Casi la mitad de los inmigrantes encerrados en los CIE no llegan a ser expulsados

El informe, introducido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en presencia del Rey Felipe VI en el Tribunal Supremo, reclama iniciativas públicas para un abordaje más garantista de las cuestiones relativas a la extranjería y a la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes. Insta, por ejemplo, a garantizar que tienen acceso a la justicia quienes se encuentran en situación irregular, «incluyendo mecanismos eficaces que les permitan presentar reclamaciones contra sus empleadores».

Para la Fiscalía General, cuya memoria bebe de los análisis que remiten las fiscalías de toda España, «un importante problema lo constituye el tratamiento jurídico de los inmigrantes irregulares no expulsables por diferentes razones, fundamentalmente porque no pueden ser documentados debido a la inactividad o falta de reconocimiento de los países de origen; y que permanecen en un espacio carente de derechos», el conocido como «no lugar».

Noticia Relacionada

Los homicidios cometidos por menores superan el centenar por primera vez y se disperan un 46% las agresiones sexuales

Cruz Morcillo

Los 'influencers' que incitan al suicidio a menores, en el punto de mira de la Fiscalía

Estos perfiles están «abocados a ser víctimas de explotación o a caer en redes delincuenciales, dado que no pueden regresar a sus países de origen ni pueden trabajar en el nuestro por carecer de los correspondiente permisos». «El miedo al conocido como «efecto llamada», hace que estas personas permanezcan durante largo tiempo en este limbo legal, ante la ausencia de que se les confiera un estatuto jurídico propio que les permita el acceso a sus derechos básicos, lo que sin duda debe ser remediado mediante las iniciativas legislativas pertinentes», añade.

En este sentido, pone el foco en los Centros de Internamiento de Extranjeros e incide en que «debe asentarse el principio en caso de duda, pro libertad, tanto si las dudas proceden de no tener clara la posibilidad de repatriación, como si las mismas derivan de las concretas circunstancias personales» del afectado, dado que se trata de una medida de privación de libertad y por tanto, lesiva de derechos fundamentales.

Considera que «deberían valorarse otras posibilidades ya instauradas en otros países, que, con el mismo objeto, no supusieran una restricción tan extrema de privación de libertad, como por ejemplo los pisos tutelados». Urge en este punto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional a «adoptar prácticas que eviten la importante diferencia entre el número de personas ingresadas y las efectivamente expulsadas» porque «casi la mitad» no llegan a ser repatriados pese a estar privados de libertad «un número importante de días, incluso por plazos cercanos al agotamiento» (el máximo son 90 días).

Y por eso ve «exigible de las autoridades policiales competentes» una «investigación más exhaustiva, previa a solicitar el internamiento, así como que se encuentren avanzadas, o al menos iniciadas con perspectivas de éxito, las gestiones necesarias para conseguir la documentación precisa para la repatriación, en aras a evitar internamientos innecesarios o internamientos de duración excesiva».

Durante el año 2022, los fiscales emitieron 2.726 informes sobre internamiento cautelar de extranjeros en los CIE de los que el grueso, 2.247, fueron favorables y 477 desfavorables. Y eso considerando la tasa de«privaciones de libertad innecesarias» que arroja el mismo análisis. Piden por ello que las solicitudes de internamiento incorporen los datos correspondientes a la viabilidad de la expulsión para que sean valorados por el fiscal que tenga que informar sobre si procede o no la privación de libertad.

El análisis cruza la cifra de personas en situación irregular, que la Fiscalía extrae de un estudio de la Carlos III y Fundación Por Causa, con los datos del Ministerio del Interior y concluye menos del 8% de estas personas entraron en España por lugares no habilitados, como las costas o las vallas de Ceuta y Melilla, pese a la idea preconcebida acerca de la inmigración.

El año pasado llegaron así 31.219 personas, de las que 28.930 lo hicieron por mar, fundamentalmente a las Islas Canarias, y la Fiscalía considera que «la respuesta a la llegada» allí «no puede ser provisional». «Esta improvisación no debe permitirse ante una realidad que, aunque con subidas y bajadas, se manifiesta de forma constante», plantea.

En cuanto a las 2.289 personas que accedieron por vía terrestre, cerca de la mitad entraron por Melilla. La Fiscalía, que archivó las diligencias abiertas por la tragedia registrada el año pasado en la zona fronteriza de Barrio Chino donde murieron tres decenas de personas, se para a analizar la aplicación del rechazo en frontera, la figura de la ley por la que los inmigrantes que son interceptados al saltar la valla se devuelven sin más trámite a Marruecos sobre la marcha. 

Insiste en que las sentencias del Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalaron esta práctica no daban barra libre e imponían observar ciertas garantías como distinguir a los solicitantes de asilo. Reconoce la dificultad del trámite en un momento así, con decenas de personas saltando al tiempo o cruzando un espigón y por eso, propone que se les deje pasar, como ocurre con los llegados en patera, y se les lleve a un centro de atención temporal por un plazo máximo de 72 horas para, una vez identificados y sabiendo que no son refugiados, se proceda a su devolución.

Pero sí hay un foco de vulnerabilidad en la población extranjera es la trata de personas con fines de explotación. El 98% de las víctimas tienen nacionalidades distintas de la española y más de dos tercios se encuentran en situación irregular o han solicitado asilo. La memoria alerta sobre el paulatino incremento de menores de edad detectadas en la trata con fines de explotación sexual: En total, fueron identificadas 231 víctimas el año pasado de las que trece eran menores, cifra que casi triplica la de 2021. Se contaron 276 imputados por estos delitos, de los cuales 162 son hombres, 107 mujeres y 7 personas transexuales.

En cuanto al mecanismo de captación, de mantiene la forma del engaño con la promesa de una vida en Europa que acarrea una deuda que deviene impagable, pero la Fiscalía alerta del empleo de redes sociales en modelos mixtos: a golpe de anuncios y contactos en aplicaciones de mensajería porque «al no estar definido penalmente ese uso» a veces «no se puede constatar al inicio de las investigaciones».

Reclama la elaboración y aprobación de una Ley Integral contra la trata de personas, pero también una «adecuada definición y penalización de los delitos finales, los delitos de explotación», que se reforme el sistema de acceso a permisos de residencia para estas mujeres, a las que se exige colaboración con la investigación policial; y que se persiga «cualquier forma de proxenetismo, adoptando un sistema abolicionista frente a la prostitución, al estilo del modelo francés».