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Ingresa en prisión un profesor de Torrelodones (Madrid) investigado por abusos a menores de 5 años

El pasado jueves, el magistrado decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza tras hallarse nuevos indicios y sumarse a la acusación una nueva víctima

La «alarmante espiral» de la violencia sexual: 50 delitos al día

Un agente de la Guardia Civil entra en los juzgados. EFE/ Ismael Herrero

EP

El juez de Instrucción número 5 de Collado Villalba ha ordenado el ingreso en prisión de un profesor de un colegio privado de Torrelodones investigado por supuestos abusos sexuales a varias menores de cinco años.

El pasado jueves, el magistrado decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza tras hallarse nuevos indicios y sumarse a la acusación una nueva víctima, según han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas. Ante los nuevos datos, el fiscal y las acusaciones particulares solicitaron la celebración de una vistilla para que se acordara el ingreso en prisión preventiva.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid ya plantearon en un auto dictado el pasado 29 de agosto el ingreso en la cárcel del docente detenido.

La Audiencia le permitio seguir con su actividad

La Sala de Vacaciones de la Audiencia madrileña permitió en la citada resolución al profesor seguir con la actividad docente en otros centros, dado que esta prohibición solo se puede contemplar en una sentencia condenatoria en el caso de que la causa llegue a juicio.

Entre otras medidas, los magistrados levantaron igualmente la prohibición impuesta al docente de acercarse en general a

lugares frecuentados por menores si bien se le mantiene en aras a proteger a las presuntas víctimas la imposibilidad de acudir al centro en el que se cometieron los supuestos abusos sexuales.

La defensa recurrió las medidas entendiendo que eran «desproporcionadas» y que no concurría «situación objetiva de riesgo» para una de las supuestas víctimas considerando, además que «no existen indicios de criminalidad por presuntos abusos sexuales a menores».

La Sala alegaba en relación a permitir al docente seguir con su actividad en otros centros escolares que, de lo contrario, se estaría ante «la anticipación de una pena, que no es posible en fase de medidas cautelares».

Una vez que el caso se destapó, el investigado se dio de baja del centro por problemas de salud, donde trabajaba como ayudante. La Inspección Educativa se dirigió al centro para solicitar información sobre lo ocurrido y sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los alumnos.

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