La Policía Municipal de Madrid ultima una sección contra okupaciones, robos y pisos para el 'top manta'

Una orden general del Cuerpo, del pasado 15 de diciembre, convoca 13 plazas (un oficial y 12 agentes) para cada turno (mañana y tarde) para la «creación de la Sección de Delitos contra el Patrimonio». Dependerá de la Comisaría Principal de Policía Judicial, que es la encargada de investigar los llamados delitos comunes sobre los que tiene potestad.

A priori, según reza el documento, al que ha tenido acceso este periódico, sus funciones serán: vigilancia e inspección de zonas de gran afluencia turística; elaboración de mapas de riesgo en materia de delitos contra el patrimonio; investigación de inmuebles susceptibles de vulnerar los derechos de propiedad industrial o intelectual; investigación de inmuebles okupados; instrucción de atestados por delitos leves de hurto; y recepción de todas las minutas por delitos contra el patrimonio.

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Los policías municipales que deseen optar a una de estas plazas lo pueden solicitar hasta el 26 de diciembre enviando su currículum, con el requisito de que lleven al menos dos años en el Cuerpo local.

Fuentes policiales leen esta iniciativa como una manera de «reforzar» las labores contra estos ilícitos penales, en la línea de la recientemente creada 'unidad antigrafitis', que fue uno de los anuncios principales del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en su toma de posesión, el pasado junio.

Solo en el mes de octubre, último del que se disponen datos oficiales, el Cuerpo realizó 340 intervenciones en materia de delitos contra el patrimonio. El distrito de Centro, sin ser el más poblado pero sí el más transitado, sumó 108 en esos 31 días, situándose a la cabeza. En cuanto a detenciones, en ese mismo periodo se realizaron 125 por hurtos en toda la ciudad; seis por atentar contra la propiedad industrial y/o intelectual; 10 por daños, y otros 20 por otros delitos contra el patrimonio.

En cuanto a los inmuebles susceptibles de guardar material pirata, se trata de las llamadas 'guarderías' del 'top manta', que suelen ser también lugares tomados en la zona del centro, muy especialmente en Lavapiés, por estos vendedores ilegales. Detrás de muchos de ellos se encuentran mafias organizadas, aunque lo cierto es que su presencia en las calles es mucho menor que antes de la pandemia del Covid-19.

No es baladí tampoco la inclusión de las investigaciones sobre viviendas y locales usurpados o allanados. Durante la pasada campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid, tanto Vox como el PP prometieron más mano dura contra esta lacra. La preocupación subjetiva de la sociedad sobre estos delitos es mayor que hace unos años. Y la reclamación de cambios legislativos también ha llegado desde la Comunidad de Madrid.

Otro punto interesante es centralizar mapas de riesgo de delitos patrimoniales, especialmente de hurtos, que tanto proliferan (es el más común de todo nuestro Código Penal) y dañan la imagen turística de la ciudad en sus zonas donde más acuden los visitantes, españoles y extranjeros. Los entornos de Sol, Gran Vía y el paseo del Prado (el triángulo del arte de los museos) suelen ser los más victimizados.

Hay alrededor de 5.000 inmuebles, aunque la cifra es estimativa, en manos de mafias o de terceros que no son sus legítimos propietarios. Aproximadamente la mitad son de titularidad pública, del antiguo Ivima del Gobierno regional, que creó un teléfono anti-okupación para denunciar estas prácticas.

Otro caballo de batalla del Consistorio son los grafitis, que se prodigan por toda la capital, con muy especial incidencia en el distrito de Centro. Por ello, a finales de octubre comenzó a trabajar la Sección de Protección del Partrimonio Urbano (Sepropur). Son 39 policías municipales que trabajan las 24 horas, los siete días de la semana (una docena de agentes por cada turno de mañana, tarde y noche), para cazar a los grafiteros. Todos sus efectivos proceden de otros departamentos de la Comisaría de Medio Ambiente y Patrimonio, que nació en 1988, y la sección depende del equipo de la Policía Judicial. La misma de la que dependerá la próxima de Delitos contra el Patrimonio.