Las veinte mentiras del ministro (y juez) Marlaska
Quien haya leído la directiva europea sabe que el registro de antecedentes penales no tiene nada que ver con rebajas de condenas: es simplemente otra emboscada parlamentaria
![El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, esta semana en el Congreso](https://s3.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/10/14/1487165529-R9CfPt08ExrBKmUUHGDniiO-1200x840@diario_abc.jpg)
«Me importan las víctimas. Soy vasco. He vivido en Bilbao el drama de las familias víctimas del terrorismo de ETA en los años 80. He visto cómo la Iglesia de San José estaba vacía durante los funerales, que casi se hacían en la clandestinidad (...) ... Hasta hace muy poco las víctimas no han tenido el reconocimiento general que se les debía dar. Ellas han sido las protagonistas involuntarias de los hechos criminales durante cincuenta años y por eso debemos tener una especial fijación en garantizar sus derechos, en darles protección y en que se sientan amparadas. Estas víctimas han sido olvidadas hasta principios del siglo XXI».
Así respondía el hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien escribe estas líneas en la que fue su primera entrevista tras tomar posesión como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Era abril de 2012. ETA ya había declarado el alto el fuego pero en ese tribunal, absolutamente volcado entonces con las víctimas del terrorismo, resonaban todavía los ecos de los asesinatos con coche-bomba o con tiro en la nuca que a finales de los 90 y principios de los años 2000 obligaban la prensa casi a diario a cambiar maquetas a las ocho de la tarde, la hora que en aquel tiempo elegían los terroristas para sembrar el terror y la destrucción de cientos de familias, esas que confiaban en ese juez que se dio a conocer cuando cogió temporalmente las riendas del juzgado de Baltasar Garzón.
Fue precisamente en aquella época, unos años atrás, cuando este mismo magistrado resistió las presiones del entorno batasuno y se atrevió a encarcelar a Arnaldo Otegi un 24 de mayo de 2006. Le imputó pertenencia a organización terrorista y de nada sirvió que el hoy portavoz de Bildu implorara la presencia del entonces fiscal general. «¿Esto lo sabe Conde-Pumpido?», preguntó en tono chulesco el expresidiario. Qué paradoja que quien le metió en prisión forme parte del Gobierno que hoy negocia con él.
Quedan pocos fiscales de entonces en la Audiencia Nacional. Fueron abandonando el tribunal para probar suerte en la empresa privada. Demasiada dignidad para soportar lo que estaba por venir tras su compromiso incondicional con la legalidad. Con las víctimas del terrorismo. Poco queda también de ese magistrado que apenas un año después de estar en la presidencia de la Sala Penal, dio el salto al Consejo General del Poder Judicial de la mano del Partido Popular y que, tras cinco años de vocal y una sorprendente metamorfosis, se convirtió en ministro del Interior de Pedro Sánchez. Ese juez que en aquella misma entrevista sostuvo que para considerar el final de ETA, además de su disolución y la entrega de las armas, era necesario que pidiera perdón. El perdón que no ha llegado.
Solo quien conoció la relación del juez Grande-Marlaska con las víctimas del terrorismo durante aquellos años puede llegar a entender la decepción de este colectivo, que esta misma semana le negó el saludo. Cuando el golpe viene por parte de alguien en quien se ha confiado duele el doble. Es así.
Decía Alexander Pope que el que dice una mentira estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de la primera. Cuando la trampa ahora consumada era solo un rumor, Grande-Marlaska negó a las víctimas que los terroristas fueran a ser excarcelados antes de tiempo. El viernes volvió a mentir al sostener que la supresión de esa excepción de rebaja para las condenas anteriores a 2010 era una exigencia europea.
Cualquiera que haya leído la directiva traspuesta sabe que la regulación del registro de antecedentes penales entre los países miembros es algo ajeno a las rebajas de condenas y que la enmienda de Sumar ha sido otra emboscada parlamentaria, un pago más a los socios de Gobierno de Sánchez.
Por eso sostener que el PP y Vox eran conscientes de la trampa es absolutamente indigno, tanto como lo sería la renuncia a los valores y principios del Estado de derecho por parte de alguien que aspire a ponerse de nuevo la toga.
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