Ayuso reabre la guerra del agua contra Pedro Sánchez el mismo día que Andalucía la cierra

La líder madrileña apretaba el botón rojo el mismo día en que el Ejecutivo andaluz cerraba con Moncloa el conflicto por el riego del Parque Nacional de Doñana. «Casualidad», aseguraban en el entorno de Díaz Ayuso, aunque el recurso se había presentado el 4 de octubre y no se dio a conocer hasta este lunes.

El Ejecutivo madrileño, a través de su empresa pública Canal de Isabel II, presentó distintas alegaciones al nuevo Plan Hidrológico, que fueron desestimadas por el Gobierno central. Razón por la cual, explican en la Real Casa de Correos, se optó por acudir al Tribunal Supremo y reclamar la nulidad de varias de las normas.

Díaz Ayuso decidió dar publicidad a esta acción este lunes a primera hora de la mañana, durante una intervención ante el Círculo de Navarra, y prácticamente a la vez que se estaba firmando el acuerdo entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Portavoces oficiales del Ejecutivo andaluz esquivaban la polémica y la curiosa sincronía entre el final de un conflicto y el inicio del otro.

Díaz Ayuso cargó con todo contra el Real Decreto del Gobierno, aprobado en enero de 2023 y contra cuyo contenido ya se había manifestado la anterior consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en mayo de 2022. Advirtió que «cambia radicalmente las reglas, boicotea el sistema de abastecimiento de agua de la Comunidad madrileña» y es fruto de «la obsesión de Sánchez con Madrid, que no tiene límites, y ahora pretende que esta región se rinda por sed».

Entre otros aspectos, critica la presidenta que la nueva normativa «pone impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños» e «impide cumplir los requisitos de depuración». Pero sobre todo, se subleva porque se «pretende que el agua de los madrileños dependa de unos permisos que ellos mismos autorizarían o denegarían mes a mes, arruinando cualquier capacidad de planificación».

En su resumen, para Díaz Ayuso este «nuevo ataque de Sánchez contra Madrid es el más mezquino e inhumano de todos», y concluyó: «Nos quieren dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos y sin instituciones, nos quieren discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi siete millones de personas».

En el recurso que Canal de Isabel II plantea contra la Administración General del estado, al que tuvo acceso ABC, se recuerda que Madrid cuenta con dos concesiones para el aprovechamiento de aguas del río Alberche, para abastecer a la población, por 219,8 hectómetros cúbicos anuales.

Se impugnan varias partes de la norma. Por un lado, lo relativo a los caudales ecológicos –los que mantienen al menos la vida piscícola, que estiman en el Gobierno madrileño que se fijan en la norma «de forma injustificada y sin tomar en consideración la singularidad de las masas de agua a que afectan». Puede ocurrir, denuncian, que «durante el estiaje, en muchos ríos sería literalmente imposible realizar desembalses obligatorios permanentes, porque puede estar entrando menos agua de la que se exige desembalsar».

También piden la nulidad del artículo que fija la autorización previa antes de trasvasar agua, porque incumple los principios de jerarquía normativa y de reserva de ley, y supone de hecho «estar revisando de hecho las condiciones de las concesiones otorgadas».

Y además, insisten en que hay medidas que «no se exige en ninguno de los restantes planes de cuenca que contiene este real decreto y afectará únicamente a las transferencias hídricas que se produzcan desde el embalse de San Juan hasta el de Valmayor, ambos en la Comunidad de Madrid».

Ante las quejas de Díaz Ayuso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acusó a la presidenta madrileña de estar generando ruido: «La señora demuestra, una vez más, que probablemente piensa más en otro tipo de cosas que no en el interés de los madrileños o en la resolución de problemas, sino en la generación de nuevos problemas».

Desde el Ministerio de Transición Ecológica respondieron a la Comunidad que el nuevo plan no variaba el volumen de las concesiones existentes para el abastecimiento de Madrid, y recordaban a renglón seguido que, según la Constitución, es «competencia exclusiva del Estado» legislar y ordenar los ríos cuando discurren por más de una comunidad.

En la misma línea, el portavoz socialista madrileño, Juan Lobato, ironizó sobre el asunto: «Esto es el PP de Madrid, esto es Ayuso, aprovecha cualquier cosa para atacar no ya al Gobierno de España, sino a Feijóo y al PP, '¿que pactan Andalucía y el Gobierno de España? Yo al día siguiente, que Sánchez quiere ahogar Madrid'».