Presupuestos: el cupo y la gestión de los impuestos a las eléctricas y a la banca, cesiones a PNV y Bildu

La Comisión de Presupuestos del Congreso ha aprobado este jueves, sin pena ni gloria, el informe de las cuentas públicas. El Gobierno de coalición ha atado los apoyos de PNV y Coalición Canaria y las abstenciones de ERC y Bildu para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) den un paso de gigante hacia su convalidación definitiva. El próximo jueves se debatirán en sesión plenaria y, si no hay sorpresas, verán la luz verde de la Cámara Baja y se remitirán al Senado. De momento, dos cesiones más: acuerdo con el PNV para el cupo vasco y con Bildu para la gestión de los impuestos a las eléctricas y a la banca.

Los socios de Pedro Sánchez siguen advirtiendo que «nadie» puede dar por hecho su 'sí' definitivo, pero nada hace sospechar que de aquí al próximo jueves las negociaciones se torcerán hasta el punto de que den un volantazo y tumben los PGE. Las cuentas se votan en pleno por secciones, ministerio a ministerio, y todas ellas deben avalarse para enviarse al Senado. En la Cámara Alta pueden enmendarse –en cuyo caso regresan a la Cámara Baja para que los diputados acepten o no los cambios allí introducidos– o aprobarse tal como llegan.

Este año, las negociaciones en torno a los PGE avanzan en aparente calma, con el foco significativamente alejado de ellos. Polémicas paralelas –como la reforma que impulsa el Gobierno para derogar la sedición– y circunstanciales –como el terremoto causado por las rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de la 'ley del solo sí es sí'– los han quitado de las portadas.

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Nada que ver con el revuelo del año anterior alrededor de las cuentas, cuando la opinión pública escrutaba las votaciones, enmienda a enmienda, en busca de nuevas cesiones a los socios del Ejecutivo. PSOE y Unidas Podemos han ido alcanzando acuerdos, primero en la fase de ponencia y después en la de comisión, para que sus aliados respalden, o al menos no obstaculicen, el avance de sus últimos PGE.

Estas cuentas, en año electoral, serán claves para que el Gobierno aplique sus políticas con la vista puesta ya en los comicios autonómicos y municipales de mayo y en los generales de finales del 2023. Este jueves ha cerrado acuerdos con PNV y Bildu para acercarse los votos de sus diputados.

En la Comisión Mixta del Concierto Económico con el País Vasco, reunida esta mañana en Madrid, Gobierno y PNV han cerrado el cálculo del cupo vasco para el quinquenio 2022-2026. La financiación vasca de los gastos comunes que soporta la Administración central se mantendrá en el 6,24 por ciento. En la práctica, esto implica que el País Vasco hará una aportación anual de 1.472 millones de euros. Una metodología que deberá ser aprobada ahora tanto por el Congreso como por el Senado.

El acuerdo incluye también el compromiso de transferir dos nuevos impuestos relacionados con la gestión medioambiental. A partir de ahora las haciendas vascas recaudarán el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos. Según cálculos del Ejecutivo autonómico de Iñigo Urkullu, supondrá unos ingresos añadidos de 75 millones de euros.

Prácticamente a la vez, el portavoz adjunto de Bildu en la Cámara Baja, Oskar Matute, anunciaba en rueda de prensa, este mediodía, dos acuerdos con el Gobierno. En primer lugar, la cesión a las haciendas forales vasca y navarra de la gestión de los impuestos a la banca y a las eléctricas –también ahora en tramitación parlamentaria, en la que el PNV, de paso, ha reivindicado haber logrado «mayor seguridad jurídica»–. Y en segundo, el compromiso del Ejecutivo a estudiar la posibilidad de implantar estos gravámenes de forma estructural y no temporal como se pretende ahora.

Según ha detallado el diputado independentista, en el tiempo de aplicación de estos impuestos, entre 2023 y 2024, el Gobierno deberá emitir un informe con el impacto, dificultades y posibilidades para aplicar estos gravámenes de forma permanente, algo que según Bildu garantizaría «la redistribución de la riqueza». «No puede existir otra conclusión que sea establecer estos impuestos como permanentes», ha zanjado, a la par que ha avisado que el apoyo de Bildu a los PGE no está aún cerrado.

En la Comisión de Presupuestos, ERC ha votado a favor de las enmiendas transaccionadas entre el Gobierno y otros grupos, a pesar de abstenerse en el dictamen final. Fuentes republicanas citadas por Ep admiten que se han ido «cerrando cosas». PNV, Coalición Canaria, Más País, Compromís, PRC y Teruel Existe han cerrado nuevas inversiones en la comisión. PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra del informe.