Almeida congela las licencias a pisos turísticos un año, mientras diseña la nueva norma para regular el sector

Este jueves, después de meses de trabajo en los que no trascendió un solo detalle, Almeida anunció su «plan de acción» para «ordenar» las viviendas de uso turístico (VUT, por sus siglas) y «equilibrar el mercado de hospedaje de la ciudad». «Lo que pretendemos es conciliar el mejor descanso de los vecinos, sin ignorar que estamos ante un sector que representa una actividad económica importante», destacó el alcalde en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se aprobaron dos medidas «inmediatas». Las nuevas licencias se congelan en el distrito de Centro y en los bajos de los edificios residenciales y las sanciones a los infractores reincidentes pueden alcanzar los 190.000 euros.

La regulación de las VUT, tan esperada en un contexto de denuncias disparadas —en 2023, las quejas vecinales aumentaron un 70% respecto a 2022—, no ha abordado el principal problema, la abrumadora ilegalidad de los pisos turísticos. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que agrupa a 196 entidades de la capital, tacha el plan de Martínez-Almeida de «brindis al sol». Madrid Aloja, asociación de gestores de alquiler vacacional que representa a 4.500 apartamentos turísticos de la región, cree que son «medidas ineficaces» que «retrasan una respuesta justa y efectiva sobre la revisión de la regulación del sector que se lleva esperando desde el cambio de gobierno».

El Ayuntamiento de Madrid aplicará otras medidas. Un refuerzo de la plantilla de inspectores, que pasará de 65 a 75 este verano (un 15% más), y la publicación de un listado oficial de las VUT con licencia que funcionan en la ciudad. Contabilizar es complicado —algunos hablan de 25.000 pisos turísticos—, pero los datos municipales fijan el número en 13.502 establecimientos. Solo 941 operan con licencia (la autorización de otros 151 está en tramitación), es decir, el 93% de los pisos turísticos que existen en Madrid son ilegales. Ninguno de ellos cumple la obligación del acceso independiente establecida por Carmena que Almeida no ha modificado.

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Ese cambio es clave. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló el plan de la exalcaldesa, el Gobierno del PP considera que ha sido «absolutamente ineficaz». El consistorio aún no ha puesto sobre la mesa el asunto del acceso independiente y la patronal no ha insistido, pero borrar ese requisito legalizaría de golpe los miles y miles de apartamentos vacacionales que operan al margen de la norma. Los vecinos, mientras tanto, se agarran a esta condición porque, si se hiciera efectiva, cerraría casi el 100% de pisos turísticos.

«La medida estrella del plan, la paralización de las licencias de VUT en la almendra central, no tendrá consecuencias ya que el ayuntamiento apenas las concede porque muy pocos pisos turísticos cumplen con el requisito de tener un acceso independiente en el edificio donde se ubican», coinciden desde la FRAVM, que este jueves emitió un comunicado. «Por este motivo, muchos empresarios y propietarios ni siquiera solicitan al consistorio licencia de actividad para empezar a operar. Saben que si no tienen ese rasgo no la obtendrán». Esta medida apenas se trata de una solución temporal, hasta la quinta pata del nuevo «plan de acción», la verdadera regulación que retocará las normas del urbanismo madrileño y sustituirá el Plan Especial de Hospedaje vigente desde marzo de 2019.

En el mes de septiembre, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad presentará un borrador de la la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El delegado del ramo, Borja Carabante, empezará en los «próximos días» la ronda de contactos y reuniones con el sector y los afectados para diseñar los cambios. A la vuelta del verano, esa modificación recibirá la aprobación inicial en la Junta de Gobierno y, tras los meses de trámites y burocracia, el equipo de Almeida pretende elevarla al Pleno en el primer trimestre de 2025. Una vez cuente con la luz verde definitiva, la modificación del PGOU necesitará la validación de la Comunidad de Madrid, que puede alargarse otros cuatro meses. La nueva regulación, en resumen, estará lista dentro de un año, y solo en ese momento se restablecerá la concesión de licencias a los pisos turísticos.

Los dos bandos afectados consideran que la regulación llega tarde. «No podemos esperar meses a que se apruebe esta modificación, la situación es tan grave en el interior de la M-30 que necesitamos un plan de choque ya», reclaman desde la FRAVM. Aunque consideran «muy positivo» el incremento de las sanciones, piden un «aumento proporcional» en el servicio de inspección. «Invitamos al ayuntamiento a que inspeccione y, si ha de hacerlo, clausure, las más de 2.200 VUT que hemos denunciado en los dos últimos años por provocar problemas de convivencia», sentencian desde la federación. Los timbrazos por error a las 2 de la mañana, el traqueteo de las maletas, los jaleos a deshora... Los vecinos están hartos.

Madrid Aloja también lamenta que se haya pospuesto «constantemente» el anuncio de la nueva normativa; Almeida marcó como primera fecha el pasado febrero. Hace un mes, la patronal propuso su propia solución: un teléfono de atención al vecino y un servicio de mediación profesional para intervenir en conflictos. Las asociaciones vecinales, no obstante, quieren expulsar a los pisos turísticos de las comunidades, concentrarlos en edificios segregados.

Las reuniones para empezar a perfilar la futura regulación comenzarán estas semanas y, en paralelo, el Ayuntamiento de Madrid publicará su listado oficial. La ubicación de esos 941 pisos turísticos con licencia estará disponible en el portal municipal a lo largo de mayo. «De tal forma que las personas que quieran utilizarlo sepan si están en una VUT legal o ilegal, que los vecinos tengan la certeza de las viviendas que cumplen la normativa para poder dar traslado y que podamos adoptar todas las medidas de inspección y sanción», explicó Almeida.

Hasta ahora, el procedimiento sancionador era el siguiente: primer aviso de orden de cese de actividad y, si persistía el incumplimiento, multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Meses antes de entrar a regular, Almeida se enfoca en la disuasión con un nuevo procedimiento. Tras un primer aviso de cese, las sanciones son firmes y acumulativas, de 30.000, 50.000 y, la tercera, 100.000 euros.