Caso del falso arquitecto: «Las obras nunca se terminaban por la vida a todo lujo de Casanova»

Por ello, fue ayer cuando por fin desfilaron por la sede del 35 todos los investigados salvo el propio David Casanova, quien no se presentó pese a estar citado. Sí que lo hizo, aunque de manera telemática, su madre, Rosa María Montesinos, con reseñas por estafa, falsedad documental, daños, asociación ilícita y pertenencia a grupo criminal; también su hermana Aroa, con antecedentes por estafa; Alejandro Delgado, administrador único de Alda Home hasta marzo de 2022; Petru A., de origen rumano y el único que cuenta con la obligación de firmar en el juzgado cada mes; Juan Carlos H., apodado 'el fontanero' y al igual que Petru sin reseñas policiales.

Por último, tampoco testificó José Manuel R. G, expareja de Rosa y a quien Casanova presuntamente usurpó el CIF de una sociedad inactiva que estaba a su nombre para volver a las andadas tras ser detenido el 26 de octubre de 2022. Precisamente, los primeros en comparecer fueron los cinco damnificados, de los cuales dos sufrieron los estragos de esta última empresa, Sector Reforma, con sede en Valencia pero sin actividad desde hace una década. En ambos casos, Casanova cambió su nombre y en lugar de presentarse como David, dijo a los clientes que se llamaba Carlos. También, estuvieron presentes otras tres víctimas de Alda Home (con la que contrataron la mayoría de afectados personados en la causa), cuyas declaraciones se suman a las ya registradas en anteriores citaciones.

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Después, el turno fue para los dos albañiles (estaban llamados tres, pero uno no se presentó), que acudieron a Plaza Castilla en calidad de testigos. A diferencia de otros obreros a los que supuestamente engañaron con salarios incumplidos tras recogerles en Plaza Elíptica, los declarantes afirmaron que a ellos sí que les dieron de alta en la Seguridad Social para desescombrar las viviendas. Y al igual que el resto de sus compañeros, no vieron ninguna obra terminada durante el tiempo que estuvieron contratados.

La parte esencial de la mañana vino a continuación, con la presencia de todos los investigados a excepción de Casanova. Su madre, Rosa María, y su hermana Aroa solo respondieron a preguntas de su abogado para asegurar que no sabían nada de lo que pasaba. Petru echó balones fuera y señaló que él era el encargado de llevar material, y que sí que había veces que mandaban a trabajadores a las casas, pero sin suministros, por lo que tampoco estos podían hacer nada. Además, apuntó que también tenía constancia de que muchas de las obras quedaban inacabadas.

Alejandro, el que fuera el director financiero y administrador único de Alda Home hasta su marcha en marzo de 2020 (cuando tomó las riendas Rosa María), mantuvo la teoría de que él también fue engañado por el falso arquitecto y su madre. Y Juan Carlos, 'el fontanero', añadió que él solo hacía lo que le mandaban, labores de fontanería y algo de pladur, y acusó a Casanova de llevar una vida de lujo, con coches de alta gama, caballos y pisos, mientras las obras no se terminaban. O en otras palabras, que presuntamente usaba el dinero de los clientes para sufragar su elevado tren de vida en lugar de cumplir lo acordado en los contratos.

«Nosotros seguimos teniendo claro que esto es una estafa agravada y continuada, y estas declaraciones han venido a corroborarlo. Ahora, confiamos que tras el resto de diligencias abiertas, la jueza dicte el auto de transformación y abra juicio», valora la defensa de gran parte de ellos, en manos de Bufete Prolegue. Queda por saber si David Casanova había recibido la citación: «Y si es así, pediremos que lo ponga en busca y captura».

Un tipo que llegó a crear al menos tres empresas antes de ser arrestado, aunque fue con Alda Home cuando se le empezó a complicar el dudoso negocio. La lucha incansable de dos afectadas para destapar todo el entramado derivó en una compleja investigación de la Policía Nacional, en la que los agentes llegaron a estimar que en menos de dos años el perjuicio económico causado habría ascendido a 700.000 euros. Para conseguirlo, el falso arquitecto ofrecía a los clientes una presentación elegante de la reforma a realizar; tras ello, enviaba un presupuesto muy ajustado del que se debía pagar el 35 por ciento a la hora de firmar el contrato, mientras que el resto se abonaría fragmentado cada semana hasta el final de la obra.

Una vez el proyecto encargado, Casanova y los suyos regresaban a las viviendas con varios obreros, muchos de ellos inmigrantes ilegales a los que previamente había recogido en Plaza Elíptica para realizar tareas de demolición y desescombro. La estrategia era clara: hacer creer a los afectados que los trabajos iban por buen camino, hasta que poco a poco, y con las casas totalmente empantanadas, los albañiles dejaban de ir o cuando lo hacían aseguraban no tener materiales para continuar. Los pagos, en cambio, seguían efectuándose para no incurrir en un incumplimiento de contrato, cobrando así el total de lo acordado antes de borrarse del mapa. «Te daba largas hasta que directamente dejaba de contestar a las llamadas», coinciden las víctimas.

Cabe recordar que la situación de muchos de los albañiles, a los que dejaban de pagarles tras la primera semana, era tan precaria que algunos de ellos se vieron abocados a dormir de forma clandestina en las obras en las que trabajaban, para no tener que hacerlo al raso. «Son personas muy vulnerables. Jugaban con esta situación para pagarles lo mínimo y que no denunciasen. Para ellos, cobrar o no cobrar era la diferencia entre comer y no comer o dormir en una habitación o en un parque», advertían a ABC fuentes de la investigación, liderada entonces por el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tetuán. Un año y medio después, el caso del falso arquitecto sigue su inexorable curso.