La Ciudad de la Justicia: el megaproyecto que se gafó en tiempos de Esperanza Aguirre

Desde el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso explican que «la Comunidad de Madrid empleará los cauces legales establecidos para este tipo de circunstancias»: invitar directamente a empresas -algo que se puede hacer siempre que haya un mínimo de tres implicadas-. No hay plazos, pero se intentará hacerlo cuanto antes para no retrasar aún más un proyecto que no ha conseguido despegar, en las tres versiones que se han conocido del mismo, en casi 20 años.

Conforme a la ley que regula la contratación pública en los casos en los que queda desierto un concurso público -explican desde el Gobierno regional-, «la norma prevé la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento negociado, siempre y cuando las condiciones esenciales del contrato no sean alteradas, como, por ejemplo, el presupuesto base de licitación». Se va a invitar a que participen, explican en la Consejería que dirige Enrique López, «al mayor número posible de empresas».

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ABC

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«El Gobierno regional mantiene su voluntad de reagrupar todos los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único enclave», insistían ayer, tras el varapalo de la falta de ofertas recibidas. Entre los argumentos que se barajan para explicar este desinterés empresarial por el proyecto, en la Consejería apuntan a que puede deberse a «los condicionantes» actuales de la economía, el encarecimiento de precios de los materiales, y la «incertidumbre a nivel mundial», que puede haber frenado el interés por una iniciativa de la envergadura de esta.

Fuentes del sector señalaban a ABC que con las actuales condiciones, «los números no salen», lo que habría hecho replantearse su entrada a grupos potentes que estaban interesados en la iniciativa, entre los que se citan a las principales empresas del sector: Acciona, Sacyr, ACS, Ferrovial y otras.

La licitación para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia se publicó el pasado 20 de julio. La idea era concentrar en una parcela en Valdebebas los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler. El Gobierno regional invierte ahora unos 72 millones al año en estos inmuebles, incluidos los arrendamientos, servicios de vigilancia, limpieza, coste energético, etcétera. El ahorro previsto centralizando las dependencias es de unos 20 millones anuales.

La fórmula elegida por el Gobierno regional para esta tercera versión de la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión por 40 años a la empresa que ganara el concurso. Durante este tiempo, la adjudicataria tendría que encargarse de la construcción de en torno a 18 edificios de entre 3 y 9 alturas -375.000 metros cuadrados en total-, para albergar las sedes judiciales de la capital.

Según el informe de viabilidad del proyecto, esto está presupuestado en unos 507 millones de euros. La empresa interesada recibiría anualmente un canon de 50 millones de euros pagado por el Gobierno regional. Se encargaría no sólo de construir los edificios, sino también de su mantenimiento posterior, y podría explotar el aparcamiento subterráneo y los bajos de los edificios. Al acabar el periodo de concesión, la propiedad de los edificios volvería a la Comunidad de Madrid.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) interpuso en agosto un recurso contra los pliegos de la licitación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública: según su criterio, incumplía la Ley de Calidad de la Arquitectura, recién aprobada, y por eso solicitó la suspensión e instó a convocar un concurso abierto de proyecto arquitectónico. El tribunal lo desestimó.

Este es el tercer intento que se lleva a cabo para reunificar de sedes judiciales en Madrid. El primero fue el megaproyecto de Campus de la Justicia que puso en marcha Esperanza Aguirre en el año 2005, con grandes nombres de la arquitectura firmando los proyectos -millonarios- de cada edificio: Rafael de la Hoz, Norman Foster, Pei, Henry Cobb, Zaha Hadid, Alejandro Zaera o Richard Rogers.

Era un proyecto promovido y gestionado por la sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid. Pero llegó la crisis de 2008 y se llevó por delante el proyecto. En el año 2014, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la liquidación de la sociedad encargada de gestionar el Campus. Sólo se había construido para entonces el edificio del Instituto de Medicina Legal, el 'donut' que durante años estuvo vacío y sin uso -salvo unos meses en que fue utilizado como morgue improvisada, durante la pandemia de 2020-, hasta que en 2021 se abrió para ese uso.

Un plan con tres intentos frustrados

2005

Los grandes nombres

El Campus de la Justicia nace de un concurso internacional promovido por el Gobierno de Esperanza Aguirre, en terrenos de Valdebebas. Una iniciativa con intervención de grandes arquitectos como Foster, Cobb, Hadid o Pei. La crisis de 2008 se llevó por delante el megaproyecto: en el año 2014, el Gobierno de la Comunidad liquidó la sociedad encargada de gestionarlo.

2014

Segundo intento, tras la crisis

Fue Ignacio González, presidente regional tras la marcha de Aguirre en 2012, quien decidió retomar el proyecto en 2014. Al año siguiente, su partido le sustituyó por Cristina Cifuentes, que ganó las elecciones y se encontró con que acababa de adjudicarse el concurso para construir este complejo. Cifuentes anuló la adjudicación. Tras informes demoledores de la Cámara de Cuentas sobre ambos proyectos, el Gobierno regional llevó las irregularidades ante la Fiscalía.

2021

Cambio de modelo

Díaz Ayuso planteó otro modelo de Ciudad de la Justicia: por concurso, a una empresa que lo construiría y explotaría a cambio de un canon. Pero el concurso ha quedado desierto.

El presidente Ignacio González retomó la idea, ya bajo la denominación de Ciudad de la Justicia, sobre la misma parcela de Valdebebas. Pero bajo la presidencia de Cristina Cifuentes, y tras conocerse informes demoledores de la Cámara de Cuentas sobre estos proyectos, el Gobierno regional trasladó a la Fiscalía General del Estado una denuncia por posibles «irregularidades» en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia durante la época de Esperanza Aguirre. Se basaba en los incumplimientos «sistemáticos» de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad en los ejercicios entre 2005 y 2015.

Se mencionaban en los informes todo tipo de tropelías: según la Cámara de Cuentas, hubo «desorden y descontrol», y paradojas como un desequilibrio entre el número de directivos y trabajadores: los primeros casi doblaban a los segundos. Faltaban justificantes de muchos gastos, y se destinaron hasta 19 millones de euros a dos edificios de los que no se puso ni una piedra. La oposición calculó que el proyecto había supuesto tirar «a la basura» unos 130 millones de euros.

Previamente, Cifuentes ya había decidido y anunciado que no seguiría adelante con el proyecto de Ciudad de la Justicia de Ignacio González, y desistió del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión de obra pública. Un asunto que recurrieron las empresas perjudicadas y que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dándole la razón al Gobierno regional y manteniendo en suspenso la concesión del proyecto.

Bajo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, se ha intentado por tercera vez llevar a cabo el proyecto, igualmente en Valdebebas pero utilizando un sistema diferente: el de la concesión. Pero ninguna empresa se ha mostrado dispuesta a entrar en el proyecto. Ahora se verá si el Ejecutivo consigue convencerlas mediante la invitación directa a participar.