Otegi abraza el pacto «para la política ejemplar» que no le obliga a condenar a ETA

Se trata de un decálogo con una serie de actitudes que, según el PNV y el Gobierno vasco, permitirían recuperar el «prestigio» que la política habría ido perdiendo en los últimos años, elevando el nivel «ético» del debate público. Fue la noticia del primer Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio de Miramar (San Sebastián) el jueves pasado, donde el lendakari abrió los brazos al resto de grupos parlamentarios, que tendrán que ratificar el texto en el Parlamento vasco.

Un guante que ayer, entrevistado en Naiz, recogió Arnaldo Otegi, el mismo que hace dos semanas reclamaba la excarcelación de tres cuartas partes de los presos etarras. El coordinador general de EH Bildu calificó la iniciativa como «beneficiosa», pero advirtió: «En términos constructivos y no para recriminar unos a otros que lo que hacen no es éticamente correcto a partir de ahora».

En el momento que Pradales presentó el plan las preguntas se dirigieron a Bildu. ¿Obliga a la formación a condenar a ETA? No. Eso es «anterior y superior» contestó el lendakari, que defendió el compromiso del Gobierno vasco con la «deslegitimación de la violencia» y, repreguntado, contestó que el decálogo ya habla de los «derechos humanos».

Los distintos puntos que plantea el documento no incluyen ninguna mención a la banda terrorista. En términos amplios y genéricos propone abordar el debate público reconociendo «al diferente» o aplicando una «honestidad total» en la actividad pública. Unas premisas sobre las que ahora trabajará Bildu, al igual que el resto de fuerzas parlamentarias en la Cámara de Vitoria.

El partido aberzale, por el contrario, sigue sin deslegitimar de forma explícita la violencia de la organización, que dejó 853 asesinados en más de 3.000 atentados. Además, en las últimas semanas, impulsado por las manifestaciones a cargo de sus organizaciones satélite y los Ayuntamientos donde gobierna ha elevado las exigencias sobre el tratamiento y los privilegios a los condenados por su actividad terrorista.

Una de las papeletas más complejas para el Gobierno de coalición regional, aunque, en este caso, será el Partido Socialista de Euskadi (PSE) el que tenga que lidiar con ella. Tras la formación del Ejecutivo, la cartera de Justicia, que tiene la competencia sobre la Administración Penitenciaria, recayó en manos de los socialistas. Es a este Departamento, presumiblemente con las formas que deriven de la ratificación del acuerdo «para una política ejemplar», a donde los aberzales dirigirán sus reclamaciones el próximo curso.