Montón ocultó al Congreso la compra de una nueva casa con tres hipotecas por casi 600.000 euros

La Ley Electoral obliga a los diputados a formular una declaración de bienes «tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios», pero también «cuando modifiquen sus circunstancias». La interpretación que hacen los letrados del Congreso es que para actualizar la declaración de bienes el cambio patrimonial debe ser «sustancial», como sucede en este caso.

Las Cortes no han fijado plazo para las presentaciones de bienes pero todos los juristas consultados coinciden en que año y medio excede sobradamente el margen razonable que entendía el legislador al establecer que el patrimonio debe actualizarse «cuando» sufra modificaciones. De hecho, los parlamentos autonómicos que sí han regulado este plazo fijan como límite la inscripción de una propiedad en el registro o la finalización del siguiente periodo de sesiones.

El matrimonio Montón-Hernández realizó las cuatro operaciones –las tres hipotecas y la compra– el 23 de enero de 2012 y su última casa quedó inscrita en el Registro de la Propiedad el 23 de febrero. Sin embargo, la exministra no comunicó este sustancial cambio de patrimonio a la Cámara hasta el 14 de junio de 2013, después de que se hubieran completado dos periodos de sesiones y fuera a finalizar el tercero. La anterior declaración de bienes de Montón está fechada el 5 de diciembre de 2011 y fue publicada por el Congreso el 9 de enero de 2012, por lo que solo fue veraz durante unos días.

Los tres citados préstamos de la exministra se salen de la operativa habitual de las entidades financieras porque fueron concedidos sobre el mismo bien, constituidos el mismo día y con la misma entidad, Bankia, pero con rangos completamente distintos. El primero ascendió a 256.473,2 euros, con un plazo de amortización de 300 meses y un interés ordinario del 2,597 por ciento anual. El segundo fue de 193.726,8 euros, con un plazo de 357 meses y un interés del 1,5 por ciento. Y el tercero se cerró por los 131.000 euros restantes, un plazo de 358 meses y un interés del 1,595 por ciento, según consta en la hoja registral del inmueble a la que ha tenido acceso ABC.

Además, la socialista los disfrazó como si fueran uno solo. «Préstamo hipotecario concedido por Bankia», consignó en el apartado de «Préstamos, descripción y acreedor» de la declaración que presentó ante el Congreso. Al indicar la financiación obtenida sumó los tres créditos y anotó 290.600 euros –el otro 50 por ciento correspondía a su marido–, y eludió describir a qué correspondía esa operación.

La falta de transparencia de la exministra en torno a esas tres operaciones destaca aún más al comparar cómo rellenó ese apartado y cómo procedió con otros de la misma declaración y de la de 2011. Así, en el bloque de depósitos y cuentas financieras de 2013, Montón sumó los saldos de todos su productos, pero indicó que el montante correspondía a «tres cuentas corrientes». Y en su declaración anterior, la de 2011, la exministra no sumó su pasivo sino que especificó que contaba con tres créditos hipotecarios diferentes contraídos en 2004, detallando el importe de concesión, el saldo pendiente y el objetivo de cada uno de ellos.

También en ese caso todos habían sido contraídos con la misma entidad (Bancaja) y dos habían sido firmados el mismo día (el 8 de octubre) para el mismo bien, otra casa con garaje de la Comunidad Valenciana, correspondiendo el tercero a otro inmueble adquirido en Madrid. En esa misma declaración la exministra también detalló ser titular de dos cuentas y un depósito a largo plazo.

ABC ha pedido la explicación de Montón sobre por qué tardó año y medio en comunicar sus modificaciones patrimoniales al Congreso, y por qué camufló como un único crédito lo que en realidad eran tres. La reacción de la socialista ha sido encargar al despacho de abogados Gran Vía 63 que responda en su nombre, y la comunicación recibida por este diario no despeja esas incógnitas sino que se centra en asegurar que la exministra «siempre ha cumplido con legalidad y transparencia». De hecho, la abogada de Montón, Rosa Barcenilla, vuelve a maquillar los tres inusuales créditos como si fueran uno solo.

«Fruto de la compra de una vivienda se procedió a refinanciar la deuda familiar, quedando la nueva hipoteca pendiente (tras dicha refinanciación) reflejada debidamente en su posterior declaración», señala para justificar los casi 600.000 euros.

En esta refinanciación podrían haber entrado los tres créditos hipotecarios que el matrimonio tenía en diciembre de 2011 –con saldo de pendiente de 260.198,82 euros para el matrimonio–, ya que desaparecen en la declaración de 2013. Pero Barcenilla no explica con qué garantías se hizo la operación.

La abogada de Montón también subraya que el Congreso «no puso ninguna objeción ni reproche» a las declaraciones. Pero la Cámara no revisa ni investiga los datos de los diputados porque presupone su actuación ejemplar. El Congreso se limita a asesorar sobre cómo debe realizarse la declaración y comprobar que, desde un mero punto de vista formal, se ha rellenado correctamente.

Ante la falta de respuestas, los auditores consultados por ABC no encuentran lógica financiera ni fiscal a la distribución de la financiación en tres operaciones distintas con la misma finalidad, fecha y entidad pero rangos diferentes. En este sentido, apuntan a que la operación pudo encerrar algún tipo de trato de favor hacia la socialista. Una hipótesis que explicaría por qué Montón no quiso dar a conocer las operaciones al principio y por qué quiso hacerlas pasar después por un solo préstamo. «Recordemos que 2012 era un año de restricción del crédito», destacan, incidiendo en el elevado montante de la operación y en que la firma de tres créditos era mucho más caro para el hipotecado porque tenía que costear tres actas notariales y otras tantas escrituriales. Y para la banca, el objetivo en ese momento era reducir su volumen de hipotecas, no elevarlo.

Otra anomalía de las declaraciones de la exministra tiene que ver con su firma, distinta en 2011 y 2013 (ver arriba). Cabe recordar que cuando los diputados entregan sus formularios se comprometen a haber «comprobado personalmente todos los datos», y manifiestan que «recogen fielmente sus rentas y bienes».

El secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, denuncia la poca información que trasladan las declaraciones de bienes que realizan no solo los diputados y senadores sino todos los altos cargos del Gobierno y comunidades. «Deberían realizar un ejercicio de transparencia económica total y que sus declaraciones de bienes se completasen como las de la Renta y Patrimonio para que los valores sean homogéneos», reclama.

En este línea, subraya que los parlamentarios consignan el valor de sus inmuebles según el valor catastral –muy inferior al de mercado –pero declaran los préstamos hipotecarios conforme a su importe real, lo que impide conocer su patrimonio. «Si cruzamos un dato con otro obtenemos que todos los parlamentarios están en bancarrota y no es así», lamenta. Mollinedo pide más transparencia en este punto y también en cuanto a las percepciones totales que percibe cada diputado y cuáles están exentas de impuestos. Los ciudadanos solo pueden conocer esa información investigando los cargos de cada parlamentario.

Como agravante de esa escasa transparencia, las Cortes presuponen la corrección de todos sus parlamentarios y no investigan la veracidad de sus declaraciones, ni les sancionan cuando posteriormente se acredita que falsearon los datos. «No hay medios para eso», intentan justificar fuentes oficiales del Congreso, a pesar de que es una ley de rango orgánico, la Electoral, la que establece la obligación de los parlamentarios de formular sus declaraciones en los términos que prevea cada Cámara. La polémica actuación de Montón en 2012 vuelve a poner de manifiesto la necesidad de avanzar en transparencia y las lagunas que genera la regulación actual.