La mayoría del Consejo Fiscal avisa al Gobierno de que el nombramiento de Delgado es «nulo de pleno derecho»

Mismo aviso ha elevado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif), que ha escrito directamente al ministro de la Presidencia en tanto que secretario del Consejo de Ministros para avisar de que dar ese paso conllevará litigiosidad porque se ha designado a Delgado en condiciones de nulidad, ya que no se ha evaluado si incurre en alguna causa de incompatibilidad.

Estas dos asociaciones, juntas, conforman mayoría en el Consejo Fiscal, que no emitió el preceptivo informe sobre el nombramiento porque siete de los once miembros que lo conforman no se pronunciaron por lo que en la AF consideran «causa justificada», esto es: que habían pedido la suspensión del pleno porque ya estaban convocadas las elecciones generales y razones «ética, estética y respeto institucional, impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales»

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Para la AF, esa inexistencia del informe preceptivo ya es razón de nulidad, mientras en la APIF inciden en que al precipitar la celebración del pleno el pasado jueves, se frustró la posibilidad de que la Inspección Fiscal estudiase si Delgado incurría en alguna «causa de incompatibilidad» para ejercer ese cargo. Ponen el foco en su relación personal con Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos, FIGBAR cuyo objeto tiene mucha relación con las tareas que tendrá la Fiscalía de Sala.

«Es competencia del Consejo Fiscal en Pleno apreciar las posibles incompatibilidades a que se refiere el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como la existencia de causas de prohibición para el ejercicio del cargo«, recuerda la APIF, que incide en que pese a tener este órgano tal competencia, el fiscal general »decidió sobre el criterio de que él no apreciaba la necesidad de incoar un Expediente para analizar la cuestión«, de manera que decidió él »lo que era competencia« del pleno »y le permitió soslayar esa garantía legal«.

La mayoritaria defiende que «el informe del Consejo Fiscal no puede considerarse como un mero acto de trámite» porque «tiene por objeto coadyuvar a la propuesta del fiscal general del Estado, mediante las consideraciones que puedan formular los miembros de un órgano mayoritariamente representativo de la carrera fiscal», aunque su carácter efectivamente, no sea vinculante. Que salga un nombramiento sin ese paso supone un incumplimiento del procedimiento legal, conforme señalan.

«La actuación del fiscal general del Estado ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal al decidir, de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros, que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad«, añaden en el escrito dirigido a Llop.

AF aprovecha su misiva a Llop para reiterar que «la estructura orgánica y la función constitucional del Ministerio Fiscal no son cuestiones ajenas al señor Garzón y que de ambas pretende obtener una respuesta satisfactoria a sus postulados traducidos en denuncias ante la Fiscalía».

«No es en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre estarán firmadas por FIGBAR o de las plataformas en la que la citada fundación se integra o cualquiera de sus asesores legales, porque este es precisamente su fin«, sostiene.

Por eso, incide en que situar en su cúspide a Delgado, «cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal Fiscalía Especializada, resulta inadmisible«.

Para la AF, «la decisión contraria supondrá un frontal ataque al principio de imparcialidad, y más aún a su apariencia, dado que cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del señor Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta». «Y es que sentados los criterios con ocasión de cualquier denuncia el principio de unidad de actuación proclamado en el EOMF determinará la forma de interpretar y actuar de la Fiscalía en todo caso», alerta.