Nuevos desalojos en San Fernando de Henares por las obras de la línea 7B de Metro: 16 familias abandonan sus viviendas

La línea 7B de Metro de Madrid sigue causando estragos y obligando a los residentes de San Fernando de Henares a abandonar sus viviendas. Las 16 familias que habitan los portales 3 y 4 del número 7 de la calle de Rafael Alberti deben salir de sus casas por culpa de los problemas derivados del suburbano que pasa bajo sus inmuebles. Se unen así a los moradores de la calle de la Presa 19, 21, 23, 25 y 27 que fueron desalojados en enero para que sus edificios fuesen demolidos por los graves daños estructurales que presentaban a causa de la construcción de la línea de Metro, inaugurada en 2007. Antes de ellos, ya habían perdido sus casas los vecinos de los números 1 y 3 de Rafael Alberti y tres casas bajas de Presa.

Los nuevos desalojados, al igual que ocurrió con sus vecinos, serán trasladados a un apartahotel o pisos en régimen de alquiler, con gastos sufragados por la Comunidad de Madrid, así como los costes de sumininistros y manutención, ha informado la Consejería de Transportes e Infraestructuras que dirige David Pérez, que pondrá a disposición de los afectados un servicio de guardamuebles.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Infraestructuras llevará a cabo trabajos de consolidación del terreno que abarcarán unos 10.000 metros cuadrados en las calles de Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge, la zona cero de la afección.

El desalojo coincide con el final de la situación de emergencia de los habitantes de Rafael Alberti 1 y 3, cuyas casas fueron reducidas a escombros en mayo, tras ir poco a poco viniéndose abajo desde que la línea 7B entró en funcionamiento. Si el Ejecutivo regional no les ofrece solución, a la espera de ser indemnizados, el 21 de septiembre se irán a la calle. Esa es la fecha marcada para que abandonen el hotel pagado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, puesto que la emergencia derivada del expediente de responsabilidad patrimonial solo tiene vigor de un año desde el momento del desalojo. En total, la Comunidad de Madrid tiene 76 expedientes abiertos con, hasta ahora, más de medio centenar de reubicados.

Hasta que llegue la cuantía, la Consejería de Transportes asegura que adelantará el importe para pagar los gastos de alojamiento a todas las familias afectas por las demoliciones. «Ningún vecino se va a quedar en la calle. Somos conscientes de la dura situación que están viviendo y nunca nos hemos desentendido del problema. Queremos darles las indemnizaciones más ventajosas posibles. Hemos actuado siempre con diligencia y de oficio», afirma David Pérez, que hace hincapié en que el presupuesto para pagarles ya está disponible, pero que los vecinos deben «completar documentación requerida». «La mayoría de las familias han solicitado ampliar el plazo de entrega de los papeles para poder finalizar el expediente de responsabilidad patrimonial que está tramitando de oficio el Gobierno regional», explica el consejero, mientras el problema de la línea 7B de Metro se sigue extendiendo a nuevas edificaciones.