La Asociación Dignidad y Justicia pide a la Fiscalía que revise una por una de nuevo las condenas de los etarras de Bildu

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia registró ayer un escrito en la Audiencia Nacional para solicitar al a Fiscalía General del Estado que revise una por una las condenas de los terroristas que todavía figuran en las listas de EH Bildu. La petición se formuló después de que el jueves la Junta Electoral de Zona de San Sebastián acordara la exclusión de la etarra Sara Majarenas después de que esta organización denunciara que estaba inhabilitada para cargo público hasta 2028.

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, solicita que «dado el error padecido» se «recaben y analicen», no las hojas histórico penales, sino las liquidaciones de condena de «todos y cada uno de los candidatos» a las próximas elecciones municipales y autonómicas que tuvieron denuncias por terrorismo. «Sorprendentemente esta candidata (en referencia a Majarenas) no sólo pasó el filtro de la Junta Electoral de Zona de San Sebastián, sino que también de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional», recuerdan.

Dignidad y Justicia recrimina, además, que no fuera hasta su denuncia cuando quedara acreditada la pena de inhabilitación, que según pudo saber este periódico, se le notificó a la propia Majarenas el jueves a mediodía en su domicilio de Astigarraga (Guipúzcoa). «Y todo ello, a pesar del ruego que esta Asociación había hecho tanto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional como a esta Excelentísima Fiscalía General del Estado, de ser extremadamente celosos y cautelosos a la hora de comprobar si estos candidatos tenían cumplidas su inhabilitaciones absolutas y especiales». De hecho, en su denuncia ya ponían de manifiesto «los precedentes existentes en relación a la ejecución de penas de inhabilitación».

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La asociación de víctimas pide a la Fiscalía ir un paso más allá. Aportan un listado de 89 presos de ETA que han figurado en listas de EH Bildu desde el año 2011, que ya hicieron llegar a la Fiscalía General del Estado el 17 de mayo.

Consideran que la inclusión, por parte de la formación política EH Bildu, de personas condenadas por delitos de terrorismo «de manera reiterada y grave», supone una «vulneración clara del artículo 9.3 de la Ley de Partidos». Ese artículo establece que un partido puede ser ilegalizado cuando presente en sus listas candidatos condenados por terrorismo que no hayan rechazado ni los fines ni los medios terroristas de forma pública.