Las primeras viviendas de alquiler en Madrid a un precio un 40% inferior al del mercado se entregarán a finales de 2023

Sara Medialdea

Madrid

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09/03/2023
Actualizado 10/03/2023 a las 04:26h.

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Acceder a la vivienda es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los jóvenes en la región. Por sus bajos salarios, en general, y por los altos precios de los alquileres, prohibitivos para muchos de ellos. Por ello, el Gobierno regional puso en marcha hace años el Plan Vive, para conseguir primero suelo y luego viviendas sobre él que permitan alquileres a precios por debajo de los del mercado: hasta un 40 por ciento menos. Las primeras de estas viviendas estarán a fin de este mismo año entregadas en Alcorcón y en Tres Cantos.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visitó ayer otra de estas promociones de vivienda de alquiler para jóvenes dentro del Plan Vive, esta vez en San Sebastián de los Reyes, un municipio gobernado por el PSOE. Allí, la jefa del Ejecutivo autonómico anunció que esas 568 viviendas estarán a disposición de los jóvenes en el primer semestre de 2024.

Durante su visita al piso piloto, invitó a acompañarla a un grupo de jóvenes interesados en el proyecto. Y con ellos se sentó en la que sería la cocina del piso.

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Las viviendas del Plan Vive se levantan sobre suelos públicos, de la Comunidad de Madrid o municipales, y con la colaboración público-privada: las promotoras construyen sobre esas parcelas y se comprometen a que el precio de alquiler sea luego inferior al del mercado.

Hasta ahora, existe suelo para 6.600 pisos, repartidos por 12 municipios de la región. La Consejería de Medio Ambiente, que dirige Paloma Martín, ha liberado más de un millón de metros cuadrados de suelo de titularidad pública para estas promociones del Plan Vive.

Según explicó la presidenta tras recorrer la cocina, salón y las habitaciones y baños de los nuevos pisos, «este proyecto es el más ambicioso que actualmente se está haciendo en obra pública en España, y una referencia internacional». En él, asegura, cada vez quieren participar más empresas y constructoras.

Este tipo de medidas, que supone poner viviendas en el mercado, son «la única solución responsable y libre de populismo» para permitir a los jóvenes el acceso a la vivienda: «Lo que hay que hacer es aumentar la oferta, no cabe otra opción», cree. Por ese motivo, anunció que llevará a los tribunales la nueva Ley de Vivienda del Gobierno central en el momento en que se apruebe en el Congreso de los Diputados. Lo hará porque cree que se trata de «un ataque frontal e inaceptable contra la libertad de la propiedad» y porque cree que su resultado será «encarecer la vivienda, porque va a frenar el desarrollo».

Las dos fases adjudicadas hasta ahora del Plan Vive suman esas 6.600 viviendas señaladas. De ellas, más de 3.000 están actualmente en construcción. Se estima que las primeras que se terminarán son las de Alcorcón y Tres Cantos, que se entregarán antes de que finalice este año 2023.

Para la construcción de estas viviendas, se están utilizando procesos industrializados, que permiten reducir los costes y también los tiempos que se tarda en levantar los edificios.

Este plan se extenderá, según los planes del Gobierno regional, a otros municipios de la comunidad. Y, como recordaban ayer en la presentación del piso piloto, no es la única fórmula que han puesto en marcha para ayudar al acceso a la vivienda: también está en Plan Solución Joven.

Este consiste en aumentar la oferta residencial para aquellos colectivos que encuentran más problemas para acceder a ella. Ya se está construyendo una primera fase, con 1.200 pisos de construcción industrializada y eficientes energéticamente. Tendrán 70 metros cuadrados y en ellos podrán vivir, en régimen de alquiler, los jóvenes menores de 35 años que cumplan los requisitos legales. Estarán ubicados en los municipios de Madrid capital, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada.

Para hacer más fáciles y más ágiles los trámites relacionados con el urbanismo, el Gobierno regional ha dado luz verde a la Ley Ómnibus, que ha modificado varias normas en este sentido con el objeto de reducir la burocracia administrativa. A raíz de los cambios introducidos por esta norma, los ayuntamientos podrán dedicar el suelo calificado para uso de servicios a otra función: uso residencial, cuando el inicialmente previsto no se haya ejecutado. Bajo esta fórmula, se estima que los consistorios puedan llegar a construir 13.000 viviendas en los próximos años.