El motín en el CIE de Aluche reabre el pulso entre la Policía y las ONG

«Les asesoran desde el minuto uno para que lo consigan», denuncian fuentes policiales, que apuntan a que la clave está en los tiempos. Una vez un individuo ha ingresado en el centro, previa incoación de un expediente de expulsión, según la ley, el internamiento tiene una duración máxima de 60 días, sin que pueda acordarse uno nuevo y, a partir de entonces, quedando en libertad.

Según denuncian agentes destinados en el CIE —aunque sin aportar pruebas de las conversaciones—, los trabajadores de las ONG recomendarían durante sus visitas a los internos alargar estos plazos para poder salir del centro. Esto imposibilitaría posteriormente la localización y notificación del expediente de expulsión para hacerlo efectivo, dado que estas personas no cuentan con residencia legal, quedando en un limbo en territorio español.

Un ejemplo de las prácticas que los inmigrantes ponen en práctica, según la Policía tras ser asesorados por las ONG —un derecho que reconoce el artículo 16 del Real Decreto 162/2014— es, una vez se lleva a cabo la expulsión, «liarla» antes de subir en el avión de regreso para que los responsables de la aerolínea se nieguen a trasportar a estas personas a sus países de origen. Un método que, como se apuntaba, favorecería que no pudiera ser expulsados 'a posteriori' del país, dado que, habiéndose sobrepasado los 60 días de internamiento, el implicado en el procedimiento no podría ser devuelto de nuevo al CIE.

Pueblos Unidos y Cruz Roja, que prestan este tipo de atención a los internos, son dos de las organizaciones señaladas por los agentes que trabajan en este centro situado en Madrid (hay otros siete distribuidos por España). Y, si bien desde la segunda no hacen declaraciones al ser preguntados por esta cuestión, desde Pueblos Unidos niegan recomendar este tipo de prácticas a los internos.

«Nunca hemos recomendado generar violencia para evitar la deportación», trasladan desde la ONG a este periódico y afirman: «El CIE es un lugar terrible tanto para Policías como para los internos». La continua rotación de ambas partes sería el ejemplo de esta realidad.

Denuncian que la Policía les acusa «constantemente» de promover estas prácticas, pero que la violencia que en ellos se origina se debe a la frustración que genera que muchas de estas personas sean destinadas allí de forma «arbitraria». Sí reconocen que muchos internos se autolesionan para dificultar la repatriación, algo que parece que pudo ocurrir el viernes pasado, pero no bajo su recomendación.

En cuanto a calificación carcelaria que hacen de estas instalaciones, la realidad es que estas personas están privadas del «derecho deambulatorio». En cambio, la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, la primera que hizo referencia a este tipo de centros, estableció que los locales no tienen «carácter penitenciario».

Por otro lado, ambas partes chocan en las denuncias cruzadas que hay entre los internos y agentes de la Policía. Estos últimos señalan que los trabajadores de las organizaciones humanitarias visitan recurrentemente a los inmigrantes para, a partir de «lo mínimo», presentar denuncias contra el centro o los agentes, «a sabiendas de que éstas no tienen ningún recorrido». Esto, según fuentes policiales, funcionaría como un incentivo para los internos que continuarían llevando a cabo con estas prácticas, al no iniciarse procedimientos contra las denuncias falsas.

Como en el caso anterior, los responsables de las ONG consultados dan otra explicación para el mismo fenómeno. Reconocen que las denuncias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación a temas de maltrato no tienen recorrido, pero apuntan al miedo que sienten los inmigrantes, que les impediría seguir adelante en los trámites legales.