Ayuso recurre al Constitucional el reparto de menas

El consejo de Gobierno dio ayer la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el Real Decreto que introduce estos cambios. La base del recurso será que dicho decreto «infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional, al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional» como las señaladas. Además, considera que se vulneran los derechos fundamentales de estos menores, «desplazándolos por cuotas subjetiva s y sin priorizar la garantía de su asistencia».

Paralelamente, creen en Madrid que el texto validado por el Gobierno central «es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre Administraciones», dado que la aplicación de los criterios de reparto «carece de justificación y se han realizado sin contar con las comunidades autónomas».

También argumentan que «vulnera el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados».

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Y señala al Constitucional que es «inadecuada» la utilización de la figura del Real Decreto ley, «ya que esta reforma legislativa se tendría que llevar a cabo mediante Ley Orgánica», al afectar a derechos y deberes de los ciudadanos. No entienden, por último, que se justifique acudir al Real Decreto por la «extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas, a pesar de que el mismo Real Decreto reconoce que el problema existe desde hace al menos ocho años».

Desde 2019, la Comunidad de Madrid asegura haber atendido a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados, y en este año, ya contabilizan a un total de 937 acogidos en sus centros, que según el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, están actualmente al 150 por ciento de su capacidad.

«No vamos a seguir tolerando un reparto discrecional de estos menores pactado con Junts solo para conseguir siete votos y garantizar que Pedro Sánchez se mantiene en Moncloa», señaló el portavoz regional, que exigió «control» y que las autoridades españolas contacten y acuerden «con los otros miembros de la Unión Europea políticas para que las fronteras españolas no sean un coladero».

En el Gobierno madrileño son muy críticos con la política migratoria que sigue el Ejecutivo central. Y se duelen de ser acusados por el PSOE de racismo y xenofobia por protestar por este reparto tan desigual de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a territorio español, bien desde Canarias, bien a través del aeropuerto de Barajas, como denuncian.

Por eso, ante estas acusaciones, Miguel Ángel García se preguntaba «qué partido socialista es el que nos critica, si el de Óscar López –secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Sánchez– o el del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala», que se ha opuesto incluso en los tribunales a que se abriera primero y funcione después el centro de acogida de menores inmigrantes abierto por la Comunidad de Madrid en un terreno municipal cedido a la región en la localidad fuenlabreña. «El PSOE tendría que decirle a Ayala que es un racista», protestó García Martín.

Insisten en la Real Casa de Correos en que «no queremos que haya un reparto» de menores, sino «un control de las fronteras». En cuanto a dónde se van a acoger a estos menores cuando lleguen a Madrid –Junts los ha cifrado en unos 800, aunque es un dato extraoficial–, en la Comunidad no adelantan nada, más allá de que sus centros de acogida están ya saturados. Los de Hortaleza y Casa de Campo llevan tiempo llenos por encima de sus posibilidades; el de La Cantueña (Fuenlabrada) se abrió hace unos meses para 100 plazas. «Pero cómo estén atendidos les da lo mismo; solo les interesan los siete votos», asegura García Martín.

En su resumen de situación, el consejero está de acuerdo en que habrá que buscar espacios para estos jóvenes que van a venir, pero insiste en que «el debate es qué va a hacer el Gobierno central para que dejen de llegar». Recuerda que hay tres macrocentros para inmigrantes adultos, que tiene abiertos el Gobierno de la nación en instalaciones propias en Carabanchel, Alcalá de Henares y Pozuelo.

El reparto, insiste, «invade una vez más competencias de la Comunidad de Madrid, es arbitrario porque no se ha pactado con las comunidades autónomas, y es un disparate que atenta contra la Constitución».

No es la primera vez que el Gobierno central y el regional chocan en los tribunales; ni siquiera en el caso del más alto tribunal, el Constitucional. De hecho, en los últimos tiempos se han multiplicado los enfrentamientos en este nivel. Enpezando por el que se ha producido este mismo mes de marzo, cuando el Gobierno de Madrid planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida de Moncloa de incluir la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, atendiendo a sus años como sede de la Dirección General de Seguridad franquista. El Constitucional admitió el recurso, pero el Gobierno central también ha llevado ante el Alto Tribunal al Ejecutivo autonómico por negarse a esta declaración de su sede como Lugar de Memoria.

También Ayuso llevó ante el Constitucional en mayo de 2024 la Ley de Amnistía, porque a su entender afecta a los pilares básicos de la Carta Magna española.

En julio de 2023, planteó igualmente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal, también por invasión de las competencias autonómicas. Y ese mismo año, en el mes de marzo, la presidenta regional acudió al Constitucional contra el nuevo impuesto de solidaridad, más conocido como de grandes fortunas, que había puesto en marcha en los últimos días del año anterior el Gobierno central. En este caso, el noviembre el Constitucional le tumbó el recurso a Díaz Ayuso.

Otro asunto madrileño que se dirime en este Alto Tribunal en la actualidad es la Ley Trans y la Ley LGTBI en la región, algunos de cuyos artículos fueron suspendidos por el Constitucional en julio de 2024 atendiendo los recursos del ejecutivo central y el Defensor del Pueblo. El Gobierno regional modificó las normas en octubre de ese año para esquivar los recursos del Gobierno. La Comunidad de Madrid insta al Gobierno de la nación a contactar y organizarse con el resto de países de la Unión Europea para «evitar que nuestras fronteras sean un coladero».