El autor de la matanza de Atocha se cae de las listas electorales de Bilbao

Falange Española de las JONS se queda fuera de la carrera electoral del Ayuntamiento de Bilbao. Así lo ha hecho público este martes la Junta Electoral Central este martes al haber apreciado irregularidades en la lista. Por lo tanto, Carlos García Juliá, uno de los autores de la Matanza de Atocha y cabeza de lista de la candidatura invalidada, no podrá finalmente concurrir a las elecciones.

La resolución a la que ha tenido acceso este periódico se limita a considerar «no proclamada» la candidatura, sin aludir a ninguna circunstancia concreta. La causa de la anulación se debe, apuntan varias fuentes, a que en la lista figuraban nombres de personas que ya formaban parte de otras candidaturas municipales en otros municipios. Se trata de una situación prohibida expresamente por el artículo 46 de la LOREG.

No ha sido, en realidad, la única lista en la que la candidatura de la Falange, se ha visto en esa situación. En Vitoria, la lista encabezada por Norberto Pico Sanabria, jefe nacional de la agrupación, ha corrido la misma suerte. Las Juntas Electorales también han decidido invalidar por los mismos motivos las candidaturas que habían presentado en Barcelona o Zaragoza.

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Las candidaturas presentadas en ningún caso hubieran tenido opciones reales de lograr algún puesto en los ayuntamientos. En los últimos comicios Falange Española de las JONS apenas logró cuatro decenas de votos en el consistorio bilbaíno. Sin embargo, nombrar cabeza de lista a Carlos García Juliá se entendió desde un primer momento como una provocación directa.

Y es que García Juliá fue uno de los condenados por la Matanza de Atocha. Según quedó acreditado en el juicio, fue uno de los pistoleros que irrumpió en un despacho laboralista vinculado a Comisiones Obreras y el Partido Comunista el 27 de enero de 1977. Los autores asesinaron a cinco personas y dejaron heridas a otras cuatro.

Una sentencia de 1980 le condenó a 193 años de cárcel como autor de la masacre y tenencia ilícita de armas. En ese momento se dictaminó que debería cumplir un máximo de treinta años de cárcel y le concedieron la libertad condicional cuando llevaba 14 años en prisión. Logró que le concedieran un permiso para trabajar en Asunción a cambio de presentarse todos los meses ante la Embajada española en Paraguay. Sin embargo, pronto dejó de cumplir esa condición y quedó prófugo de la justicia.

Permaneció huido durante más de dos décadas hasta que le localizaron varios años después en Brasil. En el 2020 fue finalmente extraditado a España y volvió a entrar en prisión. Finalmente, su abogado argumentó que debían aplicarse los beneficios penitenciarios que había acumulado durante su anterior estancia en prisión y logró que quedara en libertad.