El alcalde socialista de Galapagar, a juicio por acoso laboral a la secretaria general del Ayuntamiento
Tanto el regidor (que opta a la reelección este domingo) como el primer teniente de alcalde, de Ciudadanos; la segunda teniende de alcalde, y el gerente de Servicios Generales se enfrentan a un año de cárcel cada uno
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Alberto Gómez Martín (PSOE), alcalde de Galapagar desde 2019 y candidato a la reelección para los comicios de este domingo, se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por un presunto delito de acoso laboral a la secretaria general técnica del Ayuntamiento, uno de los cargos más delicados de los consistorios, pues tiene que dar el visto bueno, entre otras cosas, a adjudicaciones y gastos presupuestarios, entre otros.
En el auto, al que ha tenido acceso ABC, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba cierra el sumario y, a petición de la Fiscalía, envía el caso a juicio. Tanto el regidor como los otros tres encausados, se enfrentan a una pena de un año de cárcel e inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena. La acusación particular eleva la petición de pena a dos años de cárcel y de inhabilitación.
Además, deberán, en caso de ser condenados, pagar solidariamente a la denunciante un total de 11.820,99 euros en concepto de indemnización por daños morales.
Además del regidor, serán juzgados el gerente de Servicios Generales del Consistorio, Alfonso Garza; Felipe García Escobar (de Ciudadanos y primer teniende de alcalde), portavoz del Gobierno y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, entre otras áreas; y Rosa María Encuentra, segunda teniente de alcalde, edil de Cultura, Educación, Recursos Humanos y Régimen Interior.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, en poder también de este periódico, la secretaria municipal, en el cargo desde 2019, denunció presiones por parte de Gómez, Garza y García Escobar para que dejara el puesto, al tener más de 65 años. La mujer indicó que ella quería seguir hasta cumplir los 70; «siendo la reacción» de los acusados «realizar desconsideraciones morales, comentarios vejatorios y degradantes« contra ella.
Le recriminaron que «no cumplía sus funciones, el retraso en la emisión de informes, así como su carácter insuficiente». También asegura que la obligaban a trabajar de manera presencial pese a encontrarse en la época de la pandemia de Covid.
Eso ocurrió el 11 de febrero de 2021. Con anterioridad y con el cambio de gobierno municipal, la denunciante asegura que «fue objeto por parte de los acusados de continuas injerencias en sus tareas municipales, solicitándole funcionas no propias de su cargo, aumentando el volumen de trabajo». El Ministerio Público habla de «continuas presiones, injerencias, desconsideraciones personales y profesionales, con el objetivo de que renunciase a la prórroga en el servicio activo» en su puesto de secretaria municipal.
El 9 de abril de 2021, la edil de Recursos Humanos, Rosa María Encuentra, ordenó que se la revocara del puesto. El 15 de abril, la denunciante sufrió unan crisis de ansiedad. Acudió al centro de salud, donde el psicólogo le dio la baja por enfermedad (trastorno adaptativo con ansiedad como respuesta al acoso laboral vivido.
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