Madrid licita un nuevo contrato de comida en residencias de mayores con un 25% más presupuesto y que prima la calidad

Fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que dirige Concha Dancausa, señalaron que se espera que el nuevo contrato entre en vigor en enero de 2024. La subida en el presupuesto para comprar productos y materias primas permitirá, señalan, «hacer frente a la subida del coste de los alimentos registrada en los últimos meses».

El nuevo contrato va a aplicarse sobre 83 instalaciones regionales, entre residencias de mayores, centros de día, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales y centros de protección de menores, en los que se sirven más de 9.600 menús completos cada día.

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El actual contrato de suministro de alimentos, que entró en vigor en septiembre de 2022, «se calculó con los precios de 2021 que ahora es necesario actualizar con un nuevo contrato que permita compensar el incremento de los costes laborales y la inesperada subida del IPC para seguir manteniendo y mejorando la calidad del servicio de comidas que se presta a los usuarios de estos centros», aseguran.

De hecho, el precio de licitación del nuevo contrato ascenderá a 26 millones de euros anuales, más de cinco millones por encima del actual (20,8 millones). Además, a la hora de adjudicarlo, primarán los criterios relacionados con la calidad de los suministros –especialmente en los productos frescos- frente al precio ofertado por los licitadores, que supondrá menos del 50 por ciento de la valoración frente al actual 70 por ciento. Por otra parte, los pliegos de prescripciones técnicas tendrán en cuenta la experiencia de gestión acumulada en estos meses, para adaptarlos de manera más eficiente a las necesidades de los distintos centros.

Otra salvaguarda que se incluirá en el pliego de condiciones, para evitar que se repitan los problemas que se han venido dando hasta ahora, será ampliar los controles para comprobar que la empresa adjudicataria realiza una correcta ejecución del suministro. La supervisión se realizará con visitas -como mínimo, una semanal- a los almacenes de cada proveedor, y dos controles analíticos mensuales. Y se endurecerán las penas por cumplimiento parcial o defectuoso del contrato, así como las causas de resolución del mismo.

Hasta que el nuevo contrato se haya tramitado y adjudicado, seguirá funcionando el servicio con la actual empresa adjudicataria -que acumula ya varias sanciones puestas «cuando se han visto malos comportamientos», como explicó el vicepresidente Enrique Ossorio el pasado miércoles-. Para ello, se hará una prórroga técnica del actual contrato, que vence en septiembre, de manera que se garantice el suministro a los centros afectados. En todo caso, advierte el Gobierno regional que reforzará los controles para asegurarse que «los actuales proveedores cumplen con los estándares de calidad exigidos por la Comunidad de Madrid».