La Asamblea de Madrid aprueba otras ocho bajadas de impuestos, para adquirir vivienda y atraer inversión extranjera

Las dos leyes, con un incentivo fiscal para inversores extranjeros -conocido como 'Ley Mbappé'- y deducciones para aquellos que se trasladen a pequeños pueblos, entrarán en vigor próximamente con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y podrán ser aplicadas por los declarantes que cumplan los requisitos en la campaña de la Renta 2024 que se presentará durante el próximo año.

Estas ocho nuevas bajadas de impuestos se suman a las 21 impulsadas por el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y que han generado un ahorro fiscal a los madrileños superior a los 31.300 millones de euros, según fuentes de la Comunidad de Madrid, que presumen, además de que esta es la única región de España sin tributos propios y la que tiene la fiscalidad más baja de todo el país.

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Al margen de estas dos leyes que han obtenido la luz verde definitiva en el Pleno de la Asamblea, los Presupuestos regionales de 2025, que están ya en el Parlamento regional para su tramitación, debate y votación, incluyen una nueva bonificación del cien por cien en Transmisiones Patrimoniales, para inmuebles de segunda mano, y en Actos Jurídicos Documentados para los de obra nueva, dirigida a aquellos afectados de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares que adquieran un inmueble que sustituya al dañado.

Con la nueva rebaja en el IRPF aprobada este jueves en la Asamblea, se intentar atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero. Será del 20 por ciento de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Será aplicable a los cambios de residencia en vigor desde el propio ejercicio 2024. Para acogerse, se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años.

Para tener derecho a esa rebaja el declarante deberá fijar su residencia fiscal en la región y no puede haberlo sido en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación. Además, y entre otras limitaciones, no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El beneficiario tampoco puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones.

La segunda ley aprobada, de medidas fiscales con el fin de favorecer el acceso a la vivienda y el cambio de residencia a municipios en riesgo de despoblación, incluyen cinco deducciones en el IRPF. La primera de ellas supondrá un ahorro de 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse 20 millones de euros, según la estimación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Otra pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Esta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Se estima que alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones.

Además, se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años. Con esta medida, se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, generando un alivio fiscal de 50 millones de euros anuales.

Y para combatir la despoblación de los municipios rurales (con menos de 2.500 habitantes), y para ayudar a los menores de 35 años a que cambien allí su residencia habitual, podrán deducirse 1.000 euros, independientemente de que compren o alquilen una vivienda. Además, se podrán deducir el 10 por ciento del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales. En este caso se calcula puedan beneficiarse unos 1.200 ciudadanos con un ahorro de 1,6 millones.

A ello podrán sumar una bonificación adicional del cien por cien en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para nueva. El impacto previsto es de 7 millones de euros en ahorro para los madrileños.

Las deducciones aprobadas hoy en Asamblea son, por tanto, estas:

1- Deducción de 1.000 euros en el IRPF por el arrendamiento de viviendas vacías que se podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años.

2- Deducción de hasta 300 en el IRPF para amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por

la subida de tipos tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, siempre que se trate de la vivienda habitual.

3- Se amplía la deducción en el IRPF por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años.

4- Deducción de 1.000 euros en el IRPF para menores de 35 años que trasladen su residencia habitual a un municipio rural (con menos de 2.500 habitantes), independientemente de que compren o alquilen una vivienda.

5- Además, podrán deducirse en el IRPF el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales.

6- Además, podrán sumar una bonificación adicional del 100% en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano.

7- En el caso de que sea vivienda nueva, también podrán sumar una bonificación adicional del 100% en Actos Jurídicos Documentados (AJD)

8- Deducción del 20% en el IRPF para nuevos contribuyentes procedentes del extranjero que inviertan en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Para acogerse, se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años.