Las joyas inmobiliarias disponibles tras la mudanza a la Ciudad de la Justicia: más 200 millones de euros solo con plaza de Castilla

Defienden en el Gobierno regional que concentrar las sedes judiciales en un único punto, en Valdebebas, sobre una parcela y en unos edificios que serán de su propiedad, va a suponerle un importante ahorro a la Administración autonómica. Y lo cuantifican: unos 2.000 millones en los próximos 40 años.

Acercando el 'zoom', los datos ponen de manifiesto que los alquileres de los 19 edificios arrendados suponen 40 millones de euros anuales de factura para las arcas regionales en el partido judicial de Madrid. Y a ellos hay que sumar otras cantidades: 30 millones de euros que se pagan en contratos de mantenimiento, vigilancia, limpieza y otras necesidades. No obstante, algunos de estos gastos deberán reproducirse en los nuevos inmuebles, que obviamente también deberán ser protegidos, mantenidos y limpiados.

Noticia Relacionada

Cuarto intento para la Ciudad de la Justicia: en 5 años concentrará 28 sedes judiciales y ahorrará un 50% de gastos

Sara Medialdea

Con una inversión de 680 millones de euros, unificará 28 sedes judiciales en una sola parcela en Valdebebas

El conjunto de edificios del partido judicial madrileño suponen cada año un gasto de 4,5 millones de euros en consumo eléctrico, 120.000 euros en agua y 311.000 euros en gas. La otra cara del traslado a la Ciudad de la Justicia son los inmuebles que quedarán vacíos y sin uso. Qué se hará con ellos es una incógnita, pero a juicio de los expertos suponen una 'perita en dulce' en el mercado inmobiliario.

Los juzgados de la plaza de Castilla son el principal de estos activos: 48.600 metros cuadrados construidos en una de las zonas en expansión de la capital, a las puertas de Madrid Nuevo Norte.

A su espalda están los juzgados de Primera Instancia, en la calle de Joan Maragall, 66, un edificio también propiedad de la Comunidad de Madrid, que ocupa 24.500 metros cuadrados construidos.

En Gran Vía, 19 están los juzgados de lo contencioso-administrativo, un inmueble de los más representativos de la capital y cuyo dueño es también la Comunidad madrileña. Y hay otras dependencias de su propiedad relacionadas con la Justicia: en General Oraá, 39; en la calle de Martínez Page, en Fernando el Católico, 47 y en la calle de Vidauba.

Todo eso, además del gran edificio del Registro Civil Único, en la calle de Pradillo, 66. No obstante, aunque este se contaba entre los 'trasladables' a la Ciudad de la Justicia en anteriores versiones del proyecto, en este último no se piensa en su mudanza, según indicaron fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, que dirige Miguel Ángel García.

Y hay que sumar también como propiedad el edificio del Instituto de Medicina Legal, en Valdebebas, el único que se llegó a construir en los anteriores proyectos de unificación de sedes judiciales.

Nadie avanza, en el Gobierno regional, qué se va a hacer con los edificios que se queden vacíos tras la gran mudanza a la flamante Ciudad de la Justicia. Sólo algún comentario sin apoyo oficial, en el sentido de que podrían ser «magníficas consejerías».

Los expertos del sector inmobiliario tienen claro que se trata de diamantes en bruto. Si entran en el mercado ―bien por alquiler o por venta―, «pueden ayudar a reordenar la huella inmobiliaria que las diferentes unidades de la Comunidad de Madrid tienen repartidas en edificios bajo arrendamiento, disminuyendo de este modo el presupuesto para dicha partida», explica Martín Galbete, director nacional de Oficinas en la inmobiliaria Colliers.

No obstante, añade, «si la Comunidad optara por despatrimonializarse, y siempre y cuando urbanísticamente fuera posible, se podría transformar dichos activos en usos alternativos altamente demandados, como residencial (del que se adolece de producto dentro de la M-30) u hotelero (como consecuencia del aumento del turismo tanto de ocio como de negocio en la capital)».

El interés que despiertan estos inmuebles es indudable: «Para ambos casos, el apetito inversor es alto y por tanto los niveles de precio de mercado, dependiendo de cada caso, podrían variar en los rangos altos de cada microlocalización», indica Galbete.

De acuerdo con sus datos, «si tomamos como comparable la venta de Francisco Gervás, 10, ubicado en el entorno de plaza de Castilla, un activo con potencial de reconversión a uso residencial, en un presumible escenario de bajada de tipos en este entorno los precios podrían oscilar entre los 6.000 y los 8.000 euros por metro cuadrado». Los cálculos marean si se piensa que los juzgados de plaza de Castilla casi ocupan 50.000 metros cuadrados construidos.

Por su parte, desde el portal Idealista también aportan cifras muy importantes relacionadas con estos inmuebles y lo que podrían suponer si salieran al mercado. Los juzgados de plaza de Castilla y los de la calle del Poeta Joan Maragall, 66 tendrían un valor, si se destinaran a vivienda colectiva, de unos 5.498 euros por metro cuadrado construido. En el caso de destinarse a oficinas, alcanzarían los 4.233 euros por metro cuadrado construido.

Por lo que se refiere a los juzgados de Gran Vía, 19, aquí el precio como vivienda colectiva sería aún mayor: 7.171 euros el metro cuadrado. Y como oficinas, algo menor que en la zona de plaza de Castilla: calculan que unos 3.977 euros el metro cuadrado.

Actualmente, el uso residencial no está contemplado para ninguno de estos inmuebles en el Plan de Urbanismo. Pero que nadie piense que pensar en ello es una marcianada, o al menos, no es la primera vez que alguien lo pensó.

De hecho, hubo ya un intento, en anteriores versiones de la Ciudad de la Justicia, de aprovechar que los juzgados de plaza de Castilla quedaran vacíos para derribarlos y construir en su lugar un rascacielos de 30 pisos. El Gobierno regional del momento, presidido por Esperanza Aguirre, planteó al Ayuntamiento de Madrid la recalificación de los terrenos. Fue precisamente el alcalde de entonces, Alberto Ruiz-Gallardón, quien paró la operación tras ser desvelada en 2008.