El PP de Madrid desautoriza al alcalde de Leganés, insumiso con el tasazo de basuras

La dirección del PP de Madrid ya ha lanzado un primer aviso a Recuenco: «La ley se cumple, guste o no». Mientras, el resto de los alcaldes populares en la región, una legión de 114 municipios más el de Leganés, se han mantenido disciplinados, aunque no ocultan su indignación y su sorpresa por esa medida unilateral de Recuenco que les deja en evidencia a todos ellos: «No nos gusta a ninguno, pero es la ley».

«Los alcaldes tienen que cumplir las leyes, nos gusten o no nos gusten», advierten desde la dirección regional del PP de Madrid. «Ningún alcalde quiere una tasa de basuras y menos los del PP, que se caracterizan por bajar impuestos. Y aún menos cuando hemos sabido que esta tasa es una decisión unilateral de Sánchez puesto que Europa no obligaba a ello», sostienen desde la primera planta de la sede del PP en la calle de Génova.

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El PP, aseguran fuentes de la dirección regional consultadas, eliminará esa tasa cuando llegue al poder, pero mientras tanto todos deben cumplirla, incluida el alcalde insumiso de Leganés. «Esperamos que el PP llegue pronto al gobierno y elimine esa tasa, pero en tanto en cuanto esté en vigor no nos queda más remedio que aplicarla y explicarle a los vecinos, como ya están haciendo todos los alcaldes del PP de Madrid, que es por una decisión del gobierno del Partido Socialista».

La tasa de basuras, el 'tasazo', como lo llaman la mayoría de los alcaldes, estaba prevista en la ley de Economía Circular de 2022, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Los ayuntamientos tenían tres años, hasta el próximo mes de abril, para imponer el nuevo impuesto a los vecinos, una decisión que a los alcaldes del PP, con programas donde presumen de sus rebajas fiscales, les producía un efecto similar al de una erupción de urticaria. El Gobierno de Sánchez aseguró que la nueva tasa venía obligada por Bruselas y por eso se incluyó en la ley, algo que negó con rotundidad la Federación de Municipios Madrileños, que preside la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. «Esto es un impuestazo a los madrileños y atenta contra la independencia municipal», se denunció desde la Federación.

Ante las dudas, la eurodiputada del PP Alma Ezkurra dirigió una pregunta a la Comisión Europea en diciembre para asegurarse, y la respuesta fue rotunda. Ezkurra explicó que tras inquirir «si es obligatorio imponer una tasa a los más de 8.000 ayuntamientos españoles que va a incrementar considerablemente la factura fiscal desde 2025», la respuesta de la Comisión fue que la directiva de residuos «establece unos objetivos de cumplimiento de reciclaje, pero la tasa de basuras no es obligatoria». «Había otros mecanismos para conseguir los mismos objetivos», concluyó la eurodiputada del PP.

Forzosa o no, la nueva tasa quedó incluida en la ley aprobada en el Congreso sin dejar abierta la posibilidad de no aplicarla. Y los alcaldes del PP, como los de otros partidos, llevan meses preparando su imposición: «Nos ha quitado el sueño». Muchos de ellos han tratado de compensarlo en parte con la bajada de otros impuestos.

En este contexto, el alcalde Recuenco, que gobierna en coalición con Unión por Leganés (ULEG), dio la campanada con el año nuevo al salirse de la línea marcada por su partido y asegurar que en su municipio no se aplicaría la tasa, algo que dejó al resto de alcaldes del PP en una posición muy incómoda ante sus vecinos: «Mientras Sánchez nos sube todos los impuestos que puede, en Leganés no tocamos un solo impuesto municipal. Mientras los gobiernos socialistas de los pueblos del sur que nos rodean han impuesto la tasa de basura de Sánchez, en Leganés no la vamos a aplicar».

Recuenco, que gobierna en minoría con 12 concejales (nueve del PP y dos de ULEG) en un ayuntamiento de 27 ediles, se ha visto obligado a prorrogar por segunda vez los presupuestos de 2022, que fueron del PSOE. Ante la falta de apoyos, ha optado por presentarse como rebelde frente a la nueva tasa, con una alusión a la autonomía local. Desde Vox, con quien firmó un acuerdo secreto de estabilidad que saltó por los aires hace tiempo, acusan al alcalde de actuar de forma «imprudente» y de querer parecer un «rebelde» cuando en realidad no tiene apoyos para aprobar las ordenanzas. La portavoz de Vox, Beatriz Tejero, defiende que «la ley hay que cumplirla, evidentemente», pero sostiene que se haga con una compensación clara.