Ayuso reforma las leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y elimina la carga ideológica

Ayuso no pudo cambiar las leyes en su primer mandato, al gobernar en coalición con Ciudadanos. Tras las elecciones del 4 de mayo de 2021, tampoco dio el paso de reformar las normas, pues dependía de los votos de Vox, y este partido siempre ha defendido la derogación total de las leyes sin mirar atrás ni a los lados. Ha sido ahora, casi seis meses después de ganar por mayoría absoluta, cuando ha dado el paso de registrar las dos proposiciones y pedir su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Según el PP, el objetivo de las reformas es «dar mayor claridad y seguridad jurídica, así como eliminar algunos aspectos como la inversión de la carga de prueba sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI».

Por partes. La primera norma que se quiere modificar es la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, más conocida como ley Trans, que fue aprobada en marzo de 2016 por la oposición, es decir por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, que habían rechazado el texto presentado por el Gobierno del PP, en minoría en la Cámara. Los populares se abstuvieron en la votación final.

De entrada, se derogan las partes más 'ideológicas', como este párrafo: «Identidad sexual y/o de género: la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y auto determina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido».

Se deroga el derecho «al reconocimiento de identidad de género libremente manifestada», así como el derecho «a ser tratado de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos y privados y en particular a ser identificado y acceder a documentación acorde con dicha identidad». También se deroga toda la parte relacionada con la documentación administrativa de la Comunidad de Madrid, dentro de sus competencias, relacionadas con la «identidad de género».

En el capítulo de los menores, se refuerza su protección. Así, se prevé que para iniciar el tratamiento farmacológico será requisito necesario que previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso. El tratamiento se producirá bajo la autorización de quienes posean la tutela de la persona menor de edad o por autorización del juez que los sustituya. La nueva ley fulmina uno de los artículos más políticos, que entraba de lleno en los planes educativos, y la parte dirigida a controlar los contenidos de los medios de comunicación. Además, se elimina la necesidad de que las nuevas leyes tengan un informe de impacto sobre la identidad de género y el artículo que protegía la 'inversión de la carga de la prueba'.

La segunda ley que Ayuso quiere modificar de forma urgente es la ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, la ley LGTBI, que se aprobó por unanimidad en 2016, aunque con dos ausencias destacadas en la bancada del PP: David Pérez y Luis Perales.

En este caso, la reforma de la ley supone prácticamente la derogación de la que ya existe. Cambia hasta su nombre: ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI. Se elimina la definición de identidad sexual o de género como «el sexo autopercibido por cada persona, sin que deba ser acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico».

En el articulado desaparece el papel que se daba antes a las organizaciones LGTBI regionales con experiencia en la materia en el Programa de Información y Atención LGTBI de la Comunidad. Se suprime también el papel que se daba a la Comunidad para fomentar la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la diversidad sexual, identidad y expresión de género en los medios de comunicación.

También se deroga el artículo relacionado con el reconocimiento institucional a las personas LGTBI, así como el centro de documentación y memoria histórica LGTBI. El PP es tajante al eliminar, sin reforma alguna, la parte relacionada con las medidas en el ámbito educativo, salvo en el ámbito universitario, que se mantienen. De la misma manera se fulminan las medidas sobre la visibilidad LGTBI en el ámbito cultural. Tampoco habrá por ley un informe del Consejo LGTBI de la Comunidad (que queda derogado) sobre el cumplimiento de la ley y el impacto que ha tenido en distintos ámbitos.