El Gobierno cuestiona al Supremo: insiste en que la devolución de menores inmigrantes fue legal

El Gobierno ha enmendado la plana al Tribunal Supremo por la sentencia que declaró ilegal la devolución a Marruecos de cerca de 50 menores en agosto de 2021 tras la crisis vivida dos meses antes, en la que alrededor de 12.000 personas entraron ilegalmente en territorio español. Tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de «acatar la sentencia», han afirmado que la deportación se produjo acorde al ordenamiento jurídico, cuando el Alto Tribunal resolvió que la operación, liderada por Interior, pasó por alto los requisitos recogidos en la Ley de Extranjería y vulneró la integridad física y moral de los menores.

La primera en revolverse contra el nuevo varapalo del Supremo al Ministerio del Interior, que se suma a la reprobación por el cese del coronel Pérez de los Cobos entre otras polémicas, fue Pilar Alegría. La portavoz defendió tras el Consejo de Ministros que las autoridades competentes «siempre actuaron de buena fe, conforme, lógicamente, a la legalidad vigente y protegiendo en todo momento el interés de los menores». Una tesis que mantendría después Marlaska, principal señalado por la sentencia, a la entrada y durante la Comisión de Interior, en la que compareció a petición del Partido Popular, y para explicar las líneas de su departamento para la legislatura.

«Estoy en el absoluto convencimiento de que las autoridades actuaron acorde al ordenamiento jurídico y al interés superior del menor», trasladó Marlaska refiriéndose al acuerdo de 2007 entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados. «Cuestión distinta es si un tribunal ha entendido que los procedimientos se debían hacer de forma individualizada de acuerdo a la ley de Extranjería», puntualizó respecto a la sentencia del Supremo, que justificó el lunes la ilegalidad del procedimiento en la «absoluta inobservancia» de esa misma ley.

Esta explicitaba como el acuerdo al que hacía referencia Marlaska este martes no constituye por sí solo fundamento normativo suficiente para decidir el retorno de los menores, porque no contempla ningún trámite ni requisito procedimental. En su defecto, tuvo que aplicarse, y no se hizo, lo estipulado en la Ley y el Reglamento de Extranjería (un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal).

Más allá de las esperadas críticas de la oposición –el PP le calificó como el ministro y el juez «más condenado de España»–, las explicaciones de Marlaska no contentaron ni siquiera a sus socios, en una sesión en el Congreso que, lejos de versar sobre el futuro de las actuaciones de su cartera, acabó centrándose completamente en la inmigración. «Fue un horror, fue un error, que el Supremo corroboró. Aún no hemos escuchado la palabra perdón», le reprendió el portavoz de Sumar, Félix Alonso Cantorné. Incluso el portavoz de Bildu, con quien el PSOE ya ha dejado de esconder su buena relación, cargó contra Marlaska. «¿No tuvieron ningún papel en las devoluciones? Algo de autocrítica convendría. Parece curioso que diga que se hizo por el bien superior del menor», le espetó Jon Iñarritu.

A la cuestión marroquí se une una crisis en el aeropuerto de Barajas —según desveló ABC, también relacionada con el país alauita— que ocupó buena parte de las preguntas de los distintos grupos parlamentarios, pues por la mañana se conocía la decisión de Cruz Roja de dejar de colaborar en el cuidado de los cerca de 300 inmigrantes que permanecen hacinados en las salas de admisión del complejo.

Desde Interior afirmaron respetar la decisión, pero no compartirla. «Desde el primer momento hemos defendido la colaboración institucional como la mejor forma de resolver las incidencias, que se afrontan con más garantías desde todos los planos y con el esfuerzo y la cooperación de todos los actores implicados», defienden fuentes ministeriales.

Con este choque encima de la mesa a causa de la caótica situación que vive desde hace meses el aeródromo de la capital, Marlaska se lanzaba a la defensa de las acciones seguidas hasta el momento: «Estamos tomando las medidas precisas para evitar ese uso de las escalas, como son los visados de tránsito».

En ese sentido, el ministro hacía referencia a la reciente imposición de visados de tránsito a los keniatas para evitar el uso fraudulento de las escalas en Barajas, como venía reclamando el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El problema, concentrado mayormente en el aeropuerto de Casablanca (Marruecos), es que muchos inmigrantes viajan a España como país de tránsito, teniendo por destino Latinoamérica, y una vez llegan a territorio español piden el asilo.

Es por eso que desde los sindicatos policiales venían reclamando este tipo de visados, que este martes, anuncian desde el SUP, podría disponerse también para los senegaleses. Desde el ministerio no confirman esta información y advierten que de tomarse sería en connivencia con las instituciones europeas.

Sea como sea, fuentes policiales denuncian que la situación en Barajas sigue «igual o peor», a la espera de que las medidas tomadas por Interior surtan efecto y suavicen las llegadas mientras se resuelven las solicitudes de asilo que hoy colapsan el aeropuerto. Según apuntan, los agentes encargados del control de las salas donde se hacinan los inmigrantes ya tienen mucha experiencia en el control de la situación, aunque no por ello le quitan gravedad.

Por otra parte, la mayoría de sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil se concentraban hoy a las puertas del Congreso justo antes de la Comisión, integrados en la plataforma por la jubilación digna y la equiparación salarial, donde han dicho mantener en pie la manifestación del próximo 16 de marzo.

«Si no recibimos una llamada del ministerio para dialogar no vamos a retirar la convocatoria», comentan. Entienden que las palabras de Marlaska, que en el interior del Congreso planteaba como una «prioridad» de su departamento las reivindicaciones de estos colectivos, no son suficientes, al mismo tiempo que sigue potenciando las desigualdades de sus condiciones respecto a los cuerpos autonómicos.