Madrid, a la caza del 80% de conductores extranjeros que no pagan una factura millonaria en multas de tráfico

A principios de septiembre, el concejal delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento, Borja Carabante (PP), firmó un decreto para perseguir a estos miles de conductores que se libran de pagar sus incumplimientos por vivir demasiado lejos de Madrid. Ese contrato de 390.406,5 euros entró en vigor el 23 de septiembre: durante dos años, la empresa con sede italiana Nivi se ocupará de gestionar el servicio de cobro de las multas de tráfico en el extranjero. Un presupuesto asequible si se compara con la factura millonaria impagada cada año.

De acuerdo a los últimos datos disponibles, entre enero y agosto de 2023 se quedaron en el limbo 11.908 sanciones de las 15.618 tramitadas. El consistorio recaudó el 23,75% del total: 203.125 euros. Sin embargo, a una media de 90 euros por multa -la cuantía estándar por una infracción leve- la cuenta perdida supera el millón de euros. Y eso en ocho meses. Desde 2017, el primer año del que se tienen registros, las 187.914 denuncias que nunca se cobraron han supuesto una merma en los ingresos municipales de casi 17 millones de euros.

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El Ayuntamiento de Madrid empezó a dar caza a estos conductores foráneos en 2017. Antes de esa fecha, y aunque existían mecanismos de la Unión Europea para facilitar el cobro de multas entre países, el consistorio no recaudaba las sanciones impuestas a vehículos con domicilio en el extranjero. Las dificultades para identificar a sus titulares, localizar sus direcciones de notificación y articular los medios de pago dejaban en el aire anualmente miles de denuncias. Hasta mayo de 2017, cuando el consistorio se adhirió al servicio para la gestión de cobros en el extranjero de sanciones de tráfico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de la misma empresa Nivi.

Durante su primera puesta en marcha, en la segunda mitad de 2017, el sistema consiguió que se abonaran 381.395 euros por 7.261 multas a extranjeros. Aun así, constituyó el 17,62% del total de denuncias tramitadas; otras 33.957 nunca se pagaron. Al año siguiente, el servicio marcó un récord que permanece imbatible: cobró el 46,88% de las sanciones. Poco más de 777.000 euros por las 13.923 multas que sí llegaron a buen puerto. Y todavía 19.700 volvieron a extraviarse.

Entre enero y mayo de 2019, la cacería se detuvo. Había caducado el contrato de la FEMP con Nivi. En septiembre de ese mismo año, cuando José Luis Martínez-Almeida acababa de coger por primera vez el bastón de mando, el Ayuntamiento de Madrid renovó el servicio correspondiente para su ámbito territorial. Ese 'impasse' se notó: el consistorio tan solo recaudó el 5,47% de las multas notificadas a extranjeros en 2019, 779 sanciones por un valor de 41.780 euros.

Los años posteriores el servicio recuperó unas cifras que han crecido ligeramente desde 2019: el consistorio percibió el 12,98% de las denuncias tramitadas en 2020 (468.765 euros), el 12,77% en 2021 (228.255 euros), el 20,22% en 2022 (340.105 euros) y el 23,75% por la mitad de 2023 (203.125 euros). Desde el pasado mes de septiembre, con la nueva adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco de la FEMP, la persecución continúa. El 'modus operandi' es simple. «La empresa Nivi notifica las denuncias por infracciones de tráfico a los conductores identificados o titulares de vehículos con domicilio fuera de España», explica un portavoz del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

La información que maneja esta empresa especializada en recuperación de deudas transfronterizas permite que el conductor reciba en su domicilio una carta certificada en el idioma del país de matriculación del vehículo. A partir de ahí, no obstante, el cobro depende de la voluntad del infractor porque, en la práctica, las consecuencias de impago son nulas. No existen leyes que obliguen a abonar la multa y España, como cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, no puede embargar una deuda de una cuenta extranjera por estos casos. De ahí que la tasa de morosos se mantenga estable año tras año.

En última instancia, el agujero es inevitable. El 80% de extranjeros que se saltan la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su visita a la capital no pagan las consecuencias. Según la Dirección General de Tráfico, los franceses, portugueses y alemanes cometen más infracciones en España, la mayoría por exceso de velocidad. Es la primera falta en la lista de incumplimientos de los conductores foráneos, como establece el Comisariado Europeo de Automovilistas (CEA), un organismo privado que nació para defender y asesorar a los conductores.

La lista continúa: no ponerse el cinturón de seguridad u otro sistema de retención homologado; saltarse un semáforo, una señal de stop o ceda el paso; conducir con tasas de alcohol superiores a las reglamentarias o bajo los efectos de estupefacientes; no llevar casco en moto; circular por un carril prohibido, por el arcén o por un tramo reservado para determinados usuarios; y utilizar el móvil mientras se conduce. Igual que un conductor español que cruce Francia debe asumir la normativa francesa, un conductor galo debe cumplir estas reglas de tráfico.

Durante décadas, los viajeros infractores regresaban impunes a sus países de origen. Nunca recibían la multa. Hasta que una orden de Bruselas resolvió la laguna: la Directiva Comunitaria 2011/UE del Parlamento Europeo facilitó el intercambio transfronterizo de información en el ámbito de la seguridad vial. Igual que cualquier ciudadano europeo puede conducir con su permiso en cualquier país miembro sin necesidad de trámites o carnés internacionales, los estados pueden compartir datos sobre el registro de vehículos, las licencias de conducir y los datos personales de sus titulares.

Esta unificación de criterios se traspuso a España en 2015 y, actualmente, Irlanda y Dinamarca son los únicos países del Viejo Continente que no aplican el trueque de información. Dublín, además, es de los pocos (junto a Holanda y Alemania) que puede ejecutar las multas por vía judicial, un proceso más exitoso a la hora de reclamar la sanción, en lugar de la autoridad administrativa de turno.

Los ayuntamientos, en cualquier caso, fueron los primeros rastreadores de estos infractores de tráfico. Un año después de que se aprobara la directiva europea para permitir el flujo de información vial, la FEMP ofreció el sistema de la mercantil Nivi. El servicio de cobros a extranjeros se puso en marcha el 30 de julio de 2012, antes de que lo planteara la DGT a nivel nacional, y cualquier administración local podía adherirse. Madrid tardaría un lustro en incorporarse.

En la capital, este seguimiento se alarga ahora otros dos años. Ya no solo se trata de llamar a la puerta de los infractores, por lejana que esté, sino de reclamar el dinero que le corresponde. Siguiendo las estadísticas, un año de multas a extranjeros puede subvencionar la iluminación navideña de media ciudad.