Acciones proetarras en la Universidad Pública de Navarra
El sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak, que recibe subvenciones del Vicerrectorado, denuncia en pleno campus el «asesinato» del etarra Jon Anza y la encarcelación de cuatro miembros por pertenencia a la ilegalizada Segi
Carteles y movilizaciones de apoyo a compañeros detenidos por pertenecer a la ilegalizada Segi; impresos denunciando el “asesinato” del etarra Jon Anza; proclamas anónimas proetarras; escenificaciones con encapuchados simulando torturas a reclusos; concentraciones de apoyo a los presos de la banda terrorista… Éstas son algunas de las acciones atribuidas en los últimos meses al sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak (IKA) en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Una organización que aún es legal pero que vive amparada bajo el paraguas de la izquierda abertzale, incluyendo a organizaciones ilegalizadas como Segi.
Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a ABC que las acciones de IKA son “menos radicales y violentas” que años atrás y que el sindicato “ha perdido peso e influencia” en el entorno académico y estudiantil de la UPNA -por primera vez desde 2003, en las elecciones estudiantiles del año pasado no fue el grupo más votado-. Pero por ahora, este sindicato proetarra sigue recibiendo subvenciones públicas del Vicerrectorado de la universidad (más de 4.000 euros al año) y cuenta “con fuentes externas de financiación procedentes de la izquierda abertzale, de cuyos altos cargos obedece órdenes directas”.
Además, con el paso del tiempo y tras los últimos arrestos, su treintena de representantes y sus más de 500 votantes (un 6,5% de los alumnos, pero un 28,2% de los que participaron en las últimas elecciones) han aprendido a moverse con destreza entre los límites de la legalidad y a actuar con menos ostentosidad para transmitir los mismos mensajes pero sin usar “determinadas expresiones por las que se les puedan atribuir delitos de enaltecimiento del terrorismo”.
En Navarra, los 30 miembros de las listas presentadas en los últimos comicios “están fichados” por el Cuerpo Nacional de Policía, que investiga su posible pertenencia a colectivos ilegalizados del entorno etarra. Por el momento, dos de ellos, Mikel Esquíroz y Garbiñe Urra, fueron detenidos junto a otros dos alumnos de la UPNA y simpatizantes de IKA, Jon Ciriza y Amaia Elcano, dentro de la operación llevada a cabo contra Segi en noviembre del año pasado, en la que fueron arrestadas otras 30 personas. Esquíroz figuraba en el puesto número seis de las listas, y habría obtenido un escaño en el Claustro, y Urra, en el decimotercero. Tenían “puestos de prestigio, pero no copaban la responsabilidad ante los demás para poder dirigir las relaciones con Segi sin llamar tanto la atención policial”, agregaron las fuentes consultadas.
Desde entonces, el temor a nuevas detenciones parece influir a los integrantes de IKA, después de que en 2009 se les atribuyeran hasta 30 actos vandálicos. Encierros en el Rectorado, graves desperfectos en el mobiliario, pintadas, huelgas, lanzamientos de botes de humo en el aulario, vaciados de extintores, activación de alarmas, quema de alfombras, cortes del tráfico al resto de alumnos en el aparcamiento, puertas forzadas… Una larga lista de incidentes a pesar de lo cual “siguen actuando con impunidad dentro del campus universitario, sin que los guardias de seguridad o el personal actúe jamás”.
Incidentes más recientes
Tras la muerte del etarra Jon Anza, atribuida oficialmente a un infarto y según la izquierda abertzale a “torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad”, miembros de Ikasle Abertzaleak lanzaron cientos de pasquines y panfletos en los edificios de la UPNA en los que podían leerse el grito de guerra de ETA (“Bietan Jarrai”, “sin parar”), la despedida que dan los proetarras a los terroristas como homenaje (“Agur eta ohore”, ““adiós, os recordaremos”) o frases escritas en euskera con mensajes como “¡Jon asesinado! Hay que acabar con la represión y la guerra sucia”. Y organizaronn una manifestación delante de la biblioteca.
El pasado 12 de mayo, varios individuos se saltaban la obligación de mostrar el carné universitario en la biblioteca e irrumpían en la planta baja, donde se encontraban decenas de estudiantes, para interpretar durante unos cinco minutos una escena en la que se simulaba la tortura de cuatro reclusos que tenían la cabeza cubierta con sacos. “La actuación tuvo lugar junto a un puesto de personal universitario. Y, como siempre, nadie hizo nada”, explicaron a este periódico varios testigos presenciales.
Los responsables de aquella representación llamaban así la atención por los cuatro compañeros detenidos por formar parte de Segi. Y, minutos después, llenaban los tablones de anuncios de carteles en los que convocaban a sus simpatizantes a una nueva concentración, que tendría lugar un día después. Carteles que diez días más tarde continuaban en los edificios. Pero desde el Rectorado no se ponen soluciones a un tema “enquistado” y que afecta “a miles de estudiantes”, resaltaron varios miembros del Claustro que prefieren hablar desde el anonimato por temor a represalias.
Actuaciones policiales
En varias ocasiones, el partido que gobierna en Navarra, UPN, ha exigido la retirada de la financiación a este grupo, pero el máximo dirigente de la Universidad Pública de Navarra, Julio Lafuente, siempre ha actuado desde un mismo punto de vista: “tratar de conjugar la libertad de expresión y la legalidad, lo que a menudo es muy complicado, y buscar soluciones desde el diálogo en lugar de solicitar la presencia de fuerzas policiales para acabar con estos actos”, apuntaron fuentes cercanas al propio Lafuente. “Mientras las autoridades pertinentes no ilegalicen el sindicato, poco más se puede hacer”, justificaron dichas fuentes.
En concreto, según pudo saber este periódico, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía no pueden actuar de oficio ante un altercado “salvo que se trate de un caso de flagrante delito”, porque es el rector quien tiene que pedir en primer lugar la presencia de efectivos a la Delegación del Gobierno, que a su vez alerta a las Fuerzas de Seguridad. Posteriormente, el Cuerpo Nacional de Policía evalúa la situación “in situ” y decide si interviene o no, “siempre desde la idea de que su participación genere más beneficios que daños”. Así como el anterior rector, Pedro Murillo, sí reclamó en alguna ocasión la ayuda policial en el campus para llevar a cabo algún desalojo, Lafuente jamás lo ha hecho. El temor a nuevas huelgas a menudo pesa más en las decisiones de la dirección de la UPNA.
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