Una juez investiga al presidente del Real Casino de Madrid

Además de Alvar, también figuran como investigados en la causa, según pudo saber ABC de fuentes del caso, cuatro vocales de la Junta Directiva, el órgano de gobierno del organismo. El turno de las declaraciones de una parte de los investigados ante la jueza ya tuvo lugar el pasado septiembre, según trasladan las mismas fuentes a este diario.

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El denunciante, que fue miembro de la anterior Junta Directiva del Casino, considera que los actuales miembros del selecto club pudieron incurrir en los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares por distintas actuaciones a partir de marzo de 2022, cuando se celebraron las elecciones a Presidente y Junta Directiva en las que resultaron elegidos.

La investigación gira alrededor de si, como se expuso en la denuncia presentada el año pasado por estas fechas, el presidente Alvar y sus cuatro vocales pudieron extralimitarse en sus funciones y causar un perjuicio patrimonial al Casino.

La parte denunciante cree que el presidente y los vocales investigados tomaron al menos cinco decisiones en su propio beneficio, en contra de los intereses de la institución o que comprometieron sus fondos.

En primer lugar, los nuevos responsables del Casino ordenaron a una entidad bancaria devolver un pago del impuesto del IVA de 139.000 euros que la anterior dirección ordenó pagar tras recibir un informe fiscal interno que así lo recomendaba y antes de que lo requiriese Hacienda.

En segundo lugar, se les reprocha que volvieran a contratar, nada más tomar posesión del cargo, al gerente del Casino expulsado en 2021 como socio, previo expediente disciplinario. Una contratación que se habría hecho a través de un contrato de servicios con una mercantil externa. Antes de volver a contratarle, además, le habrían indemnizado con casi 180.000 euros.

Otra de las actuaciones denunciadas por considerarla contraria a los intereses del Casino es la firma de un acuerdo extrajudicial con la empresa del hotel que utiliza las instalaciones del espacio, que litigaba para pagar menos renta. Los anteriores responsables lo ven innecesario y perjudicial.

También habrían cambiado a los defensores del Casino en una causa abierta en el Juzgado 42 de Madrid, en la que algunos de los nuevos miembros de la Junta Directiva eran quienes se enfrentaban a la propia institución que ahora encabezan. La parte denunciante ve que se produjo una autocontratación para propio beneficio de los directivos, lo que conllevó indefensión para el Casino, que acabó condenado en costas.

Por último, también habrían retirado acciones judiciales que el Real Casino presentó en su momento contra actuales miembros de la Junta Directiva.

El Ministerio Público y la parte denunciante instaron a la juez a revisar las citadas actuaciones desde la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, solicitando información bancaria y a las compañías con las que el Casino tenía abiertos litigios para ver si su actuación fuera constitutiva de delito.