La bronca política cede a la unidad para frenar el consumo creciente de drogas en Madrid

El Grupo Popular impulsó la creación de una comisión de estudio para abordar el impacto de la droga en la Comunidad de Madrid. Las últimas comisiones de la Asamblea han acabado en pelea, incluso antes de nacer. En la Comisión Begoña, el PSOE y Más Madrid abandonaron los trabajos. Los socialistas también dieron portazo a la Comisión de estudio sobre el acuerdo de financiación de Sánchez con ERC en Cataluña y la quita de deuda. Y no estaba claro qué iban a hacer con la nueva comisión de las drogas, sobre todo porque desde el PP se ha culpado a la izquierda de tener un mensaje «laxo» sobre el cannabis, lo que ha llevado a otras complicaciones mayores.

El problema creciente de las drogas es uno de los asuntos que la presidenta regional ha situado como prioridad en su gestión. Y, de entrada, todos los grupos parlamentarios se unieron para dar luz verde a esa comisión de estudio en el Parlamento regional. Pero con advertencias incluidas. El portavoz adjunto del PSOE, Jesús Celada, avisó de que la participación de su grupo estaba condicionada a que el PP no convirtiera la comisión en un «circo» para atacar a Pedro Sánchez. En caso contrario, darían su tercer portazo parlamentario este año. Dos días después, el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, lanzaba un ataque directo a la izquierda por «banalizar» el consumo de cannabis. La batalla está servida, aun antes de nacer la comisión.

Los datos incluidos en la solicitud de comisión que presentó el PP están muy lejos de ser un «circo»: en el año 2023 se registraron más de 300 muertes relacionadas con las drogas en la Comunidad de Madrid. Algunas por sobredosis, otras por accidentes de tráfico o por suicidios. La mayoría eran personas jóvenes. En el último año consumieron cannabis el 21,8 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 18 años. «El cannabis es, con mucho, la droga más consumida por los jóvenes madrileños y la puerta de entrada a otras drogas», se subraya en la iniciativa. Tanto que el 15,9 por ciento de los jóvenes entre 14 y 18 años ya consumen hipnosedantes, el 3,1 por ciento inhalables volátiles, el 2,7 por ciento éxtasis y el 2,1 por ciento cocaína.

La parte más polémica de la solicitud del PP aludía al «blanqueamiento de la cultura del porro» que se ha producido en España. En el texto no se culpa de forma directa a nadie, pero Ayuso ya había señalado en ocasiones anteriores a la izquierda como responsable. Los populares subrayan el «grave impacto» que los porros tienen en la salud mental de muchos jóvenes, una afirmación que no gustó a una parte de la izquierda durante el debate. «El cannabis explica aproximadamente el 10 por ciento de los casos de psicosis y esquizofrenia. En 2023, el Sermas atendió 5.436 ingresos hospitalarios relacionados con el consumo de cannabis y el 90 por ciento de los menores atendidos en centros de adicciones de la región presentaba problemas con este tipo de droga».

El 'chemsex', como se conoce a las fiestas sexuales en las que se consumen drogas psicoactivas, «se ha disparado en la Comunidad, y con él las enfermedades de transmisión sexual», según se advierte en la exposición de motivos de la comisión. «El uso de drogas de síntesis en sesiones de sexo grupal compromete gravemente la salud física, mental y social de los participantes». Por eso, esta práctica se analizará al detalle en la comisión.

El objeto principal de este órgano parlamentario será conocer el impacto real de las drogas ilegales en la sociedad, las causas que llevan a la adicción a estas sustancias, su verdadero alcance en la vida de los afectados, de sus familias y en la sociedad, el negocio que orbita a su alrededor y su trazabilidad (origen, tráfico, intermediarios, venta) y posibles fórmulas para abordar con éxito el problema. La comisión también prestará una atención especial al «repunte» en el consumo de heroína, el cannabis, o a drogas que, como el fentanilo, «están teniendo un impacto devastador en otros lugares del mundo».

Por la comisión pasarán expertos, profesionales de la salud, educadores, víctimas de la drogadicción y sus familiares, así como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los diputados tendrán un año para trabajar sobre este problema, aunque aún no está fijado el calendario. Al final habrá un dictamen, pero las tensiones y enfrentamientos políticos hacen difícil que pueda llegarse con la misma unanimidad inicial.