Esperanza Aguirre tendrá que testificar en el juicio por las irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid
El juicio arrancará el 4 de marzo de 2024 y durará doce días: hasta el 21 de ese mismo mes
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tendrá que declarar como testigo en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), según informa Europa Press. En el banquillo se van a sentar también su exconsejero Alfredo Prada y otras cinco personas, incluido el que fuera jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal, el comisario Andrés Gómez Gordo.
La testifical se va a producir durante la celebración de la vista oral, que arrancará en marzo de 2024 en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), según avanzó El Confidencial.
Concretamente, el juicio arrancará el 4 de marzo y durará doce días: hasta el 21 de ese mismo mes. Así se desprende de la diligencia de ordenación emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que cita Europa Press.
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En julio de 2021, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó abrir juicio oral contra Prada, Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia. También contra Félix José García de Castro.
En ese auto, el juez exigía además que hicieran frente de forma solidaria a una fianza de 40 millones de euros. En realidad, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 heredaba esta causa del anterior magistrado instructor, José de la Mata, quien acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos, señalando que los investigados, liderados por Prada, «se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».
Corrompieron el procedimiento
De la Mata afirmó que el ex consejero y los directivos investigados «corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, y menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos».
Así, De la Mata dijo que en este caso «la conducta perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial».
«En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público», completó De la Mata.
Delitos de prevaricación y malversación
La Fiscalía Anticorrupción acusó a los seis procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, reclamando ocho años de cárcel para Prada y seis para los demás, aunque de forma alternativa propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que interesó 4 años y 6 meses de prisión para el ex consejero y tres años para el resto.
Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid apuntó a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos.
En el caso de los servicios jurídicos de Madrid, plantearon penas más altas. Así, pidieron 13 años y 3 meses de cárcel para Prada; 11 años para los directivos; y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que achacaron solo delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas.
En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público dejó en manos del Tribunal de Cuentas fijar la cuantía una vez dictada la sentencia del caso, si bien la Abogacía de la Comunidad de Madrid exigió una indemnización conjunta y solidaria por el importe total de los contratos que se habrían adjudicado ilegalmente en perjuicio de las arcas regionales: 40.482.735,78 euros.
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