El veto de Vox a las normas urbanísticas abre la puerta a una nueva plaga de cocinas fantasma

La rebelión vecinal por estos fogones ocultos que sirven a puñados de restaurantes virtuales estalló después de la pandemia. Varias comunidades se movilizaron porque las cocinas fantasma levantaban chimeneas en sus patios o abrían cerca de colegios, porque olores, ruidos y repartidores se concentraban a diario en la puerta de sus casas. Algunos fueron a los tribunales y consiguieron clausurar la más polémica de todas, en la calle de Alejandro Ferrant, en el distrito de Arganzuela.

Todo el revuelo obligó al Área de Desarrollo Urbano, en agosto de 2021, a suspender temporalmente la concesión de licencias a las cocinas fantasma. Desde entonces, la moratoria se ha prorrogado al mismo tiempo que avanzaba la modificación de las normas urbanísticas que incluye la regulación de estos negocios. El ayuntamiento preveía que estarían listas el pasado febrero, pero el plazo termina el 5 de agosto y la Ley del Suelo prohíbe más moratorias en los próximos cinco años.

Las nuevas reglas todavía en el aire ponen coto a las cocinas fantasma en las zonas residenciales: un máximo de ocho fogones por local –esos bajos de uso industrial en los bloques de viviendas– y hasta 350 metros cuadrados de superficie. Y la zona de carga y descarga deberá resguardarse en el interior para evitar molestias a los vecinos. Estas limitaciones no existen en la normativa vigente y el verano abrirá la mano a su proliferación sin control. «Vuelve la ley de la selva», advierte el responsable de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (CS).

El resquicio jurídico podría alargarse semanas. En el área auguran una ola de solicitudes de licencias para acogerse al reglamento actual. Aunque las nuevas normas urbanísticas entren en vigor más adelante, afirman que será complicado dar marcha atrás a los procesos ya abiertos. «Es un embrollo jurídico», sostienen. La pelota, después de un par de reuniones y misivas intercambiadas, vuelve a estar en el tejado de Vox, enrocado en el 'no'. «Pusimos una serie de condiciones y nos sentamos a negociar con muy buen espíritu. Pero desde la primera vez se nos dijo que no se pensaba mover ni una coma», señalan desde el grupo liderado por Javier Ortega Smith.

Hasta la fecha, el ayuntamiento ha concedido 14 licencias de cocinas agrupadas, por su nombre técnico. Los vecinos han criticado que son más. El pasado febrero, el PSOE detectó una veintena, cerca de 200 fogones, y denunció que algunas operaban «de forma encubierta» bajo el epígrafe de otras actividades como obradores, churrerías o locales de catering. Durante el periodo de alegaciones, los socialistas y Más Madrid reclamaron más restricciones a las cocinas fantasma. También un Plan Especial para atajar su regulación, pero el área lo ha descartado: «No puedes regular con un Plan Especial si ese uso no existe en el Plan General de Ordenación Urbana». Vox y el Grupo Mixto no presentaron ninguna rectificación.

El encontronazo con Vox se desató en septiembre, el momento de empezar las conversaciones sobre los presupuestos del próximo año. Vox, como en 2021, dio un portazo al equipo de gobierno. José Luis Martínez-Almeida finalizará su mandato con las cuentas de 2022 prorrogadas. Vox se desmarcó aún más el 27 de diciembre, en la comisión extraordinaria de Desarrollo Urbano, una sesión con un único punto del día para aprobar la modificación de las normas urbanísticas, el último paso previo al pleno. Vox, que hasta entonces había apoyado el avance del expediente, votó en contra.

En la primera reunión para desbloquear la situación, Javier Ortega Smith impidió que el delegado y concejal de CS entrara en el despacho con Almeida. No trataron cuestiones técnicas y, al terminar, Ortega Smith convocó a los periodistas para tender la mano al PP tras el 28M. Después de meses de rifirrafes, el portavoz de Vox se postuló por primera vez para un «gobierno de coalición». En el último capítulo de la negociación, CS ha propuesto algunas soluciones, cerrar acuerdos al margen del expediente para abordar las condiciones de Vox sin tocar el documento. La semana pasada, Ortega Smith remitió otra carta al alcalde. «En caso de no prosperar, te quiero reiterar mi sincera voluntad de iniciar a partir del próximo 1 de junio con la constitución de un nuevo gobierno de coalición la revisión completa del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y de sus normas urbanísticas», cierra la misiva.

A la incógnita de los tiempos municipales por unas negociaciones en punto muerto se añaden los plazos autonómicos. Una vez la modificación de las normas urbanísticas reciba luz verde en el pleno del Palacio de Cibeles, el testigo pasa a la Comunidad de Madrid, que puede tardar hasta cuatro meses en emitir su informe favorable. Mientras tanto, el impacto en el sector inmobiliario de la nueva normativa, 255,8 millones de euros sobre el PIB de la ciudad y 4.381 empleos, permanece en el limbo.