Marlaska pierde peso político y se vuelca en la inmigración irregular

En su haber, paradójicamente, está el abortar una de las promesas electorales estrella del PSOE: la reforma de la llamada 'ley mordaza', que había provocado el rechazo unánime de todos los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, que se sumaba a la perplejidad de la mayoría de sus mandos por un cambio que, en los términos en los que se planteaba, era visto con la máxima preocupación. Además, el dispositivo de seguridad de la Cumbre Europea de Granada fue un ejemplo de eficacia de las Fuerzas de Seguridad.

El ministro del Interior ha perdido el último año buena parte del peso político que tenía en el Gobierno, hasta el punto de que con cada cambio en el gabinete su nombre salía en las quinielas como uno de los que podían salir de él. Sin embargo, Marlaska tiene una fortaleza evidente; sus conocimientos en materia de lucha contra la inmigración ilegal y sus contactos con las autoridades de los países clave, que hacen temerario sustituirlo cuando vivimos una presión migratoria de una intensidad casi desconocida.

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Curiosamente, por tanto, un asunto que debería debilitarlo lo ha hecho más fuerte porque en el PSOE ni en su órbita hay una persona con un perfil fiable para gestionar uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país, humano y de seguridad, como el que plantea la inmigración ilegal. Hay que reconocer a Marlaska que este año será el titular de esa complicada cartera que más tiempo ha estado en el cargo, el refuerzo de medios humanos y materiales de las Fuerzas de Seguridad y que haya sido capaz de llegar a acuerdos con países como Mauritania o Senegal para crear equipos conjuntos que combaten sobre el terreno a las mafias que trafican con seres humanos.

La firma del Pacto de Migración y Asilo en la Unión Europea, con sus luces y sus sombras tras años de estancamiento político, también es un importante avance que puede capitalizar en parte el ministro en la medida en que se ha producido bajo la Presidencia española. Pero no todo han sido éxitos.

El Gobierno canario se ha quejado durante meses de la falta de interlocución con el Ejecutivo en general, y el Ministerio del Interior en particular, cuando el Archipiélago es el que sufre en primera línea esa presión migratoria de forma muy superior a la del resto de España. Marlaska tardó en reaccionar bastante más de lo deseable, aunque ahora ese problema parece estar encauzado. Además, ha habido que improvisar medios para poder atender en unas condiciones humanitarias mínimamente dignas la llegada de miles de personas a las costas canarias.

Las cifras de la inmigración ilegal son apabullantes. Hasta el 15 de diciembre habían entrado en España de forma irregular 52.945 personas, lo que supone un aumento del 76,2 por ciento respecto al año anterior, cuando llegaron 30.000. Por vía marítima, el crecimiento llegó al 86,2 por ciento, sobre todo por la situación en Canarias, donde ese porcentaje llega al 140,4 por ciento. En lo que va de año son 7.187 los inmigrantes irregulares llegados allí, la cifra más alta de su historia.

Junto a la inmigración ilegal, la otra gran pata del Ministerio del Interior es la lucha contra la criminalidad. Según las últimas cifras publicadas, hasta septiembre la delincuencia creció un 5 por ciento, en gran medida por el aumento de la cibercriminalidad, muy particularmente de la estafas informáticas. De hecho, los ciberdelitos subieron un 21,5 por ciento respecto al año anterior, lo que no deja de ser lógico por la penetración en la sociedad de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, lo realmente preocupante es que las modalidades delictivas convencionales que más han crecido son, precisamente, las más graves: casi un 10 por ciento los asesinatos consumados y un 20 por ciento los que lo fueron en grado de tentativa, y nada menos que un 12 por ciento las agresiones sexuales, de las que mayoritariamente son víctimas las mujeres. Con penetración, subieron aún más, un 12,3 por ciento.

Desde Interior una y otra vez se justifica la subida constante de las agresiones sexuales porque ahora se denuncia más. Hace años, el argumento tenía una cierta lógica porque muchas víctimas tenían vergüenza a la hora de acudir a comisaría. Ahora no es así y la tendencia es mala, sin paliativos, y el ministerio no es capaz, de momento, de frenarla.

En materia de violencia de género los datos son también pésimos. Cincuenta y cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, seis más que el año anterior, y la cifra más alta desde 2019. Pero hay otros dos casos sospechosos que, de confirmarse, llevarían a las peores cifras desde 2015. Es muy preocupante que 41 de las víctimas no habían presentado denuncia, a pesar de las campañas del Gobierno, y que en 2023 haya 56 huérfanos por este tipo de violencia. Nadie pone en duda los esfuerzos que se hacen para erradicar esta lacra, pero su eficacia deja mucho que desear.

En donde sí hay unos resultados espectaculares es en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Solo la Policía ha intervenido 20.000 kilos más de cocaína que el año pasado, lo que habla de su eficacia aunque también de que el mercado está inundado de droga. Asimismo, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, ampliado a varias provincias andaluzas, sigue dando buenos resultados.

En un ámbito más político, Fernando Grande-Marlaska tuvo su intervención más decisiva con el frenazo a la reforma de la 'ley mordaza' que había prometido Pedro Sánchez y que quería modificar con sus socios de Gobierno; es decir, con Unidas Podemos y los independentistas vascos y catalanes. Al ministro no le gustaba nada el cariz de la reforma y decidió plantarse en tres puntos innegociables: el fin de las llamadas «devoluciones en caliente», que ya habían sido avaladas por el TC, el de la presunción de veracidad de los agentes, que también cuestionaban los aliados del Ejecutivo, y la prohibición a las Fuerzas de Seguridad de utilizar pelotas de goma en caso de alteraciones graves del orden público.

Es cierto que el marzo pasado lo paró, pero también que el futuro en esta materia es incierto, porque con un PSOE más a merced de sus socios que nunca no se puede garantizar que lo que ayer eran «líneas rojas» mañana sean «reformas imprescindibles de un Gobierno de coalición progresista», por utilizar terminología al uso.