero que debilita la aprobación de las dos primeras progresiones a la semilibertad. Unas que serán sometidas a debate la próxima semana en el Parlamento vasco, donde el Partido Popular ya ha registrado una pregunta sobre esta decisión.