Móstoles abre el fuego con el «tasazo Sánchez» de residuos: entre 37 y 193 euros por vivienda
Los comercios tendrán que pagar una media de 286 euros al año con el nuevo tributo
Los alcaldes del PP y del PSOE se enfrentan en Madrid por el «tasazo de Sánchez» con las basuras
![El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, (izda.) con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano](https://s1.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/10/06/manuelbautista-R8b8sVNRrabLb8y4SaaMp8N-1200x840@diario_abc.jpg)
Los ayuntamientos del PP en la Comunidad de Madrid están en pie de guerra contra la nueva tasa que tendrán que cobrar de forma obligatoria a todos los vecinos antes del 10 de abril de 2025. En el partido, cualquier medida que suponga una ... subida de tributos a los ciudadanos produce una incomodidad política que no disimulan. Pero en este caso poco pueden hacer, más allá de verter su ira contra el Gobierno de Sánchez, al que responsabilizan de la imposición de esta medida, aunque proceda de una directiva europea adaptada en la Ley de Economía Circular.
El PP se revuelve contra la tasa local obligatoria de residuos sólidos urbanos, pero sus ayuntamientos «cumplirán la ley», según subrayan desde la dirección regional del partido. De momento, una de sus principales plazas, Móstoles, donde gobierna Manuel Bautista con el apoyo de Vox, ya ha echado cuentas y tiene listo lo que los populares llaman «tasazo Sánchez».
Fuentes municipales de Móstoles explican que, una vez aplicados los factores de corrección que permite la ley, las viviendas tendrán que pagar a partir de 2025 entre 37,08 euros y 193,47 euros al año, según el valor catastral y el número de moradores. «Vamos a ser especialmente sensibles en el cobro de esta tasa en el caso de las familias vulnerables y con las numerosas. También tendremos en cuenta el tratamiento de 'compost' en particulares«, subrayan desde el equipo municipal de la segunda ciudad más habitada de la región.
Esta tasa no será solo para las viviendas particulares. Los comercios tendrán que pagar en Móstoles una media de 286 euros al año, mientras que a la hostelería les corresponderán 122 euros. La industria, por su parte, tendrá una tasa que estará entre los 100,62 y los 1509,25 euros anuales.
Ante esta situación, el alcalde de Móstoles se ha comprometido ya a «amortiguar este esfuerzo impositivo con bajadas de impuestos generalizadas» que sí están en la mano del ayuntamiento, como es el IBI y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
«Es indecente que los mostoleños tengan que pagar un nuevo impuesto por el capricho de Pedro Sánchez. Estoy radicalmente en contra de la 'tasa Sánchez' porque va en contra del ADN de este gobierno municipal, que cree en una política fiscal a la baja, donde el dinero permanezca en el bolsillo de los vecinos», sostiene.
A su juicio, «la imposición de los ayuntamientos del tasazo Sánchez supone un atropello sin precedentes a la autonomía de las administraciones locales». Así, recuerda que es la primera vez que el Gobierno de España «ha impuesto a los municipios el valor de una tasa, vulnerando la autonomía de los ayuntamientos».
En el caso de Móstoles, la recogida de residuos tiene un coste de 11 millones de euros «que Pedro Sánchez quiere que paguen los mostoleños», remarca Manuel Bautista. «Desde el Gobierno de Móstoles hemos trabajado para minimizar la cuota lo máximo posible porque nosotros creemos en la bajada de impuestos».
El Ministerio de Hacienda recuerda que el punto de partida de esta tasa fue una directiva europea que estableció unos objetivos ambiciosos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y obligó a los Estados miembros a tomar diferentes medidas. Enumeró distintos instrumentos económicos, entre los que se encuentran las tasas y los sistemas de pago por generación de residuos.
El Gobierno explica que, en la normativa española y para dar cumplimiento a los objetivos comunitarios, en 2022 se aprobó la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que, «cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Europea, implantó la obligación para las entidades locales de establecer, en el plazo de tres años, una tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos».
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