Pacto de socorro mutuo: Illa permite a Aragonès acabar la legislatura

El acuerdo rubricado ayer en el Palau de la Generalitat entre Pere Aragonès y el jefe de la oposición y líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, aún no puede darse por completo al no contar con los 68 diputados que fijan la mayoría absoluta en el Parlament. Es por ello que, durante esta semana, el Govern acelerará los contactos con los comunes, cuyo apoyo o abstención es imprescindible para sacar adelante las cuentas ante la imposibilidad de buscar acuerdos con otras fuerzas, si bien desde Esquerra se insistía, con más retórica que convencimiento, de que buscarán también el improbable 'sí' de la CUP.

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La posibilidad de apoyarse en los antiguos socios de Junts ni se plantea, en tanto que los de Puigdemont, en buena lógica, pretenden apurar este último año de legislatura para realizar una oposición dura, reforzado su flanco derecho –sin dejar de mirar con recelo el fenómeno de la ultraderecha independentista que personifica la Aliança Catalana de Sílvia Orriols– y justificando de esta manera su decisión de desligarse de ERC.

Así las cosas, todas las miradas convergen en los comunes, si bien se adivina improbable que estos sumen sus votos a los partidos de la derecha para tumbar las cuentas. Ayer mismo, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, se hacía de rogar pese a entendérsele todo. «No hay nada que nos chirríe especialmente, pero se queda corto y es insuficiente del todo para las necesidades que tiene el país», apuntaba.

El principal punto de discrepancia es el proyecto de construcción del complejo de ocio y juego Hard Rock en Tarragona –heredero de Eurovegas–, cuya ejecución se considera una línea roja por los comunes, contrarios al modelo de urbanismo y turismo que representa, más en un contexto de sequía como el actual. El Hard Rock «nos acerca más al Madrid de [Isabel Díaz] Ayuso que a la Cataluña que queremos», apuntó Albiach.

La solución parece que será una suerte de patada hacia adelante. Así, mientras se sigue la tramitación del plan director urbanístico (PDU) del complejo –tal y como se recordó ayer desde la Generalitat–, el acuerdo dado a conocer entre el Govern y el PSC ciertamente no contempla ninguna partida para el proyecto, algo aún innecesario a estas alturas.

Los comunes, no obstante, apuntaban ayer que reclamarán la retirada de ese plan director para hablar de las cuentas catalanas de 2024, un punto de partida fuerte pero que también gastaron en la negociación de los presupuestos del año pasado, que acabaron votando. 

El acuerdo entre el Govern y el PSC fue rubricado por la tarde en el Palau de la Generalitat, en lo que es la foto que certifica la comunidad de intereses que entre socialistas y republicanos tienen tanto en el Parlamento catalán como en el Congreso de los Diputados. «Estamos satisfechos del acuerdo. No son los presupuestos del PSC, pero es política útil, pensar en el país y contribuir a resolver los problemas. Es un acuerdo al servicio de Cataluña», zanjó Salvador Illa apelando a la política de responsabilidad de la que hace bandera después de lo que definió como «década perdida», en alusión a los años del 'procés'.

Si bien quizás las expectativas electorales del Partido de los Socialistas de Cataluña podrían mejorar con una oposición más punzante, la realidad política y las necesidades del PSOE en el Congreso de los Diputados no le permiten otro camino.

En paralelo, en el Ayuntamiento de Barcelona, la situación es análoga, con un pacto previo entre socialistas y republicanos a la espera de que al mismo se sumen los comunes, liderados por Ada Colau.

En cuanto a las cuentas autonómicas, y a grandes trazos, el acuerdo incluye un incremento global del gasto de un 6,3%, unos 49.900 millones de euros si se suma el conjunto del sector público. Así, las cuentas prevén destinar 7.435 millones a la Consejería de Educación, un 10% más respecto al ejercicio anterior; incrementar en 144 millones la partida para la de Salud y que el 25% del total se destine a atención primaria, así como incorporar 4.000 viviendas nuevas al parque de alquiler social durante ese año. En el ámbito de la sequía se prevén 120 millones más en subvenciones a entes locales para que inviertan en captar aguas subterráneas para abastecimiento y 86,3 para mejoras al riego.

El carácter expansivo de los presupuestos permitirá alguna «alegría», tal y como definían fuentes de ERC a este diario, confirmada su voluntad de agotar la legislatura y poder presentar un balance en positivo, también en aquellos departamentos que aún no han podido lucir al haberlos asumido tras la salida de Junts.

Desde el PP, Alejandro Fernández calificó a Illa de «mayordomo» de ERC, al pactar unas cuentas que no incluyen ninguna mención al Hard Rock o a la ampliación del Aeropuerto de El Prat, encallada por la indecisión republicana. Vox y CS anunciaron sendas enmiendas a la totalidad.