Montero oculta al Senado el acuerdo del concierto catalán

Montero dijo así que iba a «mantener la cabeza fría» para no dejarse llevar por el clima de confrontación y, a partir de ahí, inició un discurso plagado de críticas al Partido Popular. Sobre el acuerdo entre el PSC y ERC que permitió la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat despejó pocas dudas. Se negó a llamarlo concierto, aseguró que los catalanes seguirán contribuyendo a la solidaridad del resto de comunidades autónomas y marcó su origen en el texto del Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlament en el año 2005. En todo momento se remitió a la literalidad del pacto firmado entre los socialistas catalanes y Esquerra, lo que sirvió a la también ministra de Hacienda para despachar las críticas que recibía de ambos lados del espectro político. «Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Y lo que no dice el acuerdo, no lo dice», sentenció.

Y, ateniéndose a esa literalidad, tampoco aclaró los entresijos de un pacto orientado a la creación de una Hacienda catalana que estará encargada de la recaudación de los impuestos de la comunidad para, después, aportar una contribución a la arca común basada en una solidaridad marcada por el principio de ordinalidad. Para explicarlo, Montero se negó a compararlo con nada de lo existente y reivindicó la novedad de la fórmula. «En política hay que innovar como se innova en la vida misma. Las fórmulas de siempre no arreglan los retos del futuro», reivindicó.

Este malabarismo verbal no dejó satisfecho a nadie y tanto Junts como ERC lanzaron serias advertencias al Gobierno en su turno de réplica. La amenaza de los de Carles Puigdemont fue directa aludiendo al «mágico número siete», que corresponde a los diputados que el partido tiene en el Congreso y que pueden poner en peligro la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. En un discurso plagado de metáforas, el senador neoconvergente Eduard Pujol rechazó pasar del famoso café para todos a un «calimocho fiscal» y avisó de que, para su partido, la solución solo pasa por el concierto económico. «Ojo con las trampas, ni con Junts ni con Cataluña las cosas están para demasiados juegos. Si no cumplen, 'game over'», avisó.

Desde ERC el grueso del discurso se dedicó a reivindicar el pacto y la necesidad de avanzar en sus aspiraciones secesionistas, pero tampoco faltaron los avisos recordando al Gobierno la debilidad de su mayoría en el Congreso. «Los acuerdos están para cumplirse y no hacerlo tendría consecuencias», dejó claro la senadora Sara Bailac anticipando una respuesta «clara, firme y decidida» si el Ejecutivo no colma sus expectativas. Este aviso fue recibido por la vicepresidenta, que contestó a los republicanos asegurando que el acuerdo se cumplirá «al cien por cien en su literalidad». También endulzó Montero los oídos a los miembros de ERC alabando su «valentía» por «poner los intereses de los catalanes por encima de consignas o eslóganes electorales».

Con Junts quedó clara la distancia, Montero dijo no entender su postura política, pero evitó romper puentes aludiendo a un futuro entendimiento. «El siguiente puerto, los Presupuestos», emplazó la vicepresidenta pidiendo a los de Puigdemont que empiecen dando su visto bueno a la senda de estabilidad.

El debate en el Senado siguió así en el terreno de la confrontación política sin aclarar el futuro de la financiación de las comunidades autónomas, que ven con temor que una negociación bilateral con Cataluña merme los recursos que reciben para la financiación de sus servicios públicos. «Esto no es más que una financiación a la carta independentista», resumió el senador popular Gerardo Camps en un pleno tenso, en ocasiones interrumpido por gritos desde la bancada. «Es un Gobierno que no gobierna, un Gobierno ocupa, que está pero no ejerce, un Gobierno zombi», cargó preguntando dónde están los socialistas «defensores del principio de igualdad». Mientras, como también era de esperar, las críticas de Vox elevaron el tono: «El texto suscrito entre el PSC y ERC es un documento de clara inspiración golpista», dijo el senador Ángel Pelayo.

Y, en medio del clima de incertidumbre que rodea la futura financiación catalana, PNV y UPN se esmeraron en dejar claro que no tiene nada que ver con los regímenes propios de los que gozan el País Vasco y Navarra, anclados en sus derechos históricos y contemplados en la Constitución, aunque cada formación dejó patente su diferente visión del acuerdo firmado para Cataluña. Desde el PNV, la senadora María Dolores Etxano celebró que Cataluña «avance en su autogobierno» y aceptó que otras autonomías puedan aspirar a pactos similares. «Pero esta financiación singular ni es un concierto vasco ni navarro», subrayó. Estas últimas palabras las pronunció de manera similar la senadora de UPN María Caballero, aunque ella en oposición al pacto catalán, «el mercadeo político y los intereses de poder». Según reivindicó, el fuero navarro es «contrario a la confrontación territorial, solidario con el resto de españoles, hunde sus raíces en los derechos históricos y está amparado en la Constitución».

Oído esto, María Jesús Montero se marchó igual que había llegado, tras cuatro horas de debate y con poca luz que aclare la cuestión.