La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrirá los dos últimos terceros grados del gobierno vasco

Según ha podido confirmar ABC, ambos cumplían con los requisitos legales establecidos para acceder a la progresión, por lo que no es pertinente un recurso que además, tiene efectos suspensivos y les devolvería a prisión mientras se dirime el fondo del asunto en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Iragui, con tres asesinatos a sus espaldas –además de estar implicado en el de José Luis Martín Carpena, fue condenado por los del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero y el del coronel del Ejército del Aire Antonio Emilio Muñoz Cariñanos–, disfrutaba de un segundo grado flexible con salidas por actividad exterior autorizada. El etarra había cumplido tres cuartas partes de su pena. Para que la Fiscalía haya decidido no recurrir, debe haber presentado también un perdón expreso y creíble y haber comprometido el pago de las responsabilidades civiles que tendrá pendientes.

En el caso de Luis Mariñelarena, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por ABC, sí consta una carta creíble de arrepentimiento en el que pide perdón por el daño causado a sus víctimas, a quienes se refiere con nombre y apellidos. Este miembro de la banda terrorista participó en el atentado con coche bomba contra quien fuera vicelendakari y portavoz del PSE en el Parlamento vasco, Fernando Buesa, donde también falleció su escolta, Jorge Díez Elorza. Había cumplido las tres cuartas partes de su condena y disfrutado de permisos penitenciarios con anterioridad.

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La noticia, dada a conocer esta semana, aunque las autorizaciones e produjeron a finales de septiembre, no está exenta de polémica. Es la primera vez que el PSE, a cargo de la competencia sobre la Administración Penitenciaria desde el mes de junio, cuando se conformó el Gobierno vasco, autoriza un tercer grado. El Ejecutivo regional es el que gestiona las progresiones desde que Pedro Sánchez hizo esta cesión en 2021, pero hasta el momento recaía en manos del PNV.

Las críticas por parte de los colectivos que representan a las víctimas y de familiares de los fallecidos no se han hecho esperar, ante la esperanza de que el cambio de manos de la cartera supusiera un giro en la política seguida por los anteriores Gobierno. Esta había sido tachada de laxa a la hora de aprobar beneficios penitenciarios para miembros de la banda terrorista.

De hecho, la propia San José ha expresado que no se iban a hacer distinciones entre los presos que cumplen su pena en las cárceles del País Vasco. Y, la última semana, su Departamento se abrió a empezar a sancionar la simbología de ETA, una iniciativa que todavía no está en funcionamiento.