El TSJM anula la moratoria de Almeida a transportistas con etiqueta B para acceder al centro hasta 2024
La izquierda denunció la prórroga aprobada el pasado diciembre «por la puerta de atrás» como una enmienda a la ordenanza de Limpieza
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En diciembre del año pasado, el calendario establecido de restricciones en las zonas de bajas emisiones de Madrid cambió ligeramente. En la recta final para la aprobación de los presupuestos, José Luis Martínez-Almeida anunció que permitía a los transportistas con etiqueta B un año más de acceso a la almendra central, ese reformulado Madrid Central. Aunque el alcalde se había reunido con los repartidores y escuchado sus reclamaciones, la moratoria fue un guiño a Vox, que en ese momento boicoteaba la negociación de las cuentas de 2024. La prórroga se aprobó en el pleno de diciembre a través de una enmienda a la nueva ordenanza de Limpieza que se debatía ese martes. La izquierda recurrió en los tribunales y, esta semana, la justicia ha tumbado esa medida, aunque las multas tendrán que esperar a que la sentencia sea firme.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado la nulidad de pleno derecho de la moratoria a los vehículos de mercancías con etiqueta B para acceder a Madrid Central. Tanto Más Madrid, el grupo mayoritario en la oposición, como el PSOE impugnaron esta prórroga tras la modificación normativa acometida por el Gobierno de PP y Ciudadanos en diciembre de 2022. El equipo municipal introdujo una disposición final en la ordenanza de Limpieza y Residuos que servía para retocar la ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en septiembre de 2021. Esos vehículos de mercancías disponían así de un año más, hasta el 1 de enero de 2024, para circular por el corazón de la ciudad. «Una trampa por la puerta de atrás», ha recordado este jueves la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
«No sólo la enmienda introducida supone una modificación sustancial del texto sometido a información pública sino que además tampoco presenta una mínima relación de homogeneidad con el proyecto aprobado pues su objeto ni siquiera es alterar el contenido de la ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular sino modificar otro texto normativo, la ordenanza de Movilidad Sostenible», recoge la sentencia del TSJM en respuesta al recurso de Más Madrid. Otro fallo del mismo tribunal y con el mismo argumentario da la razón al PSOE.
El escrito de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo abunda en que «no existió ninguna posibilidad para los potenciales interesados en realizar alegaciones sobre la disposición al introducirse ex novo, vía enmienda, y no guardar relación alguna con el proyecto en el que se insertó». En consecuencia, continúa la sentencia, tribunal procede a «declarar la nulidad de pleno derecho del precepto impugnado». El TSJM ha condenado al Ayuntamiento de Madrid a pagar las costas del proceso.
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Después de conocer la decisión judicial, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho en el pleno de este jueves que «es sorprendente que el PSOE y Más Madrid se congratulen de la suspensión de esta moratoria, ya que perjudicará a los trabajadores que dicen defender». El regidor ha defendido que la moratoria «buscaba proteger a los transportistas para que tuvieran un año más para adaptarse a la normativa». Las sanciones, en cualquier caso, no comenzarán hasta que la sentencia sea firme, después de que el Ayuntamiento de Madrid decida o no recurrirla. «Los plazos comenzarán a correr una vez que recibamos oficialmente esa sentencia», ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Los servicios jurídicos municipales estudiarán el fallo para determinar «en las próximas semanas» si presentan recurso.
Los transportistas, en contra
Horas después de conocer la noticia, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) ha difundido un comunicado «lamentando» una sentencia que «se centra únicamente en los aspectos formales, sin entrar a analizar el fondo de la cuestión», declara su presidente, Francisco Aranda. A finales del año pasado, la patronal pidió al Ayuntamiento de Madrid un tiempo para adaptarse a las nuevas restricciones. «No debemos olvidar que la logística urbana está conformada por un gran número de autónomos y pymes, para los cuales obtener un año más de plazo para renovar su vehículo era algo muy necesario por el alto coste económico que esto conlleva», remarca Aranda.
La izquierda, sin embargo, celebra la victoria judicial. La líder de Más Madrid, Rita Maestre, ha tildado lo ocurrido de «enorme varapalo del TSJM» a Almeida. «Le pido que no nos haga perder el tiempo ni el dinero a los madrileños y no recurra la sentencia», ha añadido. Por su parte, el concejal socialista Ignacio Benito ha celebrado que la justicia les haya «dado la razón ante una chapuza legal y procedimental» del alcalde, que empleó «para evitar cualquier debate que pueda destapar sus vergüenzas medioambientales en una ciudad en las que 2.000 personas mueren al año por culpa de la contaminación». El portavoz de Vox en el ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha declarado que la aprobación de la prórroga vía enmienda fue una «irregularidad» y que -en línea con el rechazo de su partido a las zonas de bajas emisiones- «la mejor moratoria es la que se da a todos los vehículos y a todos los madrileños».
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