El mediador acumuló 30.000 audios con la trama del exdiputado socialista Tito Berni

La causa arrancó, como reveló este diario, con la detención de Navarro hace poco más de un año. Un empresario le señaló por estafa. Había cargado gastos a su cuenta bancaria sin tener autorización. Ante la Policía Nacional, tardó poco en pretender un acuerdo y ofreció sus móviles. Sólo en uno de ellos había 60 gigabytes de archivos, incluido el material que acabaría alcanzando al diputado Fuentes Curbelo, a su sobrino Taishet, que hasta el año pasado era director General de Ganadería del Gobierno de Canarias; y al general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, el único de momento en prisión provisional.

La tesis, que hasta siete empresarios insulares y peninsulares les habrían pagado mordidas y regalos a cambio de un despliegue de influencias que les abriría mercado. Según informaron en fuentes jurídicas a ABC, cuando desfilaron ante la juez la semana pasada todos reconocieron los hechos, pero no el delito. No ven que se tratase de un cohecho, por más que mediasen viajes, estancias hoteleras, puros, quesos o prostitutas. Hablaban de una estafa porque, aseguran, nada de lo prometido por Navarro se llegó a materializar.

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Los investigadores ya hablan del mediador como un «Villarejo desordenado» por la cantidad de información que fue acumulando, incluyendo fotografías en prostíbulos, como la que reveló el sábado este diario. Guardaba incluso pantallazos de las videollamadas e imágenes de cada comida y reunión mantenida al hilo de la trama, el mismo del que han tirado los investigadores en diligencias bajo secreto hasta las detenciones del pasado martes. Así, consta ya que el mediador había ingresado en cuentas de terceros, como la de su mujer, más de 140.000 euros que se presume procedían de los empresarios. Y que varios de ellos hicieron pagos de 5.000 euros a un club de fútbol que presidía el diputado Fuentes Curbelo, bajo sospecha de haber también recibido dinero en efectivo.

Además de abrir mercado, la trama habría ofrecido otro tipo de servicios. Navarro, que ha prestado declaración en tres ocasiones, apuntó que el diputado influía en Taishet Fuentes para que «borre o 'esconda' ciertos expedientes» de empresarios, ya que desde la Dirección General de Ganadería tenía «acceso a ello directamente». La investigación trata de esclarecer si la trama generaba el problema al empresario para luego hacerle pagar por una solución o directamente buscaban empresarios en problemas.

En el caso del quesero Alberto Montesdeoca, imputado, los informes policiales apuntan a que tenía incoado un expediente sancionador por importe superior a 74.000 euros. Pagó los 5.000 a la asociación deportiva del diputado y recibió una factura de «contribución fútbol base», aunque consta una conversación con el mediador en la que le pide más justificantes. Él, a renglón seguido, escribe a Fuentes Curbelo, que tenía una asesoría, y le pide que genere facturas al empresario. Sin embargo, el personaje clave en este ámbito es Miguel Ángel Robayna, aspirante a «sucesor» del mediador y encargado de «proporcionar facturas falsas» para cubrir el dinero que aportaban los empresarios, utilizando una sociedad de la que era titular. Está imputado.

Lo del quesero, en cualquier caso, no salió bien. Por el camino, Navarro le envía un pantallazo con el entonces director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, sobre su expediente: «Que lo recurra bien justificado y le echamos una mano», le dijo este alto cargo. No es el único al que salpican las fotos guardadas por el mediador. Aparece otro director general, como el de Medio Ambiente, José Domingo Fernández, en una comida con el diputado y miembros de la trama.