Tres inocentes, a prisión dos años para evitar un ridículo policial

El secretario de Estado de Interior, procesado por su supuesta participación en la denominada operación Kitchen, el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas con fondos del Ministerio del Interior supuestamente en beneficio del Gobierno de Mariano Rajoy, contesta con un lacónico «pues díselo pf» (por favor). Media hora después García Castaño vuelve a escribir a Francisco Martínez: «Dice que le apetece hacer lo que debía pero que no lo hará jaja». El número dos de Interior parece alarmado: «Ay, madre.…», responde. El comisario trata de tranquilizarlo: «Tranquilo. Esta noche mi señorito dirá que esta todo arreglao».

Efectivamente, el 5 de noviembre Andreu tomó declaración a los tres detenidos y los envió a prisión preventiva, en línea con los solicitado por la Fiscalía. De hecho, no podía haber tomado esa decisión sin que el ministerio público la hubiese solicitado.

El juez aseguró en un contundente auto que los tres sospechosos formarían parte de «una red yihadista radical operativa en España y disponible tanto para cometer atentados terroristas como para cumplir con un extenso catálogo de actividades complementarias que igualmente sustentan la estrategia global de la organización terrorista islamista denominada Daesh», al frente de la que situó al marroquí Y.E.M., considerado el cabecilla de la red que se mantuvo en prisión provisional hasta el 21 de diciembre de 2017.

En enero de 2018, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le absolvió, igual que a los otros dos investigados A. E. y W. O., en una sentencia de los magistrados Julio de Diego, José Ricardo de Prada y Juan Pablo González. Concluyeron que aunque su conducta era «atípica» -almacenaban documentales de la yihad global y uno de ellos guardaba el número de teléfono del autor de un atentado frustrado en Francia- sus comportamientos no constituían ninguna «infracción penal».

«No basta la mera radicalización ideológica de los acusados sin que se pueda constatar que ha existido un efectivo peligro o riesgo del bien jurídico que tutelan los delitos de terrorismo», reflejó entonces la sentencia. Las conversaciones entre los detenidos y de éstos con otras personas ajenas al procedimiento que la Policía aportó como pruebas, así como la documentación y el material audiovisual que se encontró en sus domicilios, no se consideró suficiente para atribuirles delitos de pertenencia a organización terrorista ni autoadoctrinamiento. La Fiscalía lo recurrió pero el Tribunal Supremo confirmó la absolución en junio de 2019.

La defensa del absuelto Y.E.M. reclama al Ministerio de Justicia una indemnización patrimonial de 200.000 euros por el tiempo que pasó injustamente en prisión preventiva ante la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo aún debe resolver al respecto. Un segundo afectado inició también los trámites en la vía administrativa, mientras que en el caso del tercero ABC no ha podido confirmar en qué fase se encuentra la reclamación.

El juez Andreu negó ayer a ABC haber mantenido la conversación telefónica a la que se refirió el comisario García Castaño en los mensajes intercambiados con Francisco Martínez: «Pongo la mano en el fuego. No he hablado con Enrique García Castaño ni con nadie sobre poner en prisión a alguien. En mi vida profesional jamás nadie se ha dirigido a mí para decirme qué decisión debo tomar o sugerirme qué hacer con un detenido. No lo hubiera consentido jamás».

Los protagonistas

Juez de la Audiencia Nacional

Fernando Andreu

En 2015 era el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 que acordó la prisión provisional contra los tres marroquíes detenidos como presuntos yihadistas.

Ex secretario de Estado

Francisco Martínez

Las conversaciones del móvil del ex número dos del ministro Jorge Fernández Díaz con la cúpula policial y miembros del PP están a disposición de los investigadores.

Comisario de la Policía Nacional

Enroque García Castaño

El ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía es otro de los procesados en Kitchen y uno de los principales investigados del caso Villarejo

Comisario provincial de Málaga

Enrique Barón

Con amplia trayectoria en la lucha antiterrorista, en 2015 era jefe de la Comisaría General de Información. Desde 2021 está al frente de la Policía en la provincia de Málaga.

El magistrado Andreu insistió en que se respetaron los derechos fundamentales de los entonces investigados y si estuvieron dos años privados de libertad fue porque se consideró que había indicios suficientes de delito contra ellos. Reconoce que no es la primera vez que se encuentra con que mandos policiales investigados en el caso Villarejo le aluden en conversaciones internas para atribuirle palabras o comportamientos falsos: «Fui a coincidir en un momento dado con personas que ahora mismo se demuestra que no tendrían que haber tenido mi confianza. Hay cosas que se han dicho de mí que son absolutamente falsas».

Por su parte, Enrique Barón, actual comisario provincial de Málaga, también negó ayer que efectuara esa llamada a García Castaño y aseguró que él «jamás» ha pedido a un juez que «coloque a unos detenidos». Atribuye el mensaje del comisario García Castaño a su afán por «hacerse pasar por imprescindible» y ser «protagonista». El mando policial aseguró que las diligencias policiales fueron «impecables», pese al resultado del juicio.

Mientras, Francisco Martínez declinó realizar comentario alguno más allá de que «los asuntos relativos a la Comisaría General de Información están clasificados como secreto». Por último, no ha sido posible recabar la versión del comisario jubilado García Castaño por razones de salud.