Ayuso presenta un segundo recurso contra el impuesto a las grandes fortunas de Sánchez

Precisamente este miércoles se han conocido las cifras de recaudación obtenidas por este impuesto. Y en el caso de Madrid, ha supuesto 555 millones de euros, un 90 por ciento de la recaudación total del gravamen. Lo que refuerza al Ejecutivo regional en su idea de que es un tributo creado expresamente «para perjudicar a Madrid y Andalucía».

El nuevo impuesto fue aprobado a través de una enmienda en un proyecto de Ley, saltándose el procedimiento parlamentario ordinario, sin presentar informes y sin capacidad para que otros diputados lo enmendaran.

Noticia Relacionada

Un error hará que cientos de grandes fortunas se descuenten 500 millones no pagados en Patrimonio en el impuesto a los ricos

Bruno Pérez

Un desliz en la redacción de la norma permitirá que medio millar de patrimonios de más de 30 millones rebajen hasta un 80% el gravamen del Gobierno

El actual recurso se plantea porque el Gobierno autonómico considera que el impuesto vulnera los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad, y porque no está justificada su creación. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, protestaba en redes sociales por este tributo.

Además, añaden, tanto el procedimiento para aprobar el impuesto como la naturaleza del mismo «vulnera varios principios recogidos en la Constitución Española» porque «supone un atentado contra la autonomía regional para la gestión de los tributos cedidos», como es el caso de Patrimonio que en la Comunidad de Madrid está bonificado al cien por cien desde 2008.

Por otro lado, su aplicación tuvo efectos retroactivos para todo 2022, a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año. Esto supone, añaden, «un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, vulnerando el principio de seguridad jurídica».

Asimismo, creen que atenta contra los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución Española, que señalan que «se contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos en función a la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

En un principio, se trata de una tasa definida como temporal, inicialmente exigible para dos años, período para el cual se han determinado unos tipos imponibles «que son estimativos y presuponen una manifestación de riqueza ficticia, sin tener en cuenta los recursos del contribuyente», protestan en la Comunidad de Madrid.

Junto a ello, el Gobierno regional considera que no se ha justificado la creación del gravamen «al no existir una necesidad recaudatoria real, ya que se ha alcanzado cifra récord en estos momentos debida a la coyuntura económica y a la desmesurada presión fiscal que práctica la política Gobierno de España sobre los impuestos. De esta manera, se ha ignorado lo recogido en la Constitución Española en cuanto a la arbitrariedad de los poderes públicos».