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Murcia toma la delantera en el problema de la vivienda y construirá «de inmediato» 1.634 pisos en suelo público

López Miras anuncia un decreto ley que reducirá la burocracia para que la tramitación sea más ágil que la de la vivienda protegida tradicional

Las rebajas fiscales a los jóvenes marcan la senda del plan de vivienda del PP

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia Jaime García
Emilio V. Escudero

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Sólo han pasado tres días desde que el Partido Popular presentó en Asturias su plan de vivienda y la Región de Murcia ya lo ha puesto en marcha. Fernando López Miras, su presidente, ha anunciado hoy que tiene ultimado un decreto ley que establecerá un «modelo pionero» para los murcianos que permitirá adquirir vivienda protegida a un «precio asequible» en suelo público y dirigida a jóvenes y clases medias.

El plan, denominado 'Vivienda Asequible de la Región de Murcia', estará «adaptado a la realidad normativa actual y a las necesidades» de la Comunidad y eso implica que se establezcan limitaciones de precio y de renta para los compradores, pero también que se agilice la construcción para atraer a los constructores.

El gobierno murciano está dispuesto a «simplificar y reducir los trámites», en línea con lo que anunció Feijóo el pasado domingo, para acelerar la construcción, «eliminando la duplicidad de supervisión que suponen las calificaciones existentes», tal y como reseñó López Miras, que abogó por huir del «intervencionismo». «Se dará más facilidades para que se pueda construir más vivienda asequible, por supuesto, en el precio y en las condiciones de acceso», explicó, y «podrá ser destinada tanto a compra como alquiler», que es otra de las prioridades del PP.

López Miras precisó, además, que podrá poner en marcha «de inmediato» más de 1.600 viviendas y que para conseguirlo dará «facilidades a promotores y también a compradores con incentivos fiscales, con menos impuestos y con menos trabajos burocráticos».

Tasas que, en el caso de la Región de Murcia, están incluso por debajo de ese 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales que quedó establecido en la Declaración de Asturias para todas las comunidades gobernadas por el PP.

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