Más Metro, intercambiadores o equipos tecnológicos en hospitales se pagaron con fondos de recuperación tras el Covid

Sara Medialdea

Madrid

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18/02/2025
Actualizado a las 14:03h.

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Los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia llegados a España después del Covid, para ayudar a levantar cabeza tras el batacazo sanitario, social y también económico que supuso la pandemia, ha dejado en la Comunidad de Madrid hasta la fecha 2.900 millones de euros, que ya están comprometidos con proyectos concretos, de los 3.086 millones en total que le tocaron a la región en el reparto de estos fondos. La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, destacaba este martes el trabajo que ha supuesto haber comprometido ya el 95 por ciento del total de los fondos, que deben estar ejecutados antes de abril de 2026.

Estos fondos se han traducido en proyectos que afectan muy directamente a los madrileños: por un lado, en ampliaciones de Metro como la línea 3, en intercambiadores de transporte como el de Valdebebas, en la creación de nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años, o en la compra de equipos de alta tecnología para hospitales públicos.

Este dinero se ha trasladado ya físicamente a sus destinatarios finales -empresas, autónomos y asociaciones- en una cantidad muy importante: 2.200 millones de euros. Y se calcula que hay 190.720 perceptores únicos de estas ayudas.

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Según la memoria de ejecución de estos fondos presentada este martes por Albert, Madrid es la primera comunidad autónoma en volumen de capital comprometido que tiene ya un destinatario fijado. Y ha alcanzado una tasa de resolución de convocatorias -la relación entre lo convocado o licitado y lo concedido o adjudicado- de 68,3 por ciento, seis puntos por encima de las cifras que alcanza la Administración General del Estado.

La traducción práctica de estas ayudas europeas han sido contratos de distintas consejerías, que son las que realizan las inversiones. Por ejemplo, parte ha ido a parar a los planes MOVES de subvención a compra de vehículos eléctricos, que ha hecho posible que un 50 por ciento de los vehículos de este tipo que circulan hoy por España estén en Madrid.

Además del refuerzo de personal que ha hecho falta para cumplir con este grado de ejecución -dado que el volumen de fondos recibidos por esta vía superaba ampliamente los que eran habituales en la Comunidad de Madrid-, también se creó una comisión antifraude que ha sido capaz de detectar varios casos de 'bandera roja' o situaciones que podrían resultar una irregularidad. Entre ellas, un expediente con una única oferta que se pidió investigar, en el Sermas; un contrato menor en un hospital, que no se tramité; una empresa que recibió una subvención ya pagada pero el beneficiario no justificó el gasto y está desaparecido, por lo que se ha elevado a la fiscalía; una denuncia sobre una comunidad de vecinos que además es empresa que gestiona el alquiler de viviendas, por si es susceptible o no de recibir las ayudas; y un fraude de una entidad que fue comunicado por la Intervención General.