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Noelia Posse (PSOE) pierde Móstoles, la segunda ciudad de Madrid, tras cuatro años de escándalos

La regidora, respaldada por Moncloa pese a los casos de nepotismo y estar imputada por prevaricación y malversación, pierde 3 ediles y el PP dobla hasta los 12, a costa de Ciudadanos, que desaparece

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Noelia Posse, con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, el pasado Dos de Mayo, en Móstoles ep
Carlos Hidalgo

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Los ciudadanos de Móstoles han dado la espalda a Noelia Posse, la controvertida alcaldesa socialista de este municipio de 209.000 habitantes. Al 82,72% del voto escrutado, la lista que encabeza habría obtenido 7 ediles, (ahora tiene 10). Y, por lo tanto, perdería la posición de salida para seguir gobernando la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid.

La regidora, que tomó el cargo en 2018 y revalidó con un 33,63% de votos la alcaldía. El rosario de escándalos, desde el primer pleno que protagonizó (donde se subió el sueldo), ha sido continuo, con continuos casos de nepotismo y un expediente por parte del PSOE-M, entonces liderado por José Manuel Franco. Pero, finalmente, el comité ético del partido salvó a Posse, con buenos apoyos en la propia Moncloa.

El PP, en cabio, suma 6 nuevos puestos, hasta llegar a 12. Claramente, los obtiene de un Ciudadanos que pasa de 5 a 0. Una tendencia que está ocurriendo en la práctica totalidad de los grandes municipios de la región. Los 12 del PP y los 3 de Vox (antes eran 2) suman 15, frente a la suma de PSOE (7), Más Madrid (4) y Podemos (1). La mayoría absoluta está en 14 y el bloque de izquierdas no supera los 12.

El caso ITV, las presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Móstoles en la condonación de una deuda de 2,4 millones a una empresa privada, está a la espera de la reapertura del juicio oral, por orden de la Audiencia Provincial, cuando apenas quedan 25 días para las elecciones.

Pero no es la única vía de agua abierta para la alcaldesa Noelia Posse (PSOE): también avanza el caso ante el Tribunal de Cuentas, donde no sólo no se ha archivado, sino que está en fase de instrucción. Ante este organismo, en caso de condena, se responde con los bienes personales, llegando incluso a su embargo.

Noelia Posse y siete concejales de su junta de Gobierno –seis del PSOE y una de Unidas Podemos– están siendo investigados por este caso desde hace tiempo. El juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ordenó en mayo de 2022 el sobreseimiento provisional de la causa; pero la decisión, recurrida por los concejales de Ganar Móstoles, llevó a la Audiencia Provincial a dictar hace ahora un mes la reapertura del juicio oral.

Pagan los propios condenados

En el Tribunal de Cuentas, los asuntos primero están en diligencias preliminares, donde se puede decide el archivo del caso en cuestión –si se considera que los hechos no tienen carácter de alcance; es decir, no se corresponden con acciones como malversación de caudales públicos– o se continúa el procedimiento. En el caso que afecta a la alcaldesa de Móstoles y su equipo, se ha optado por este segundo paso, puesto que el caso está ya en la fase de instrucción (actuaciones previas).

El sistema de funcionamiento del Tribunal de Cuentas señala, para esta fase del procedimiento, que se designe a un delegado instructor, que llevará a cabo las actuaciones que considere oportunas para «determinar los hechos y a los presuntos responsables». Y eso incluye asegurar «la correspondiente liquidación provisional o aseguramiento de las posibles responsabilidades a las que pudieran ser condenados».

Es decir, que han de dar garantías de la devolución de los dineros públicos que pudieran haber sido malversados, lo que se hace «mediante la presentación de una fianza o bien acordando un embargo preventivo de los bienes de los presuntos responsables».

Esto afectaría, en el llamado caso ITV, a la alcaldesa y a los siete miembros de su equipo de Gobierno. En el supuesto de sentencia firme, se ejecutaría «otorgando un plazo para el ingreso del importe de la responsabilidad acreditada y, en su defecto, acordando la ejecución de las garantías aportadas o de los bienes embargados» o «la localización de otros bienes del deudor».

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