Los vecinos fantasma que dejó el caso del pucherazo de La Acebeda

El origen de este presunto «pucherazo», como lo definen los vecinos, remite a los últimos comicios locales. Fue a las puertas de las elecciones cuando se dieron cuenta, casi por casualidad, de que sus nombres ya no figuraban en el padrón, aunque no habían recibido ninguna comunicación ni ordenado este extremo. «Un chaval del pueblo se acercó para un certificado en el bono de la luz y le dijeron que no estaba. Así nos dimos cuenta de que el resto tampoco, pero nadie nos dio ninguna explicación», explica a ABC Jacinto Isabel, uno de los residentes fuera del censo. La maniobra ya estaba hecha.

La alcaldesa, que ganó en 2015 bajo las siglas del PP y cuatro años después se pasó a Ciudadanos, eliminó del padrón a un total de 15 personas por supuesta inclusión indebida; según arguyó entonces el Ayuntamiento, porque no vivían en la localidad . Al mismo tiempo, incorporó a otras 31, mayoritariamente en un camping del municipio, cerrado y sin actividad desde 2017 . En una zona donde la población baja cada año, ejemplo de la despoblación en la región, La Acebeda experimentó un crecimiento exponencial del censo.

Las aparentes irregularidades fueron denunciadas por los perjudicados, que detallaron la incorporación de 17 nuevos nombres en los bungalós de este área recreativa, además de diez familiares de la alcaldesa y otros cuatro conocidos, con casa en este pueblo de la sierra norte. «Lo que hizo fue decir: os cedo el camping y me votáis. Y así fue», declara su predecesor, Adolfo Hernán (PP), también eliminado.

A la querella presentada por siete de los desempadronados se sumó la de la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación penal por la comisión de un presunto fraude electoral, tras recibir la documentación de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que daba cuenta de que las conductas de la regidora podían incurrir en este delito.

Pero Rosa ganó las elecciones . Ninguna de las denuncias tuvo efecto en la votación y se impuso por un estrecho margen, casualmente con un papel definitivo de la participación por correo. Después de que el Juzgado de Torrelaguna citara en calidad de investigada a la alcaldesa y al secretario del Consistorio, la gran esperanza de los vecinos era la actuación de la Justicia, pero el Covid-19 trastocó todo y aplazó su comparecencia. No será hasta dentro de más de un mes cuando la regidora se explique ante el juez.

Este tiempo no ha hecho sino multiplicar la rabia y la desesperación de los damnificados, confiados en que todo se resolvería mucho antes. «Es una indefensión total y nadie hace nada , parece que el sistema no funciona», valora Jacinto. No pudieron votar en las elecciones generales de noviembre de 2019 y han tenido que posponer gestiones o trámites administrativos hasta nueva orden, además de estar excluidos para cualquier prestación. «Miré unas ayudas de la compañía eléctrica, pero sin certificado de empadronamiento no puedo; pedí un recurso de reposición en el Ayuntamiento y me dijeron que ya había agotado todas las vías. Llevo desde junio para que me den una respuesta», lamenta Isabel Espinosa, responsable de un bar y residente de la localidad, junto a su madre, de 93 años.

De los quince vecinos que fueron dados de baja, once siguen en la misma situación. Dos se empadronaron en Madrid capital y otros dos lo tuvieron que hacer forzosamente en otro municipio para entrar en un centro de mayores. Preguntados por qué no hacen lo mismo, habida cuenta de que la legislación lo permite, las respuestas son dispares. Isabel no lo hace porque no tiene otra vivienda y es imposible, mientras que otros, como Jacinto, porque insisten en que viven allí y es lo que marca la norma. «Es mi pueblo, nací aquí y vivo aquí» , añade Josefa Sanz, propietaria de dos alojamientos rurales en La Acebeda. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con García Blanco para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta. Desde Ciudadanos sostienen que «respetan el proceso judicial en curso» y esperan que la alcaldesa «pueda dar su versión de los hechos».

La justificación de inclusión indebida no convence a nadie. «Cómo puede decir que no vivo aquí, si me trajo mascarillas a mi casa durante el confinamiento... », declara Jacinto, afincado en el lugar desde 2016, cuando arregló la vivienda de su padre. La dueña del bar cree que detrás de todo está el interés electoral: «Sabía que no la íbamos a votar». Fuentes de la Fiscalía explicaron a ABC que la última de las diligencias de la investigación se centraba en la geolocalización de los empadronados dudosos, a través de su teléfono móvil. La conclusión es que sí vivían allí. «Queremos que se vuelvan a repetir las elecciones y con el padrón de entonces», apunta Hernán.

Sea como fuere, lo cierto es que la situación ha generado una tensión casi insostenible, con los vecinos enfrentados a la alcaldesa. «No se puede hablar con ella, no atiende a nadie», relata Josefa. El sentir generalizado es que García Blanco tiene una actitud altiva, muy alejada de las necesidades reales del pueblo. Tampoco las peticiones del único edil de la oposición, Javier Pérez (PP), tienen gran efecto: «No da explicaciones de nada».