La mafia de los mendigos esclavos que dormía en el solar de abajo

Ninguno de ellos es consciente de lo que allí dentro se cuece: los líderes de una red de trata de seres humanos que usa a personas con discapacidad para obligarlas a mendigar doce horas al día. Las jornadas arrancaban a primera hora, en las bocas de Metro del entorno de Avenida de América y las panaderías; después, los explotados acudían a las iglesias coincidiendo con los horarios de misa. El Metro, sobre todo la línea 7, era otra de las rutas a seguir, sin descanso, vagón arriba, vagón abajo, así, hasta obtener la cantidad de dinero acordada. «Los objetivos eran variables, dependiendo de la víctima y el punto, pero de media podrían ser unos 50 euros al día», revela uno de los agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) de la Policía Nacional encargados de la investigación.

Durante dos años, la ganancia de estos indigentes nunca fue para ellos. El matrimonio, cercano a la cuarentena, realizaba varias pasadas al día para vaciar los cestos. Y para no dejar escapar moneda alguna, se valían de un grupo de 'machacas', también rumanos, para intimidar a todo aquel que quisiera abandonar la cárcel de la mendicidad. Estos, recuerdan los investigadores, llegaron a zarandear, agarrar del cuello e incluso a amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a cualquier posible disidente. Descrito el día a día madrileño, el viaje de los horrores comienza realmente en su Rumanía natal, porque todos, explotadores y explotados, eran compatriotas.

A más de 2.000 kilómetros de aquí, los cabecillas se aprovechaban de los extensos lazos familiares (mucho más extensos en los clanes de etnia gitana) para vender a sus 'conocidos' un falso dorado español. Lo primero que les prometían era la gestión y compra del billete de avión, cuyo importe apenas fuera devuelto con los beneficios obtenidos durante los primeros días dejaría la deuda saldada. «Se trata de personas vulnerables con discapacidades físicas muy notables que no conocen el idioma ni tienen algún tipo de arraigo», advierten los uniformados, conscientes de la estratagema aplicada.

En la capital, el matrimonio alojaba a sus víctimas en descampados o pisos okupados y sin previo aviso las condiciones cambiaban. Comenzaban las amenazas, muchas veces en dos direcciones: por un lado, a los propios afectados, a los que llegaban a advertir de que tenían localizados a sus familiares y podían hacerles daño; y por otro, directamente a estos mismos familiares, presionados de forma violenta para evitar que sus víctimas regresaran a sus localidades de origen. Era tal el grado de aislamiento de todos los implicados que en año y medio el negocio, con el que obtuvieron más de 60.000 euros en dos años, nunca tuvo fisuras. Hasta finales del mes de febrero.

Una tarde, un sintecho con invalidez se presentó con otro paisano en una comisaría de distrito para interponer una denuncia por amenazas. Con la ayuda del intérprete, los agentes recogieron lo relatado sin saber aún lo que se escondía detrás. En pocos días se recibieron tres denuncias más, que por texto y características de los damnificados, tenían todas el mismo denominador común. Los expertos de la Brigada de Extranjería se pusieron a escarbar, convencidos de que cuatro hechos similares, cometidos contra personas con evidentes discapacidades físicas (entre otras, la falta de un brazo o los dos, una pierna o las dos) y algunas de ellas también psíquicas, que viven en la calle, son de origen rumano y se dedican a la mendicidad no era mera coincidencia.

El problema entonces radicaba en la dificultad de que los subyugados contasen con exactitud el infierno sufrido. «Nosotros solo teníamos que un individuo había amenazado a otro, pero nada más», rememoran los inspectores, convencidos de que la clave para erradicar esta casuística delictiva versa en la voluntad de acudir a la Policía de personas atrapadas en círculos tan cerrados. «Por el idioma y porque allí en Rumanía no conciben a la Policía como se concibe en España. Allí no piensan que están para ayudar y normalmente recelan igual cuando vienen aquí», añaden. La ley del silencio, por tanto, suele ser total.

Con la madeja de hilo poco a poco deshaciéndose, los especialistas lograron convencer a cuatro de las ocho víctimas acreditadas para que declarasen en sede policial. Un hecho muy complicado, si se tiene en cuenta que las amenazas no cesaron a raíz de recibirse las primeras denuncias. «Es más, les exigían que las retirasen», subrayan. En cuatro casos lo consiguieron. El matrimonio señalado también estaba apoyado por uno de sus hijos, un joven a punto de cumplir la mayoría de edad que presuntamente ayudaba en las vigilancias. El puzle cobraba forma y la Fiscal Delegada de Extranjería obraba en consecuencia: la detención de la pareja estaba al caer. ¿Al caer?

«Tardamos seis días y seis noches en localizarlos a la vez y poder arrestarlos», prosiguen los agentes, dado el elevado nivel de itinerancia que tenían sus objetivos. En tres meses de indagaciones se localizaron tres puntos: Avenida de América, el Puente de los Franceses… Pero de nada servía tener a uno de los dos en el radar si el otro no estaba. Ya engrilletados, fueron acusados de trata de seres humanos con fines de explotación para la mendicidad, amenazas graves, coacciones y obstrucción a la justicia (por amenazar con un cuchillo a uno de los denunciantes). Y tras ser puestos a disposición judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares de aproximación a las víctimas.

El hijo, sin embargo, no ha podido ser apresado al no quedar acreditado si actuó por motivación propia o lo hizo obligado por sus progenitores. A los matones se les continúa investigando para dilucidar su grado de participación en los distintos escalafones de la red. Mientras, el iglú plateado sigue en el mismo solar de La Guindalera, pero cerrado con cremallera y despojado de toda su parafernalia exterior, a grandes trazas, sillas, mesas, un hornillo y una especie de letrina donde los acampados realizaban sus necesidades.

Precisamente, los residentes del edificio contiguo hacía alrededor de un mes que no observaban movimiento en el solar de abajo, aunque nadie realmente sabía por qué. Hasta ayer, cuando la Jefatura Superior de Madrid dio cuenta de una operación a todas luces complicada. «Lo importante es visibilizar esta situación y que otras personas que puedan estar en condiciones similares se atrevan a denunciar». Llegados al final, conviene recordar que la Policía Nacional cuenta con un número (900 105 090) y un correo (trata@policia.es) para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, siempre anónima y confidencial en este tipo de delitos. El problema, ya saben, podría estar la próxima vez a la vuelta de la esquina.