La mayoría del PP en el Senado puede crear un infierno legislativo para la acción de Sánchez y sus socios
Podrá ralentizar leyes, torpedear los Presupuestos Generales del Estado e impulsar comisiones de investigación
Junts lleva al límite la negociación sobre la Presidencia del Congreso

Se habla mucho estos días de las negociaciones para formar la Mesa del Congreso. Se suceden los nombres para presidirla, con debates sobre qué partido debe ostentar ese puesto de privilegio y vetos sobre quién debe estar ausente en ella, pero nada o casi ... nada trasciende sobre lo que ocurrirá a la misma hora con la constitución de ese mismo órgano en el Senado. La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta ha restado interés al asunto, pero no por ello deja de ser relevante lo que ocurra finalmente allí el próximo jueves. No tanto por el rostro que elija Alberto Núñez Feijóo para ser la cabeza visible del Senado, sino por lo que la cámara territorial pueda suponer en una supuesta legislatura gobernada por el PSOE de Pedro Sánchez y apoyada por los socios independentistas.
En el Senado no hay duda de que el presidente será una persona del Partido Popular. La mayoría absoluta lograda por el PPen las elecciones del 23J le permitirá invertir la tendencia progresista de la Mesa en los últimos cuatro años, en los que estuvo presidida por el PSOE, los dos últimos por Ánder Gil. Los populares acapararán cuatro de los siete puestos del órgano de control gracias a sus 144 senadores –120 electos y 24 por designación autonómica–, lo que les dará un control claro de la cámara.
Ese dominio en el Senado ejercería de muro de contención a un hipotético Gobierno del PSOE con Sumar, y el apoyo de ERC, Bildu, PNV, Junts y el resto de socios necesarios para alcanzar una mayoría en la investidura. Al ser una cámara legislativa de segunda lectura, desde este hemiciclo se podría ralentizar la aprobación de las leyes que llegaran desde el Congreso. Cada una de esas iniciativas negociada y aprobada por los grupos en el Parlamento debe ser ratificada en el Senado, que puede introducir enmiendas o, incluso, vetos. El proceso normal de deliberación es de hasta dos meses, a no ser que se trate de iniciativas consideradas de urgente tramitación, en cuyo caso ese tiempo se acorta a veinte días. En cualquier caso, si el Partido Popular quisiera, podría alargar considerablemente cualquier ley promovida por el Gobierno antes de su aprobación definitiva en el Congreso.
El infierno legislativo se le podría complicar más al PSOE si el control de la Mesa del Parlamento cae en manos del bloque conservador. En ese caso, con la potestad que tendrían el PP y Vox de alargar los plazos de enmiendas en la Cámara Baja, obligaría al Ejecutivo a gobernar a golpe de real decreto ley, algo que ya ha hecho durante la última legislatura, pero que tendría que multiplicar en la siguiente.
Tope al techo de gasto
Más allá de esta ralentización en la aprobación de las leyes, el Senado tiene entre sus atribuciones exclusivas dos asuntos que pueden torpedear mucho la labor gubernamental. Una tiene que ver con el «el límite de gasto no financiero» (denominado techo de gasto) que da la prerrogativa al Senado de decidir el marco económico de los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, que pueden tumbarlos si el Gobierno se excede de lo que la Cámara Alta entiende como un gasto máximo. La segunda atribución exclusiva tiene que ver con el artículo 155, por el que pueden intervernir una comunidad autónoma a petición del Consejo de Ministros. Parece complicado que un Ejecutivo del PSOEapoyado por los separatistas pueda invocar la activación de este artículo, pero no hay que olvidar que en el pasado voces críticas con la gestión en la Comunidad de Madrid y su política tributaria pidieron aplicar el 155 en esta región para tumbar las medidas adoptadas por Isabel Díaz Ayuso. Con la mayoría del PPen el Senado, la presidenta popular estaría blindada en este sentido.
El Senado también podría bloquear los nombramientos en órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, ya que una parte de sus miembros deben ser nombrados por la Cámara Alta. Además, la activación de comisiones de investigación es otra de las funciones del Senado que pueden complicar al Gobierno, pues aunque sus conclusiones no sean vinculantes, sí que sirven para fomentar la llamada 'condena de telediario'. En el pasado se ha podido ver cómo políticos de todo signo ideológico tenían que pasar por este tipo de comisiones y comparecer ante ellas, obligados a opinar sobre temas espinosos. Asunto incómodo, aunque inocuo judicialmente.
Será el miércoles, cuando Feijóo anuncie los candidatos para ocupar un puesto en la Mesa de las Cortes. Nombres consensuados por el gallego con su círculo más cercano. En el caso del Senado, los que suenan con más fuerza para estar en el órgano de control son Javier Arenas, Enrique Ruiz Escudero –exconsejero de Sanidad de Ayuso en Madrid– y Rosa Romero.
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