Moncloa quiere retomar la polémica reforma de la ley Seguridad Nacional

Ha sido Óscar López, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien este martes ha lanzado el guante a los grupos parlamentarios para recuperar un texto que el Gobierno presentó hace ya dos años al Congreso. Entonces, ERC y Junts fueron quienes intentaron tumbar la reforma legislativa en la Cámara Baja en plena polémica con el sistemas Pegasus; y el PP, Vox y Ciudadanos fueron quienes permitieron que superase su primer trámite parlamentario para no sumarse a los partidos independentistas, aunque dejando claro sus discrepancias con el texto. Pero al final todo eso dio igual porque la disolución de la legislatura hizo decaer la reforma igual que el resto de iniciativas legislativas.

La propuesta del Ejecutivo de reforma de la ley de Seguridad Nacional, del año 2015, contenía algunos aspectos polémicos e incluso de dudosa legalidad, como la capacidad del jefe del Ejecutivo para declarar situaciones de emergencia mediante real decreto «si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan», sin pasar por el Parlamento u órganos judiciales. Esto haría que, por orden del presidente, los ciudadanos podrían ser obligados a realizar «prestaciones personales» o «colaboraciones materiales», abriendo la puerta a movilizar a la población civil o a realizar expropiaciones.

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El proyecto de ley contemplaba también la regulación de un catálogo de recursos públicos y también privados con el objetivo de conocer con exactitud todos los medios con los que cuenta el Gobierno y poder decretar su movilización en situación «de interés para la seguridad nacional». Esto hizo saltar todas las alarmas sobre posibles expropiaciones, ante la indeterminación del texto: «La actuación de la Seguridad Nacional permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas, e incluso aquellos que estuvieron en manos de particulares, mediante el ejercicio de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico».

Apelando a esa misma situación de interés para la seguridad nacional, el Gobierno se reservaba la potestad de «decretar la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, la suspensión de actividades», aunque en este caso sí con derecho a indemnización.

Y el mismo modelo incluía el texto para la movilización de personas en caso de emergencia, declarando su «deber» de colaborar «personal o materialmente» en caso de requerimiento de la autoridad competencia. «En los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes», declaraba el Ejecutivo, dejando claro que sería «sin derecho a indemnización».

Esta reforma es la que el Gobierno quiere retomar esta legislatura, aunque Óscar López no ha precisado si es el propio Ejecutivo el que está dispuesto a tomar de nuevo la iniciativa mediante la aprobación de un proyecto de ley o prefiere que sean los grupos parlamentarios los que presenten un texto propio. El director de Gabinete de Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso, se ha limitado a tender la mano a la Cámara para aprobar la reforma, un debate que ha asegurado que estaba «muy avanzado» en la anterior legislatura.

«El Gobierno tiende la mano y la voluntad de llegar a un acuerdo porque es el interés de todos», ha asegurado interpelando directamente al PP. «De acuerdo, renovemos, pero intentemos hacerlo por consenso. Porque ustedes entienden el consenso como una cuestión unilateral», ha respondido el popular Rafael Hernando, que ha aprovechado su intervención para reprochar al representante de La Moncloa sus acuerdos de investidura, concesiones al independentismo o el cambio de postura respecto al Sáhara.