El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia que absuelve a Medina y Luceño por el caso Mascarillas

Desde la Agencia para el Empleo de Puente de Vallecas, el alcalde ha reaccionado al fallo del caso mascarillas, en el que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño del delito de estafa agravada y falsedad en documento mercantil del que les acusaba la Fiscalía por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, por la que el consistorio desembolsó unos once millones de euros en productos casi inservibles, de los que seis millones de euros acabaron directamente en sus bolsillos.

En una sentencia notificada este miércoles, los magistrados de la Sección Séptima han condenado a Luceño a tres años de cárcel como autor de un delito contra la Hacienda Pública y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, además de indemnizar a la Agencia Tributaria con 1,3 millones. También lo condenan a otros ocho meses y una multa de 12.000 euros por delito de falsedad en documento oficial. Almeida ha destacado que aunque no sea penalmente punible, sí que es «éticamente reprobable» lo acontecido con Luceño y Medina, al margen de la valoración penal.

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«Si hubiera pretendido estafar, hubiera ofrecido los 26 artículos del cuadro de suministros. Hubiera ganado mucho más», ha afirmado el empresario

«Después de cinco años de instrucción, no hay ninguna sola conducta reprochable hacia nadie del ayuntamiento. No hubo ninguna cooperación por parte del consistorio, sino una preocupación por conseguir esas mascarillas que eran imprescindibles en aquel momento», ha apuntado el primer edil.

«En el Ayuntamiento de Madrid no hubo ningún Ábalos, no hubo ningún Koldo, ningún Ángel Víctor Torres. No hubo nadie que desde los gobiernos estuviera implicado en ningún tipo de trama de corrupción para la obtención de esas mascarillas. Después de cinco años le lanzo un mensaje a la izquierda: "que miren más a Koldo y a Ábalos que lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid"», ha arrojado el alcalde madrileño, a la vez que ha reiterado que «respetamos la resolución judicial, pero no la compartimos. Nuestra posición procesal es que hay un delito de estafa»

En relación al dinero, Almeida ha expresado que al cerrarse las puertas judiciales, es algo que «se complica»: «No voy a engañar a los madrileños diciéndoles que es un camino sencillo el de recuperar ese dinero. Si los jueces ven que no hay delito, tampoco hay responsabilidad civil».

Tras estas palabras, el alcalde ha expresado que «nadie del ayuntamiento tiene que soportar ningún tipo de responsabilidad», ha dejado claro que «en todo caso la responsabilidad es exclusivamente mía» y ha asegurado que respalda «a cualquier persona del ayuntamiento que en aquellos días tuvo que intervenir en cualquier proceso de adquisición de material sanitario, porque se hizo lo que se pudo para salvar vidas». «Si alguien quiere señalar a alguien del ayuntamiento, que me señale a mí», ha concluido.

La portavoz socialista, Reyes Maroto, también ha querido dejar claro que «respetamos la sentencia, pero no la compartimos», y ha indicado que «siempre hemos defendido que hubo un engaño de seis millones de euros a las arcas públicas».

«A lo largo de la instrucción hemos visto que el ayuntamiento ha arrastrado los pies, personándose tras los partidos políticos, y ha hecho una participación muy pasiva en todo el proceso judicial. Evaluamos personarnos en nuevos delitos detectados durante la causa como corrupción en negocios internacionales o prevaricación. Defenderemos los intereses de los madrileños y exigiremos la devolución del dinero estafado», ha expresado.

El pasado 11 de febrero, el aristócrata Luis Medina -hijo del difunto duque de Feria- y el comisionista Alberto Luceño se sentaron en el banquillo para abordar la venta de mascarillas, guantes de nitrilo y test rápidos, de la compañía malaya Leno Sdn Bhd, a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., El fiscal de Anticorrupción Luis Rodríguez Sol, a cargo de esta investigación, pedía penas de 15 años para Luceño por delitos de estafa agravada, falsedad y contra Hacienda y un total de nueve años de cárcel para Medina, en su caso por los dos primeros ilícitos, aunque llegó a estar imputado por alzamiento de bienes.

Hoy el Tribunal concluye que no resulta probado que Alberto Luceño y Luis Medina aseguraran a Elena Collado, la persona que llevó la negociación, que no cobrarían ningún tipo de comisión.